Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

 

NOTA: desde finales de agosto de 2021, está página ha dejado de ser la OFICIAL de la As. Galega de Pais e Nais Separados, pasando a ser gestionada y soportada por un grupo INDEPENDIENTE de padres y madres separados

 

 Confederación Estatal de Padres y Madres Separados CONPAPÁYMAMÁ

 

Nos separamos de nuestras parejas.
¡NO QUEREMOS QUE NOS SEPAREN DE NUESTROS HIJOS!

¡¡CUSTODIA COMPARTIDA YA!!

 

 

 

 

 

Colaboran Profesionales concertados:

MEDIACIÓN FAMILIAR

Gabinete Psicológico "SEIVA" (mediador familiar registrado en Xunta de Galicia , terapia de pareja)

Tf 981.224.961

MASTER EN TERAPIA DE CONDUCTA

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Bufete de Abogados de D. Ignacio Bermúdez de Castro

Tf 981209794

 

 

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Lista de Profesionales concertados

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Todos ellos están de acuerdo con nuestros planteamientos y singularmente con la CUSTODIA COMPARTIDA

condenada por denuncia falsa y abuso Ley V.G.

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Id Cendoj: 24089370032020100260 Órgano: Audiencia Provincial Sede: León Sección: 3 Fecha: 27/07/2020 Nº de Recurso: 66/2018 Nº de Resolución: 267/2020 Procedimiento: Procedimiento abreviado Ponente: LORENZO ALVAREZ DE TOLEDO QUINTANA Tipo de Resolución: Sentencia AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3LEON SENTENCIA: 00267/2020 UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO C/ EL CID, 20, LEÓN Teléfono: Correo electrónico: scop.seccion2.leon@justicia.es Equipo/usuario: AGC Modelo: N85850 N.I.G.: 24115 41 2 2016 0005819 PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000066 /2018 Delito: ACUSACIÓN O DENUNCIA FALSA

F A L L O CONDENAMOS a Doña A.       como autora criminalmente responsable de dos DELITOS DE SIMULACIÓN DE DELITO ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DIEZ MESES DE MULTA con una cuota diaria de cuatro euros (4 €), con responsabilidad personal subsidiaria por cada dos cuotas que quedasen sin pagar por su insolvencia, por cada una de dichas infracciones penales. CONDENAMOS a Doña A....... como autora criminalmente responsable de un DELITO DE DETENCIONES ILEGALES DEL ART. 163.1 Y 3 DEL CÓDIGO PENAL, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio durante el cumplimento de esta pena. CONDENAMOS a Doña A....... como autora criminalmente responsable de un DELITO DE DETENCIONES ILEGALES DEL ART. 163.1 DE CÓDIGO PENAL, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio durante el cumplimento de esta pena. CONDENAMOS a Don F........ como cómplice criminalmente responsable de un DELITO DE SIMULACIÓN DE DELITO, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de CUATRO MESES DE MULTA con una cuota diaria de diez euros (10 €) con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas que dejase de pagar por insolvencia. CONDENAMOS a Don F........ como cómplice criminalmente responsable de un DELITO DE SIMULACIÓN DE DELITO, con la concurrencia de la atenuante de confesión de la infracción a las autoridades, a la pena de TRES MESES DE MULTA con una cuota diaria de diez euros (10 €) con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas que dejase de pagar por insolvencia. ABSOLVEMOS A DON F........ de los restantes delitos que se le han imputado en este proceso. CONDENAMOS A Doña A....... a indemnizar a Don Faustino en la cantidad de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000 €). Dicha suma devengará el interés legal incrementado en dos puntos, desde la fecha de esta sentencia hasta el total abono de su importe al perjudicado. De dicha suma responderá subsidiariamente, en caso de resultar insolvente la señora A….. , el acusado Don F…. , hasta el límite de DIEZ MIL EUROS (10.000 €) con sus interés calculados de la misma forma. CONDENAMOS A DOÑA A....... al pago de la mitad de las costas del proceso, y la totalidad de las COSTAS DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR. 59 JURISPRUDENCIA CONDENAMOS A DON F........ al pago de una cuarta parte de las costas de este proceso y, como obligado solidario junto con Doña A…….. , al pago de LA MITAD DE LAS COSTAS CAUSADAS A LA ACUSACIÓN PARTICULAR. Notifíquese esta Sentencia a las partes personadas, así como a los ofendidos y perjudicados por el delito, aunque no se hayan mostrado parte en esta causa, a los que se hará saber que, contra la presente Sentencia puede interponerse RECURSO DE APELACIÓN ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a formalizar en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente a la fecha de su última notificación, a formalizar ante esta Audiencia Provincial. Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes

DIVORCIO E I.R.P.F.

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DIVORCIO  E   I.R.P.F.

Antonio M. Díaz Piñeiro,

 

La desigualdad impositiva, en caso de divorcio, se ha paliado algo desde el año 1997, ya que hasta entonces se daba la aberrante circunstancia de que el progenitor no custodio, que no habitaba el hogar familiar debía seguir pagando la hipoteca y no podía desgravar por ella al no constituir su residencia habitual. Tampoco podía desgravar la hipoteca de la vivienda que habitaba si podía comprarla (¿?¡)

Respecto de esta cuestión, la Dirección General de Tributos ha manifestado su criterio para los siguientes casos:

·          No hay hijos, y la vivienda sigue siendo la residencia habitual exclusivamente del cónyuge. No se pierde el derecho a la deducción por haberse adjudicado el uso de la vivienda al otro cónyuge, siempre que ambos mantengan su porcentaje de propiedad y sigan haciendo frente a las obligaciones de pago que les correspondan.

·         Los hijos son mayores de edad o han obtenido rentas durante el período impositivo. Ocurre lo mismo que en el caso anterior.

·         El contribuyente resulta obligado por el convenio regulador del divorcio a pagar el  total de las cuotas del préstamo hipotecario, aunque sólo sea propietario del 50% de la vivienda. Las cantidades pagadas sólo serán deducibles en la parte que corresponda a la titularidad del contribuyente, en este caso el 50%.

·         Un contribuyente casado que, sin que haya separación judicial o divorcio, se cambia de vivienda, produciéndose exclusivamente una separación de hecho. En este caso, al no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos en la ley (nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial), no se tendrá derecho a la deducción.

