Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

 

NOTA: desde finales de agosto de 2021, está página ha dejado de ser la OFICIAL de la As. Galega de Pais e Nais Separados, pasando a ser gestionada y soportada por un grupo INDEPENDIENTE de padres y madres separados

 

 Confederación Estatal de Padres y Madres Separados CONPAPÁYMAMÁ

 

Nos separamos de nuestras parejas.
¡NO QUEREMOS QUE NOS SEPAREN DE NUESTROS HIJOS!

¡¡CUSTODIA COMPARTIDA YA!!

 

 

 

 

 

Colaboran Profesionales concertados:

MEDIACIÓN FAMILIAR

Gabinete Psicológico "SEIVA" (mediador familiar registrado en Xunta de Galicia , terapia de pareja)

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Bufete de Abogados de D. Ignacio Bermúdez de Castro

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Todos ellos están de acuerdo con nuestros planteamientos y singularmente con la CUSTODIA COMPARTIDA

condenada por denuncia falsa y abuso Ley V.G.

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Id Cendoj: 24089370032020100260 Órgano: Audiencia Provincial Sede: León Sección: 3 Fecha: 27/07/2020 Nº de Recurso: 66/2018 Nº de Resolución: 267/2020 Procedimiento: Procedimiento abreviado Ponente: LORENZO ALVAREZ DE TOLEDO QUINTANA Tipo de Resolución: Sentencia AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3LEON SENTENCIA: 00267/2020 UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO C/ EL CID, 20, LEÓN Teléfono: Correo electrónico: scop.seccion2.leon@justicia.es Equipo/usuario: AGC Modelo: N85850 N.I.G.: 24115 41 2 2016 0005819 PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000066 /2018 Delito: ACUSACIÓN O DENUNCIA FALSA

F A L L O CONDENAMOS a Doña A.       como autora criminalmente responsable de dos DELITOS DE SIMULACIÓN DE DELITO ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DIEZ MESES DE MULTA con una cuota diaria de cuatro euros (4 €), con responsabilidad personal subsidiaria por cada dos cuotas que quedasen sin pagar por su insolvencia, por cada una de dichas infracciones penales. CONDENAMOS a Doña A....... como autora criminalmente responsable de un DELITO DE DETENCIONES ILEGALES DEL ART. 163.1 Y 3 DEL CÓDIGO PENAL, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio durante el cumplimento de esta pena. CONDENAMOS a Doña A....... como autora criminalmente responsable de un DELITO DE DETENCIONES ILEGALES DEL ART. 163.1 DE CÓDIGO PENAL, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio durante el cumplimento de esta pena. CONDENAMOS a Don F........ como cómplice criminalmente responsable de un DELITO DE SIMULACIÓN DE DELITO, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de CUATRO MESES DE MULTA con una cuota diaria de diez euros (10 €) con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas que dejase de pagar por insolvencia. CONDENAMOS a Don F........ como cómplice criminalmente responsable de un DELITO DE SIMULACIÓN DE DELITO, con la concurrencia de la atenuante de confesión de la infracción a las autoridades, a la pena de TRES MESES DE MULTA con una cuota diaria de diez euros (10 €) con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas que dejase de pagar por insolvencia. ABSOLVEMOS A DON F........ de los restantes delitos que se le han imputado en este proceso. CONDENAMOS A Doña A....... a indemnizar a Don Faustino en la cantidad de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000 €). Dicha suma devengará el interés legal incrementado en dos puntos, desde la fecha de esta sentencia hasta el total abono de su importe al perjudicado. De dicha suma responderá subsidiariamente, en caso de resultar insolvente la señora A….. , el acusado Don F…. , hasta el límite de DIEZ MIL EUROS (10.000 €) con sus interés calculados de la misma forma. CONDENAMOS A DOÑA A....... al pago de la mitad de las costas del proceso, y la totalidad de las COSTAS DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR. 59 JURISPRUDENCIA CONDENAMOS A DON F........ al pago de una cuarta parte de las costas de este proceso y, como obligado solidario junto con Doña A…….. , al pago de LA MITAD DE LAS COSTAS CAUSADAS A LA ACUSACIÓN PARTICULAR. Notifíquese esta Sentencia a las partes personadas, así como a los ofendidos y perjudicados por el delito, aunque no se hayan mostrado parte en esta causa, a los que se hará saber que, contra la presente Sentencia puede interponerse RECURSO DE APELACIÓN ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a formalizar en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente a la fecha de su última notificación, a formalizar ante esta Audiencia Provincial. Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes

DIVORCIO E I.R.P.F.