 

 

La aplicación de la desgravación a ambos progenitores por declaración conjunta sólo resultaría posible si, habiendo más de un hijo, se “reparten” entre los progenitores, ya que cada persona sólo puede formar parte de una unidad familiar

Esther Vidal Falcó nos ilustra:

Aquellos contribuyentes que estén separados/divorciados legalmente deberán tener en cuenta una serie de particularidades cuando estén preparando su declaración del IRPF en cuanto a la modalidad de tributación (individual vs. conjunta), a la aplicación del mínimo por descendientes, al tratamiento de las pensiones compensatorias en favor del cónyuge y a las anualidades por alimentos en favor de los hijos.

 Tributación conjunta. La Ley del IRPF establece que en los casos de separación legal la unidad familiar formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro podrán optar por tributar conjuntamente y aplicarse una reducción a la base imponible de 2.150 euros, sin que los hijos puedan formar parte de las dos unidades familiares al mismo tiempo. A este respecto, la Dirección General de Tributos (DGT) ha interpretado que la opción por la tributación conjunta corresponderá al padre o a la madre que tenga atribuida la guardia y custodia de los hijos a la fecha de devengo del impuesto (31 de diciembre), al tratarse del progenitor que convive con aquéllos, y con independencia del régimen de visitas que tengan pactado. En el caso de que la guarda y custodia sea compartida, la DGT ha interpretado que la referida opción puede ejercitarla cualquiera de los dos progenitores, si bien serán los propios progenitores quienes tendrán que decidir a quién le corresponde tal derecho.

NOTA propia: (otro elemento para propiciar disputas)

Mínimo por descendientes. A efectos de la aplicación del mínimo por descendientes la Ley del IRPF exige que los hijos tengan que convivir con el contribuyente, por lo que también será determinante a qué progenitor se le atribuye la guardia y custodia de los hijos. En el caso de que la guarda y custodia sea compartida, la DGT ha interpretado que el mínimo por descendientes se prorrateará a partes iguales entre los dos progenitores.

Aquí hay que puntualizar que lo lógico y adecuado al principio impositivo de contribuir según la renta disponible sería que el impuesto lo pagase la unidad familiar que recibe ese ingreso y no el que no puede disponer de esa renta.

Anualidades por alimentos a favor de los hijos satisfechas por decisión judicial. La Ley del IRPF establece que se aplicará la escala de gravamen de forma separada al importe de las anualidades por alimentos y al resto de la base liquidable general cuando el importe de dichas anualidades sea inferior a la base liquidable general (reduciendo de ese modo la progresividad del impuesto), y de la cuantía total resultante, se minorará la cuota correspondiente al mínimo personal y familiar incrementado en 1.600 euros. A este respecto, la DGT ha interpretado que este tratamiento de las anualidades sólo resulta aplicable cuando los progenitores no tengan derecho a aplicar el mínimo por descendientes antes comentado, aunque sea por el importe prorrateado, y teniendo en cuenta que la aplicación del citado mínimo prevalecerá sobre la aplicación de la escala de gravamen a las anualidades.


Aquí hay que puntualizar que lo lógico y adecuado al principio impositivo de contribuir según la renta disponible sería que el impuesto lo pagase la unidad familiar que recibe ese ingreso y no el que no puede disponer de esa renta.

Pensiones compensatorias a favor del cónyuge. La Ley del IRPF establece que las pensiones compensatorias satisfechas por uno de los cónyuges al otro, que haya sido fijada en la resolución judicial o lo hayan acordado los cónyuges en el convenio regulador de la separación o divorcio aprobado judicialmente, podrán ser objeto de reducción

En la tabla siguiente, con supuestos de tributación confeccionados con el programa PADRE de la AEAT para ingresos idénticos de una pareja divorciada puede apreciarse la diferencia impositiva, cuya injusticia es patente aún cuando la Custodia sea Compartida.

 

 



Últimas entradas

Informe ICEBERG

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Presentado por un grupo independiente de padres separados en la comparecencia celebrada el dÌa 25 de junio de 2001 ante la ComisiÛn Mixta de los Derechos de la Mujer del Senado de EspaÒa, como contribuciÛn a la Ponencia para la ErradicaciÛn de la Violencia DomÈstica 

Presentado por un grupo independiente de padres separados en la comparecencia celebrada el día 25 de junio de 2001 ante la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del Senado de España, como contribución a la Ponencia para la Erradicación de la Violencia Doméstica

ÍNDICE DE DOCUMENTOS Y ANEXOS

  • Presentación y principales conclusiones
  • Esquema general del informe
  • No hay ningún estudio en España que permita conocer las causas ni el alcance real de la violencia doméstica
    Anexo 1
    Anexo 1bis
    Anexo 2
    Anexo 2bis
    Anexo 3
  • Se está legislando "a ciegas", sin datos objetivos y, por lo tanto, de espaldas a la realidad
    Anexo 4
    Anexo 5
    Anexo 6
  • Estudios de otros países ponen de manifiesto niveles similares de violencia en ambos miembros de la pareja
    Anexo 7
    Anexo 8
    Anexo 9
    Anexo 10
    Anexo 11
    Anexo 12
    Anexo 13
    Anexo 14
    Anexo 15
    Anexo 31*
    Anexo 33*
 
  •  
  • Existe un enorme foco de violencia doméstica (deliberadamente ignorado) en los casos de separación y divorcio
  • Otras formas de violencia que vulneran la legalidad vigente
    Anexo 16
  • Datos sobre malos tratos a niños (según los distintos entornos familiares y perpetradores)
    Anexo 17
    Anexo 18
    Anexo 19
    Anexo 20
    Anexo 21
    Anexo 22
  • Datos sociológicos sobre consecuencias para otras víctimas
    Anexo 23
    Anexo 24
    Anexo 25
  • Violencia en el proceso de separación en hombres y mujeres
    Anexo 26
  • Ampliaciones (anexos añadidos con posterioridad a la presentación del informe)
  • Datos sobre falsas denuncias en los conflictos de pareja
    Anexo 27*
    Anexo 28*
    Anexo 29*
  • Aberraciones científicas
    Anexo 30*
    Anexo 32*
    [Nota. Los anexos siguientes al anexo 26, marcados con asterisco, se han incorporado con posterioridad a la presentación del informe en el Senado]
     
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Un joven pierde una pensión alimenticia de 350 euros mensuales por ser un mal estudiante

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https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2021/11/24/joven-pierde-pension-alimenticia-350-euros-mensuales-mal-estudiante/00031637777336652411963.htm

 
 Una jueza de Laviana exime al padre porque considera que no tiene el deber de mantenerle «indefinidamente»
25 nov 2021 . Actualizado a las 11:28 h.Comentar · 7

Una jueza de Laviana ha eximido a un padre de abonar la pensión alimenticia de 350 euros mensuales a su hijo de 23 años porque considera que no tiene el deber de mantenerle «indefinidamente» porque sea un mal estudiante y a su edad no tenga interés en formarse laboral o académicamente. 

El abogado Alfredo García Montes, que representa al padre, promovió el pasado 29 de marzo una demanda de modificación de las medidas adoptadas en el procedimiento de divorcio por las que el demandante debía pasar una pensión compensatoria de 450 euros a su exmujer y de 350 euros a su hijo de 23 años con el que no tenía relación paternofilial.

El pasado día 10 de noviembre se celebró el juicio ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Laviana, que ha dado la razón al padre y ha revocado el pago de ambas pensiones. En la vista oral, el padre solicitó recuperar el domicilio conyugal y dejar de abonar la pensión compensatoria al haber conocido que, desde el mes de octubre de 2019, su exesposa convivía en esa vivienda con su hijo de forma estable y continua junto a una nueva pareja.

Además, tampoco le consta que a su edad se haya apuntado al Servicio Público de Empleo del Principado (SEPEPA) como demandante de empleo para tratar de incorporarse al mercado laboral y conseguir así una independencia económica. La resolución concede el uso de la vivienda conyugal a la exmujer, que podrá seguir residiendo como hasta ahora en la misma vivienda junto a su nueva pareja y al hijo del demandante. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Asturias, informa Efe.

n la demanda pedía igualmente que se extinguiera la pensión de alimentos establecida a favor de su hijo al ser mayor de edad y no constarle que estuviera desarrollando actividad laboral alguna, ni estudiando.
Además, tampoco le consta que a su edad se haya apuntado al Servicio Público de Empleo del Principado (SEPEPA) como demandante de empleo para tratar de incorporarse al mercado laboral y conseguir así una independencia económica. La resolución concede el uso de la vivienda conyugal a la exmujer, que podrá seguir residiendo como hasta ahora en la misma vivienda junto a su nueva pareja y al hijo del demandante. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Asturias, informa Efe.

 

 

 

La defensa de la madre y el hijo, por el contrario, admitía la retirada de la pensión compensatoria, pero pedía el mantenimiento de la pensión alimenticia para el hijo porque alegaba que, aunque a sus 23 años no había podido incorporarse al mercado laboral, seguía formándose académicamente. El hijo alegaba que había estudiado sendos ciclos formativos de grado medio en Microinformática y actualmente estaba pendiente de matricularse en un ciclo formativo de grado superior en Edificación y Obra Civil.

Sin embargo, la jueza no ha dado credibilidad a la versión del joven y, en la sentencia subraya que no consta que esté realizando una formación «aprovechable». Por tanto, le revoca la concesión de la pensión alimenticia porque estima que su padre no puede seguir manteniéndole «indefinidamente» por el hecho de que sea «mal estudiante».

 

Ignacio Bermúdez de Castro

 

Además, tampoco le consta que a su edad se haya apuntado al Servicio Público de Empleo del Principado (SEPEPA) como demandante de empleo para tratar de incorporarse al mercado laboral y conseguir así una independencia económica. La resolución concede el uso de la vivienda conyugal a la exmujer, que podrá seguir residiendo como hasta ahora en la misma vivienda junto a su nueva pareja y al hijo del demandante. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Asturias, informa Efe.

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2021/11/24/joven-pierde-pension-alimenticia-350-euros-mensuales-mal-estudiante/00031637777336652411963.htm

 
 

25 años de lucha

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Hemos conseguido muchos avances. Pero queda nucho por hacer.

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Mi mujer me maltrata lo normal

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https://confilegal.com/20211116-mi-mujer-me-maltrata-lo-normal/

(la violencia no tiene género, aunque gramaticalmente la palabra sea del género femenino)

Hace unos días recibí otra llamada de un hombre maltratado con miedo a que su mujer le ponga una denuncia falsa, como una forma más de maltrato del que es objeto.Sabemos por estudios oficiales, como el del Emakunde de 1999, que la violencia sobre la mujer se incrementa o surge, cuando piensa en el divorcio o la separación como salida a una relación insatisfactoria o violenta.

Sabemos desde los años 80 que las denuncias de violencia sobre la mujer son, en su mayoría, provocadas por un contexto de desacuerdos y enfrentamientos justo antes o durante el proceso de divorcio o separación (violencia puntual). Sabemos por datos del Consejo General del Poder Judicial que los casos graves de violencia sobre la mujer (maltrato habitual o maltrato grave) son apenas un 2 % de las condenas.

Hoy día, sabemos que la mayoría de las denuncias se producen por discusiones en la pareja justo cuando deciden separarse. La lucha por el control del espacio (vivienda familiar), el tiempo (custodias de los hijos) y de la economía (dinero de pensión), son las fuentes a tener en cuenta como engendro de que el conflicto se convierta en violencia.

Hay parejas que se quieren y que se perdonan. Pueden pelearse y decir cosas terribles o insultarse mutuamente sin que tenga ninguna trascendencia legal.

Pero si esto ocurre en un contexto de divorcio y se denuncia, se convierte delito. Sobre todo, será delito para los hombres. La práctica judicial diaria así nos lo dice. Y quien niegue esto, es simplemente un mentiroso o un desinformado.        

Cuando desde el Estado se promulgan leyes y se ponen en práctica actos discriminatorios contra una parte de la ciudadanía, esta parte de la sociedad suele esconderse (judíos en Alemania o mujeres en Afganistán), suelen pasarse a la clandestinidad (Los partisanos de La Résistance), o suelen pasar a la disidencia política (Nelson Mandela, Luther King, Gandhi, etc.)