Publicado el

DIVORCIO  E   I.R.P.F.

Antonio M. Díaz Piñeiro,

 

La desigualdad impositiva, en caso de divorcio, se ha paliado algo desde el año 1997, ya que hasta entonces se daba la aberrante circunstancia de que el progenitor no custodio, que no habitaba el hogar familiar debía seguir pagando la hipoteca y no podía desgravar por ella al no constituir su residencia habitual. Tampoco podía desgravar la hipoteca de la vivienda que habitaba si podía comprarla (¿?¡)

Respecto de esta cuestión, la Dirección General de Tributos ha manifestado su criterio para los siguientes casos:

·          No hay hijos, y la vivienda sigue siendo la residencia habitual exclusivamente del cónyuge. No se pierde el derecho a la deducción por haberse adjudicado el uso de la vivienda al otro cónyuge, siempre que ambos mantengan su porcentaje de propiedad y sigan haciendo frente a las obligaciones de pago que les correspondan.

·         Los hijos son mayores de edad o han obtenido rentas durante el período impositivo. Ocurre lo mismo que en el caso anterior.

·         El contribuyente resulta obligado por el convenio regulador del divorcio a pagar el  total de las cuotas del préstamo hipotecario, aunque sólo sea propietario del 50% de la vivienda. Las cantidades pagadas sólo serán deducibles en la parte que corresponda a la titularidad del contribuyente, en este caso el 50%.

·         Un contribuyente casado que, sin que haya separación judicial o divorcio, se cambia de vivienda, produciéndose exclusivamente una separación de hecho. En este caso, al no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos en la ley (nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial), no se tendrá derecho a la deducción.

 

 

La aplicación de la desgravación a ambos progenitores por declaración conjunta sólo resultaría posible si, habiendo más de un hijo, se “reparten” entre los progenitores, ya que cada persona sólo puede formar parte de una unidad familiar

Esther Vidal Falcó nos ilustra:

Aquellos contribuyentes que estén separados/divorciados legalmente deberán tener en cuenta una serie de particularidades cuando estén preparando su declaración del IRPF en cuanto a la modalidad de tributación (individual vs. conjunta), a la aplicación del mínimo por descendientes, al tratamiento de las pensiones compensatorias en favor del cónyuge y a las anualidades por alimentos en favor de los hijos.

 Tributación conjunta. La Ley del IRPF establece que en los casos de separación legal la unidad familiar formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro podrán optar por tributar conjuntamente y aplicarse una reducción a la base imponible de 2.150 euros, sin que los hijos puedan formar parte de las dos unidades familiares al mismo tiempo. A este respecto, la Dirección General de Tributos (DGT) ha interpretado que la opción por la tributación conjunta corresponderá al padre o a la madre que tenga atribuida la guardia y custodia de los hijos a la fecha de devengo del impuesto (31 de diciembre), al tratarse del progenitor que convive con aquéllos, y con independencia del régimen de visitas que tengan pactado. En el caso de que la guarda y custodia sea compartida, la DGT ha interpretado que la referida opción puede ejercitarla cualquiera de los dos progenitores, si bien serán los propios progenitores quienes tendrán que decidir a quién le corresponde tal derecho.

NOTA propia: (otro elemento para propiciar disputas)

Mínimo por descendientes. A efectos de la aplicación del mínimo por descendientes la Ley del IRPF exige que los hijos tengan que convivir con el contribuyente, por lo que también será determinante a qué progenitor se le atribuye la guardia y custodia de los hijos. En el caso de que la guarda y custodia sea compartida, la DGT ha interpretado que el mínimo por descendientes se prorrateará a partes iguales entre los dos progenitores.