Una mayoría suele intentar pasar desapercibida entre todos nosotros. Una mayoría que tiene miedo a expresar sus ideas, a decir lo que piensa e, incluso los más, suelen mirar hacia otro lado. Como cuando en España durante la dictadura, iba la guardia civil a detener al vecino del primero y el resto de vecinos no hacían nada. Se quedaban aliviados por no ser ellos los detenidos o denunciados.

Hasta finales del siglo XX, en este país, cuando una persona o miembro de las FCSE tenía conocimiento de que una mujer era agredida por su pareja, no se hacía nada con trascendencia penal.

Hoy hemos logrado tener una conciencia social de todo esto, a base de gastarse millones de euros cada año en un bombardeo político y mediático sin precedentes en nuestra democracia.

Los programas de prevención de accidentes de tráfico, prevención del suicidio, de accidentes en el trabajo o de enfermedades graves, sumados todos ellos, apenas representan el 3 % de la inversión en políticas sobre prevención de la violencia que sufren las mujeres.

No voy a decir nada nuevo cuando digo que se han creado tantos recursos sociales, institucionales, judiciales y políticos para esto, que si la administración de Justicia hubiera tenido un incremento sólo de la mitad de aquéllos, hoy habría en España cerca de 50.000 juzgados. Algo totalmente inusitado y exagerado.

LOS HOMBRES VIVEN CON MIEDO

Tras la implantación de la ideología de género en torno a la loable lucha contra la violencia que sufren las mujeres, hemos pasado al siguiente nivel: la aniquilación social de la masculinidad y de los hombres. Y es un debate que está en la calle, pese a quien le pese.

Por eso, en España, ahora los hombres viven con miedo.

Jóvenes que tienen miedo a tener una relación seria con una chica, hombres que son maltratados en casa por su mujer y tienen miedo a denunciar, porque les dirán en comisaría que si llaman a su mujer y ésta les dice que él la maltrata, sólo con la palabra de ella, serán detenidos.

Sabemos que en los contextos familiares se da el maltrato, pero lo que se está ocultando a la mayoría de la población es que hoy en España la mayoría de personas que sufren en silencio malos tratos en el ámbito doméstico, son los hombres y los niños.

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Y los pocos datos que poseemos ahora, son sólo la punta del iceberg

Ya desde los años 80 y los magníficos estudios realizados por Erin Pizzey o Deborah Capaldi, sabemos que en la violencia íntima en la pareja (IPV) se dan factores de riesgo en ambos sexos, pero no se habla apenas de que son las mujeres las que, en mayor medida, inician el maltrato hacia sus parejas.

En España no se ha querido hacer ningún estudio en las casas de acogida a mujeres que dijeron ser víctimas de malos tratos, pero en Reino Unido, Erin Pizzey hizo un estudio muy revelador[i].

Casi el 70 % de las mujeres que estaban en casas de acogida habían comenzado a usar la violencia en la pareja. Y la violencia del varón era la respuesta a aquélla inicial violencia de la mujer. Casi el 70 % de los casos.

La Doctora Capaldi fue mucho más lejos en sus investigaciones y descubrió que las mujeres agresoras y agresivas (maltratadoras), eran mucho más proclives a sufrir malos tratos de sus parejas como respuesta a la violencia que ejercían de ellas[ii].

¿Cuántas veces vemos en los Juzgados a hombres acusados de malos tratos basar su defensa en que ellos usaron la legítima defensa ante las agresiones que sufrían por parte de sus parejas, incluso de violencia habitual?

Pues los pocos estudios que hay sobre ello nos dicen que esto es más habitual de lo que pensamos. Casi un 70 % de los casos de IPV.

De hecho, hemos detectado a través de datos aportados por asociaciones como Genmad (Madrid) y Justicia de Género (Barcelona), que muchas mujeres maltratadoras utilizan la denuncia de malos tratos como una forma se seguir maltratando (de otra manera) a su “víctima y pareja o ex pareja”.

En los cuatro últimos años hemos visto un incremento de casos de mujeres maltratadoras que usan a los hijos como herramienta legal y judicial para seguir maltratando a sus parejas o ex parejas.

Sobre todo, cuando el hombre tiene nueva pareja o la causa del divorcio fue la infidelidad del hombre.

Como regla general, los hombres tienden a no denunciar la violencia de sus parejas femeninas contra ellos. Por el contrario, las mujeres tienden a denunciar tanto la violencia de los hombres contra ellas como su propia violencia, como si ellas la sufrieran mediante el mecanismo de la proyección y argumentando defensa propia.

Y no lo digo yo, sino un estudio longitudinal de IPV realizado por el OYS de Oregón, bajo la dirección de Deborah Capaldi, que encontró los mismos datos [iii] y [iv].

Ya en España, tenemos varias decenas de estudios que muestran que la violencia de género (la que se ejerce sobre la mujer por considerarla inferior) se da en muy pocos casos y que la inmensa mayoría de casos de IPV tienen una causa bidirediccional. Un alto porcentaje de casos de violencia en la pareja la inicia la mujer. Así lo acreditan los estudios sobre percepción de la violencia V. de Miguel [v] o el de violencia íntima en la pareja Dunedin [vi].

Pero lo que más me llama la atención, es que sólo se hacen estudios y encuestas a las mujeres, pero casi nunca se hacen encuestas a los hombres que sufren violencia por parte de sus parejas.

Uno de los pocos casos que hay es el estudio del Dr. Chapado de la Universidad de Málaga, en cuya encuesta ha utilizado las mismas preguntas que las macroencuestas que hace el ministerio a las mujeres sobre la violencia en la pareja.

El Dr. Chapado introdujo en su encuesta una diferencia llamativa con respecto a las preguntas que hace el gobierno. Y es la posibilidad de contestar que no a algunas preguntas, ya que en las encuestas oficiales no existe la posibilidad de contestar negativamente estas.

Así ocurre en la actual encuesta que está haciendo la universidad de Granada[vii]. Por ello, tanto las macroencuestas del gobierno como ésta última de la Universidad de Granada tienen unos resultados muy sesgados y manipulados.   

Y el resultado ha sido más que sorprendente. A las mismas preguntas los hombres contestan mucho más haber sufrido IPV que las mujeres que contestan a las macroencuestas oficiales[viii].

Así, el 42 % de los hombres dijeron sufrir o haber sufrido maltrato psicológico en su pareja, un 37 % dijeron sufrir terror (miedo) a su pareja o ex pareja y un 16 % sufrían o habían sufrido malos tratos físicos de su pareja o ex pareja.

En términos medios, en total un 45 % de los hombres encuestados dijeron sufrir o haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o ex pareja.

Un grave problema social que a nadie parece interesar.

Pues eso es lo que está pasando en nuestro país ahora. Miles de hombres sufren malos tratos en silencio, como los demócratas en los mejores tiempos de la dictadura.

Otro día hablaremos sobre la diferencia entre sufrir malos tratos con la percepción que tiene cada persona de sufrirlos y de cómo se está usando el mundo de la percepción y no el de la realidad, como forma de construir estadísticas oficiales y falsas de malos tratos a mujeres en España.

Condenada a prisión permanente revisable la madre que mató a su hijo en Huércal de Almería

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Condenada a prisión permanente revisable la madre que mató a su hijo en Huércal de Almería


La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a prisión permanente revisable a Ana María B.L. por el asesinato de su hijo Sergio, de siete años, en su domicilio de Huércal de Almería (Almería) en octubre de 2019 conforme al veredicto dictado por un jurado popular, el cual determinó que, en el momento de los hechos, la mujer se encontraba en "plenas facultades" mentales conforme a los informes médicos estudiados, el informe realizado por los peritos psiquiatras presentados por la fami ...

Leer más: https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-prision-permanente-revisable-madre-mato-hijo-huercal-almeria-20210409115549.html

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Extinción pensión de alimentos

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Una Juez extingue la pensión de alimentos al hijo mayor de edad que llegó a cambiarse el orden sus apellidos

 

Al día siguiente de cumplir la mayoría de edad, el hijo decidió cambiarse el orden de sus apellidos (primero el de la madre y después el del padre)

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/una-juez-extingue-la-pension-de-alimentos-al-hijo-mayor-de-edad-que-llego-a-cambiarse-el-orden-sus-apellidos/

Un Juzgado de Primera Instancia de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha extinguido la pensión alimenticia de 1.000 euros establecida a favor del hijo de 20 años por la nula relación con su padre. De hecho, reflejo de lo anterior es que el hijo, al cumplir los 18 años y por voluntad propia, acudió al Registro Civil para modificar el orden de sus apellidos, ya que el de su padre “le traía malos recuerdos”.

Según se desprende de la sentencia de 4 de mayo de 2021, “ha quedado probado que no mantienen contacto desde hace 9 años y que no hay voluntad alguna por parte del hijo en que dicha situación cambie, no pudiendo achacarse al padre en modo alguno la inexistencia de dicha relación”.

Posición de las partes

La representación procesal del padre solicita la extinción de la pensión de alimentos de 1.000 euros establecida en virtud de sentencia a favor del hijo, alegando la inexistencia de relación entre el progenitor y este último. De forma subsidiaria, peticiona la reducción de la pensión alimenticia por modificación de la capacidad económica de las partes.

Por su parte, la demandada alega que la falta de relación aludida es debido al comportamiento que el padre ha tenido siempre con el hijo en común. Además, niega, en lo que respecta a la petición subsidiaria formulada por el actor, modificación alguna de la capacidad económica de una y otra parte.

Circunstancias del caso

La Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Sanlúcar de Barrameda anticipa en el fundamento de derecho segundo de la sentencia que, en el caso que aquí nos ocupa, de la prueba practicada en juicio se deduce la nula relación entre padre e hijo.

Para llegar a tal conclusión, la Juzgadora no obvia una serie de detalles que precisamos a continuación:

·        El hijo manifestó en el juicio el hecho de que le gustaría tener una relación normal con su padre. En cambio, las situaciones vividas en el pasado se lo impiden;

·        El hijo relató en el juicio una serie de sucesos de malos tratos proferidos por su padre a su madre cuando él tenía 4 años.

En cambio, en las diferentes ocasiones que por parte del Juzgado y del Equipo Psicosocial se ha procedido a explorar al menor, nunca se ha apreciado ni se ha manifestado por el mismo nada en relación con el supuesto temor que sufría desde que era pequeño.

de Sanlúcar de Barrameda. (Foto: Wikipedia)

Además, la progenitora nunca ha denunciado hecho alguno ni se ha tenido conocimiento de ningún tipo de indicio que pueda tener relación con lo razonado por el menor en el acto del juicio.

·        El hijo, al cumplir los 18 años y por voluntad propia, acudió al Registro Civil para modificar el orden de sus apellidos.

En particular, para justificar tal modificación, el menor razonó en el acto del juicio que su apellido le traía malos recuerdos, haciendo referencia al supuesto suceso de malos tratos vivido en su infancia.

·        En la misma línea, el hijo alegó sufrir estrés y estar en tratamiento psicológico por todo lo sucedido con su padre.

No obstante, en opinión de la Juzgadora, en ningún caso dichos problemas psicológicos que se alegan justificarían por sí solo la inexistencia de la relación en cuestión.

·        A pesar de que la demandada, tanto en su escrito de contestación como en el juicio, basa su relato en intentar justificar que el padre no se ha esforzado en intentar tener una buena relación con el hijo en común, según el Juzgado de la provincia de Cádiz, no puede afirmarse que el padre no ha intentado mantener el contacto con su hijo.

·        La falta de relación se extiende a la familia paterna. En concreto, según declaró la hermana del actor en el juicio, la buena relación existente entre padre e hijo y entre ella, su sobrino y sus primos (hijos de aquella) se mantuvo hasta el momento en el que el actor solicitó la custodia compartida.

Extinción de la pensión

Después de apreciar la incongruencia en la declaración prestada por el menor y razonar que se está intentando justificar la nula relación existente entre padre e hijo para no perder la pensión de alimentos establecida, la Juzgadora observa un “total desapego” hacia el padre; entiende acreditado que el progenitor y su hijo “no mantienen contacto desde hace 9 años”; y recalca la ausencia de voluntad alguna por parte del hijo en que dicha situación cambie y la imposibilidad de “achacarse al padre en modo alguno la inexistencia de dicha relación”.

Así, tras aludir a las SSTS 558/2016, de 21 de septiembre104/2019, de 19 de febrero, la Juez entiende que concurren todos y cada uno de los requisitos que se exigen actualmente para acordar la extinción de la pensión de alimentos por la nula relación entre padre e hijo.