Aquí hay que puntualizar que lo lógico y adecuado al principio impositivo de contribuir según la renta disponible sería que el impuesto lo pagase la unidad familiar que recibe ese ingreso y no el que no puede disponer de esa renta.

Anualidades por alimentos a favor de los hijos satisfechas por decisión judicial. La Ley del IRPF establece que se aplicará la escala de gravamen de forma separada al importe de las anualidades por alimentos y al resto de la base liquidable general cuando el importe de dichas anualidades sea inferior a la base liquidable general (reduciendo de ese modo la progresividad del impuesto), y de la cuantía total resultante, se minorará la cuota correspondiente al mínimo personal y familiar incrementado en 1.600 euros. A este respecto, la DGT ha interpretado que este tratamiento de las anualidades sólo resulta aplicable cuando los progenitores no tengan derecho a aplicar el mínimo por descendientes antes comentado, aunque sea por el importe prorrateado, y teniendo en cuenta que la aplicación del citado mínimo prevalecerá sobre la aplicación de la escala de gravamen a las anualidades.


Aquí hay que puntualizar que lo lógico y adecuado al principio impositivo de contribuir según la renta disponible sería que el impuesto lo pagase la unidad familiar que recibe ese ingreso y no el que no puede disponer de esa renta.

Pensiones compensatorias a favor del cónyuge. La Ley del IRPF establece que las pensiones compensatorias satisfechas por uno de los cónyuges al otro, que haya sido fijada en la resolución judicial o lo hayan acordado los cónyuges en el convenio regulador de la separación o divorcio aprobado judicialmente, podrán ser objeto de reducción

En la tabla siguiente, con supuestos de tributación confeccionados con el programa PADRE de la AEAT para ingresos idénticos de una pareja divorciada puede apreciarse la diferencia impositiva, cuya injusticia es patente aún cuando la Custodia sea Compartida.

 

 



El duro relato del juez sobre Juana Rivas:

Publicado el

https://www.elconfidencial.com/espana/2021-12-10/relato-juez-juana-rivas-libertad-rechaza_3339412/

 

"Las imágenes del menor son espeluznantes"

El magistrado acusa a la madre de descuidar el cuidado de sus hijos y tratar de ocultar unos abusos sexuales que destapó el colegio al que iban los menores

Foto: Juana Rivas en una fotografía de archivo. (EFE/Torres)
Juana Rivas en una fotografía de archivo. (EFE/Torres)
 

El juez Manuel Piñar decidió este viernes desvelar con todo detalle un episodio relacionado con Juana Rivas que había pasado desapercibido hasta el momento a pesar de que el mismo magistrado lo había mencionado en anteriores escritos de su Juzgado. Entre los motivos del titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada para rechazar la suspensión de la condena de la mujer de Maracena condenada por sustracción de menores se encuentra la apreciación por su parte de que existe un "grave peligro" para sus dos hijos por deficiencias en la custodia que provocaron el abuso sexual de uno de ellos. Piñar llega a afirmar que estos se ejercieron "en la máxima extensión del término" y que "las imágenes que han llegado a la causa son espeluznantes".

 

Con especial vehemencia, el magistrado indica que "ya no sabe cómo hacer que llegue al conocimiento de los restantes tribunales, y por supuesto del Gobierno", que estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos sufrió una agresión "según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor". Considera, además, que Rivas trató de ocultar lo sucedido y no se comportó de forma normal.

Foto: Fotografía de archivo de Juana Rivas. (Pepe/Pool/EFE)

Así, el auto especifica que al poco tiempo de descubrirse el abuso sexual "la madre oculta a los niños, precisamente en el momento en que la presencia del menor era esencial para la investigación". Asegura que el episodio ha sido minimizado: "Sobre este hecho se ha echado tierra encima y se ha soslayado su trascendencia, bajo la apariencia de ser la penada una víctima de un maltratador", reprocha el juez.