Voz letrada autorizada

Tras anunciarnos que la analizada sentencia es firme, ya que no fue recurrida por la parte demandada, el abogado que ha defendido los intereses del padre en el presente litigo, Juan Carlos Gómez Villegas, considera que el fallo “continúa la reciente jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo relativa a que ‘cuando la solidaridad intergeneracional ha desaparecido por haber incurrido el legitimario en alguna de las conductas reprobables previstas en la Ley es lícita su privación’. Ahora bien, para apreciar esta causa, a efectos de extinción de la pensión alimenticia, es necesario que aparezca ‘probado que la falta de relación manifiesta entre padres e hijos, sobre la que no existe duda, era, de modo principal y relevante, imputable a estos’”.

del despacho «Gómez Villegas Abogados». (Foto: Gómez Villegas Abogados)

“Aunque, como dice la sentencia dictada, ‘la ausencia de relaciones paternofiliales no se contempla expresamente como motivo tasado en el art. 152 del Código Civil ni en otro precepto para dar por extinguida la obligación alimenticia, no lo es menos que las circunstancias a las que se refieren los arts. 90 y 91 del CC y en el art 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil pueden ser diversas y de distinta naturaleza, sin que de ningún modo constituyan numerus clausus’”, agrega el abogado.

Por último, el Socio fundador de la firma Gómez Villegas Abogados destaca que “la pensión alimenticia por un solo hijo que se ha extinguido era elevada (1000 euros al mes), y que el hijo tan solo tenía 20 años de edad, siendo estudiante universitario, donde obtenía muy buenas calificaciones (notables y sobresalientes), lo que demuestra que no ha sido relevante el buen comportamiento del hijo, sino la falta de relación con su padre durante largo tiempo, como quedó demostrado en el procedimiento, entre otros motivos, en el hecho del cambio en el orden de sus apellidos (primero el de la madre y después el del padre), al día siguiente de cumplir la mayoría de edad”, concluye el letrado.

 

 

 

Condenada a pagar 62.000 euros tras reconocer que el hijo no era de su ex pareja

Publicado el

https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/16556-condenada-a-pagar-62-000-euros-tras-reconocer-que-el-hijo-no-era-de-su-ex-pareja/

https://diariolaley.laleynext.es/Content/DocumentoRelacionado.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAAXBsQqAIBAA0L9xPkVMB4eoqbnapTviQFRO8_t7jxHjcQGACz54Z9Uk6VxLvPmlMkhxX1uTOgmjAaMhwKLBavVkSrKnQVvKVDBJPOWjH8Xj3a9PAAAAWKE

La Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso del hombre y reconoce que debe ser indemnizado por los daños morales y materiales derivados de la ocultación de paternidad por parte de la madre. La relación con el menor duró más de 9 años dando lugar a una natural

Isabel Desviat, Diario La Ley.- En los últimos años se ha hecho cada vez más habitual encontrar este tipo de sentencias en las que se reconoce la responsabilidad extracontractual del progenitor que oculta la filiación del hijo, aunque con diferente resultado en cuanto a las cuantías reconocidas a favor del perjudicado.

Esta sentencia, dictada recientemente por la Audiencia Provincial de Madrid, reconoce una elevada indemnización a favor del padre, en concreto de 61.982 euros, más los intereses legales, teniendo en cuenta “el profundo dolor y vacío emocional que provocan los hechos que han dado lugar al procedimiento, acompañado de la frustración del proyecto de vida familiar existente”.

Ocultación dolosa

La resolución judicial tiene en cuenta las siguientes circunstancias:

a) transcurridos 3 años desde el inicio de la relación sentimental y en situación de noviazgo, nació el menor, contrayendo matrimonio la pareja un año más tarde;

b) durante el noviazgo, la mujer mantuvo relaciones con una tercera persona;

c) tras la separación del matrimonio y al poco tiempo de dictarse sentencia de divorcio, la madre comunica al padre sus dudas sobre si él era padre del menor; d) se realiza prueba de paternidad y el padre inicia procedimiento de impugnación de la filiación, dictándose sentencia en la que se declara que no era el padre biológico del niño.

La Sala indica expresamente que en casos como este, en el que uno de los miembros de la pareja realiza una conducta como la de ocultar dichas dudas, que causa un daño o dolor emocional, debe calificarse como culposo, al no haber actuado con la diligencia que el caso requería, siendo responsable del daño causado a su ex pareja.

También puntualiza que esta conclusión no es contraria a la doctrina del Tribunal Supremo, que lo que niega es la posibilidad de indemnizar la ocultación de la infidelidad a través de las acciones de la responsabilidad civil “a partir de un juicio de moralidad”.

En cuanto a la fijación de la cuantía, entiende adecuada la cantidad de 60.000 euros, teniendo en cuenta que la Sentencia de determinación de la filiación es de 5 de abril de 2017 y que el niño nació en 2005, lo que significa que el lazo afectivo se mantuvo durante largo tiempo.

Además, la mujer debe asumir los gastos que hubo de soportar su ex pareja para despejar las dudas sobre su paternidad del que creía su hijo biológico (honorarios de abogada y procuradora en el procedimiento de impugnación de la paternidad)

No a la devolución de gastos por alimentos

La Sala deniega una vez más, siguiendo la doctrina jurisprudencial, la posibilidad de devolución -derivado de daño patrimonial- de las cantidades abonadas por los gastos derivados de la manutención del menor, desde que la madre quedó embarazada, incluyendo la fijación de alimentos en la sentencia de divorcio.

Y es que, en aplicación de la doctrina del Supremo, sus obligaciones con el menor nacían de la situación de patria potestad. Estos alimentos, como las demás obligaciones inherentes a la patria potestad de los progenitores (educarlos, tenerlos en su compañía, formarlos… ) surten efectos en todos los momento de la vida del niño. Como consecuencia de la apariencia de paternidad, el padre hizo frente a todas las obligaciones que le correspondían, por lo que no procede a la devolución solicitada.

Una juez de Cádiz concede a un padre la custodia de su hija: la madre no le dejó verla varios meses

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https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/juez-cadiz-concede-padre-custodia-hija-despues-madre-le-impidiera-verla-meses-be5ma_18_3228495530.html

  • Una juez de Jerez de la Frontera ha concedido a un vecino de Coria del Río la guarda y custodia de su hija, de cuatro años

  • La madre cortó toda comunicación con el padre durante nueve meses y solo le permitió verla tras ser denunciada

  • La juez considera que la madre "ha interferido en la relación paternofilial en claro perjuicio de su hija"

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Jerez de la Frontera, Cádiz, ha concedido a un vecino de Coria del Río, Sevilla, la guarda y custodia de su hija de cuatro años, después de que su exmujer le impidiera verla durante nueve meses. 

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La sentencia refleja, según recoge Diario de Sevilla, que es más beneficioso para la menor que resida con su padre en Coria del Río, lugar en el que ha vivido desde que nació, hasta que su madre se la llevó a Granada, y donde se encuentra en un entorno familiar estable. 

La menor nació en enero de 2017 y la ruptura de la pareja se produjo dos años después, según explica el documento. En marzo de aquel año, la madre se fue a Granada con sus padres y después cambió dos veces más de residencia. Primero se instaló en Jerez de la Frontera, a realizar unas prácticas, y después volvió a Granada, donde reside con su pareja actual. 

El padre y la madre compartieron la custodia de la menor hasta que se declaró el estado de alarma en marzo de 2020. Entre ellos existía una buena relación y los cambios se hacían dependiendo de la conveniencia de cada uno de ellos. La menor todavía no estaba en edad escolar. Una vez se decretó el confinamiento por covid, los progenitores acordaron que la menor se quedaría en Granada con su madre, y después el padre sería compensado pasando más tiempo con ella. 

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La madre "decidió unilateralmente que la pequeña dejaría de ver a su padre"

Pero todo cambió el 5 de septiembre de 2020. La madre "decidió unilateralmente que la pequeña dejaría de ver a su padre", alegando que "sintió miedo" de que pudiera quedarse ella. Este miedo "no pudo basar en ningún hecho concreto", según la sentencia. El padre no solo dejó de ver a la niña, la madre tampoco atendía a sus llamadas y mensajes. Ni siquiera dejó que se fuera con él el día que la menor acudió a ser valorada por la perito designada judicialmente.

La niña "quería irse con su padre porque estaba acostumbrada a ello", pero la madre se negó, a pesar de los llantos de la hija, que llevaba ya más de tres meses sin ver a su padre. La perito calificó la situación de "estresante". Las posturas siguieron igual hasta mayo de 2021, cuando el padre empezó a ver a su hija en fines de semana alternos y vacaciones después de denunciar a su expareja.

La juez considera así que la "decisión más beneficiosa para la menor es quedar bajo la guarda y custodia del padre", ya que la madre no solo ha modificado su domicilio en cuatro ocasiones desde 2019, sino que "ha interferido en la relación paternofilial en claro perjuicio de su hija, impidiendo todo contacto entre el padre y la menor durante nueve meses.

a a desarrollar el apego seguro con el único progenitor con el que vive si, durante nueve meses, permanece sin contacto alguno con el otro".

 

La convivencia con nueva pareja extingue el derecho de uso de la vivienda familiar

Publicado el


 


https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/el-tribunal-supremo-insiste-la-convivencia-de-uno-de-los-conyuges-con-una-nueva-pareja-extingue-el-derecho-de-uso-de-la-vivienda-familiar-tras-el-divorcio/

JURISPRUDENCIA


 

El Supremo insiste: la convivencia de uno de los cónyuges con una nueva pareja extingue el derecho de uso de la vivienda familiar tras el divorcio



Como así ya lo reconociera la revolucionaria STS 641/2018, de 20 de noviembre, ahora, la Sección Primera de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su reciente STS 488/2020, de 23 de septiembre, vuelve a acordar la extinción del uso de la vivienda familiar atribuido al cónyuge custodio y a sus hijos, como consecuencia de la convivencia en la misma de la nueva pareja sentimental.



En este caso, el actor alega la existencia de una modificación sustancial de las circunstancias al tiempo de adoptarse las medidas relativas al uso de la vivienda familiar. En concreto, se invoca respecto de la medida de atribución del derecho del uso de la vivienda familiar -que, en sentencia de divorcio de enero de 2011, se atribuyó a la madre y a los tres hijos menores, de los que actualmente solo uno es menor- la circunstancia sobrevenida de haber contraído la demandada matrimonio con su nueva pareja, y conviven en el domicilio familiar, razón por la que insta la extinción de dicho uso, de forma principal.

Primera instancia

La demanda es desestimada. Considera el juzgador que la circunstancia alegada de la convivencia de la progenitora custodia con su nuevo esposo, en el domicilio familiar -que está acreditado- nunca podría servir de base para extinguir el derecho de uso atribuido por sentencia de divorcio a la esposa e hija, pues conforme al art. 96 CC, el uso se atribuye al progenitor que ostente la custodia del menor. Considera, por tanto, que dicha convivencia no fundamenta una extinción del derecho del uso, conforme a los arts. 90, 91 y 96 CC, que responde al interés superior del menor.

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Segunda instancia

El recurso de apelación es desestimado. La Sección 24ª de la Audiencia Provincial de Madrid entiende que el matrimonio de la apelada con otra persona, -y que esta habita en el domicilio familiar- no es suficiente para acordar la extinción, por existir todavía un hijo menor de edad -de nueve años-, subsistiendo el derecho a seguir usando y de manera preferente dicho domicilio junto a su madre per relationem, como guardadora.

Omisión de la doctrina jurisprudencial “que extraña sobremanera”

Si la sentencia de la Audiencia es de fecha 11 de abril de 2019, ¿cómo es posible que desconozca la doctrina jurisprudencial contenida en la STS del Pleno 641/2018, de 20 noviembre? Eso se debió preguntar el ahora recurrente en casación.

Así las cosas, a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo le “extraña sobremanera que la sentencia recurrida, de fecha 11 de abril de 2019, no se haga eco ni cite la jurisprudencia de la sala respecto del supuesto sobre el que decide, en concreto de la sentencia de pleno número 641/2018, de 20 de noviembre anterior a la fecha en que se dictó la recurrida”.

Argumenta la misma que los intereses que aquí confluyen ya los tenía en consideración la olvidada y revolucionaria sentencia de 20 de noviembre de 2018. En concreto:

“(i) El derecho de uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de las circunstancias que concurren en el caso. Se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter familiar. La vivienda sobre la que se establece el uso no es otra que aquella en que la familia haya convivido como tal, con una voluntad de permanencia (STS 726/2013, de 19 de noviembre). En el presente caso, este carácter ha desaparecido, no porque la madre e hijos hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero, dejando de servir a los fines del matrimonio. La introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua naturaleza «por servir en su uso a una familia distinta y diferente», como dice la sentencia recurrida.

(ii) La medida no priva a los menores de su derecho a una vivienda, ni cambia la custodia, que se mantiene en favor de su madre. La atribución del uso a los hijos menores y al progenitor custodio se produce para salvaguardar los derechos de aquellos. Pero más allá de que se les proporcione una vivienda que cubra las necesidades de alojamiento en condiciones de dignidad y decoro, no es posible mantenerlos en el uso de un inmueble que no tiene el carácter de domicilio familiar, puesto que dejó de servir a los fines que determinaron la atribución del uso en el momento de la ruptura matrimonial, más allá del tiempo necesario para liquidar la sociedad legal de gananciales existente entre ambos progenitores.

El interés de los hijos no puede desvincularse absolutamente del de sus padres, cuando es posible conciliarlos. El interés en abstracto o simplemente especulativo no es suficiente y la misma decisión adoptada en su día por los progenitores para poner fin al matrimonio, la deben tener ahora para actuar en beneficio e interés de sus hijos respecto de la vivienda, una vez que se ha extinguido la medida inicial de uso, y que en el caso se ve favorecida por el carácter ganancial del inmueble y por la posibilidad real de poder seguir ocupándolo si la madre adquiere la mitad o se produce su venta y adquiere otra vivienda”.

Por todo ello, la Sala estima el recurso de casación y acuerda la extinción de la atribución del uso de la vivienda familiar a la madre y a los hijos, prolongándose el citado uso un máximo de un año (por habilitación de la STS 568/2019, de 29 de octubre), “para que las partes se acomoden a la nueva situación y tengan tiempo de ordenarla, sin poner en riesgo el interés de los menores”.

El mejor escribano echa un borrón

Publicado el

 

 El Auto de la Juez, apoyado en argumentación rigurosa, que reprocha a una madre que se hubiera llevado a su hijo a Galicia cuando residía con su pareja y padre del niño en Marbella, es irrepochable

Sin embargo:

Pág 12: "trabaja su padre como médico,

y que, en definitiva, ofrece múltiples posibilidades para

el adecuado desarrollo de la personalidad de un niño y para

que crezca en un ambiente feliz. Lo que no sucede con la

pequeñísima población en la Galicia profunda, a la que se

ha trasladado la madre, lejos de todo,"....."Marbella es una

ciudad cosmopolita, que tiene todo tipo de

infraestructuras, con todo tipo de colegios para poder

educar a un niño, públicos o privados, con un buen

Hospital, en el que, además, trabaja su padre como médico,

y que, en definitiva, ofrece múltiples posibilidades para

el adecuado desarrollo de la personalidad de un niño y para

que crezca en un ambiente feliz. Lo que no sucede con la

pequeñísima población en la Galicia profunda, a la que se

ha trasladado la madre, lejos de todo, en la que ni

siquiera la madre tiene opciones laborales"

Es esta argumento el que no me parece de un gran valor jurídico. La Sra. Juez podría haberse ahorrado esta intemperancia y a pesar de ello el resto de la argumentación que inspira la decisión es digna de aplauso.

VER AUTO EN ARCHIVO ASOCIADO

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE MARBELLA

Medidas Provisionales Previas 1034/2021

AUTO Nº324/2021

En Marbella, a 8 de octubre de 2021.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 16 de septiembre de 2021, el

Procurador de los Tribunales D. Antonio Cortés Reina, en

nombre y representación de DON R. A. L., formuló solicitud

de medidas provisionales previas a la presentación de la

demanda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 771 de la

Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), en relación

con los artículos 102 y 103 del Código civil (en adelante,

CC), frente a DOÑA L. C. P., al objeto de establecer una

serie de medidas respecto a su hijo menor, XXXXXXXXXX.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la solicitud, en virtud

de decreto de fecha 17 de septiembre de 2021, se convocó a

las partes y al Ministerio Fiscal a la celebración de la

preceptiva comparecencia ante el Juez el día 7 de octubre

de 2021, a las 8:30 horas, tal y como establece el artículo

771.2 LEC.

TERCERO.- Llegado el día señalado, comparecieron ambas

partes, asistidas por sus respectivos Letrados, así como el

Ministerio Fiscal. La Letrada de la parte demandada lo hizo

por medios telemáticos, así como la propia demandada.

Abierto el acto, una vez comprobada la imposibilidad de

2

acuerdo entre los progenitores, fundamentalmente, por la

actitud cerrada de la demandada, la Letrada de la parte

actora se ratificó en su solicitud de medidas

provisionales, reiterando que, si bien solicitaba, con

carácter principal, la guarda y custodia exclusiva del

menor a favor del padre, ofrecía, subsidiariamente, a la

demandada la posibilidad de una guarda y custodia

compartida del menor, pues no era intención del padre

apartar al niño de su madre y entendía que debe estar con

ambos progenitores, siempre y cuando la madre regresara a

Marbella.

La Letrada de la parte demandada se opuso a tales

medidas, rechazando cualquiera de las dos opciones, y

reiteró las medidas expuestas en su escrito de fecha 27 de

septiembre de 2021, entre ellas, la guarda y custodia del

menor de forma exclusiva a favor de la madre, la fijación

de una pensión por alimentos a cargo del padre por importe

de 1.200 €/mes, en atención a la situación de desempleo de

la madre y a los ingresos del padre.

A continuación, ambas partes y el Ministerio Fiscal

propusieron los medios de prueba que estimaron pertinentes,

que fueron estimados en su totalidad, practicándose

seguidamente el interrogatorio de los progenitores. Tras lo

cual, quedaron los autos pendientes de resolución.

CUARTO.- En la tramitación de las presentes medidas

provisionales previas se han observado las prescripciones

legales vigentes, con inclusión del plazo para dictar el

auto, tal y como establece el artículo 771.4 LEC, en

relación con lo dispuesto en el artículo 211 LEC.