 

"Si un menor está bajo la guarda y custodia de un progenitor y es víctima de unos presuntos abusos sexuales, hay indicios de presunta negligencia por desatención de la obligación de velar por él, de modo que permitirle la libre deambulación con el niño puede suponer ponerle en disposición un grave peligro para él", insiste para defender que el interés y seguridad de los menores "aconseja que la madre no tenga plena libertad para moverse con ellos"."Fue el colegio quien le llevó al médico"

Piñar insiste en que, ante estos hechos, no se justifica el argumento de su libertad inmediata, en aras de beneficiar las relaciones madre-hijos, "cuando en el pasado uno de ellos fue víctima de un gravísimo delito estando en compañía de ella". También destaca que no fue Rivas quien llevó al niño a los servicios médicos sino que el colegio del menor fue quien adoptó la decisión. "Tampoco consta que denunciara ese hecho como es de esperar en una madre normal", añade.

 

"Esa perspectiva de madre que lucha por los hijos, no tuvo un reflejo en esos hechos concretos tan graves acaecidos con uno de los menores", agrega y dice que si lo ha omitido de forma explícita hasta este momento ha sido por "no afectar a la intimidad del menor". "Pero debe quedar expuesto en el estado al que ha llegado la causa, como verdadera razón que crea desconfianza por la posibilidad de que la acusada pueda aprovechar cualquier beneficio penitenciario que implique libertad plena de movimiento, para que vuelva a retener a los menores bajo su guarda y a que vuelvan a ser puestos en peligro por un deficiente ejercicio", explica.

placeholderJuana Rivas en una imagen de archivo. (EFE)
Juana Rivas en una imagen de archivo. (EFE)

"Desde luego, no va a ser este Juzgado el que lo posibilite, en la medida de las competencias que tiene atribuidas. Es posible que haya sido víctima de malos tratos continuos como ha manifestado a pesar de que no existen condenas, pero también es probable que uno de sus hijos haya sido víctima de abusos sexuales por deficiencias en la vigilancia ejerciendo la guarda y custodia, aunque tampoco hay condena", continúa el auto.

 

También desvela que no se ha determinado el autor "de la brutal agresión padecida por el menor" y por eso fue sobreseída, "pero el hecho sigue existiendo y tuvo lugar estando el niño bajo la custodia de la madre". "No se trataba de un niño que por su edad sale a jugar o vuelve del colegio y es abordado y abusado, sino de uno de muy pocos años que deber ser controlado y vigilado en todo momento porque no puede valerse por sí mismo".

"¿Dónde metió a su hijo?"

El juez, que ocupa varios párrafos de su auto en abundar sobre esta cuestión, se realiza varias preguntas sobre lo sucedido. "La cuestión entonces es... ¿dónde metió la penada a su hijo menor para que fuera víctima de tan atroz atropello?, ¿qué hizo para vigilarlo?...". "Si la penada ya dijo que volvería a repetir el secuestro de los menores, si ya lo repitió estando estos en Italia, si tampoco se ha arrepentido, ¿quién asegura que no los volverá a secuestrar? Y sobre todo, ¿quién asegura que con plena libertad de movimientos no volverá a secuestrarlos y descuidar su custodia y vigilancia para evitar que sean objeto de otra situación de peligro?", continúa.

 

"Con toda la contemplación mediática de maltratada, se ha interpuesto una cortina de humo que oculta un presunto grave delito de abuso a un menor, y siempre quedará un margen acerca de si la madre hizo todo lo que pudo para descubrir ese delito, porque se supone que debía saber dónde estuvo el niño cuando pudo ser abusado, las personas que pudieron tener acceso a él y, por tanto, el círculo de posibles autores", concluye.

 

El abogado avanza una respuesta: "Es tan repugnante que merece nuestro reproche"

 

El magistrado llega a concretar los folios de causas donde se encuentran los indicios y señala un informe forense fechado el 11 de abril de 2017 en el que se concluye: "No se puede descartar que el menor haya sido objeto de una agresión sexual anal". También cita una exploración médica al menor donde se le pregunta por lo sucedido y él refiere "que alguien le ha hecho daño en el ano". "Esto no es un capricho ni una cruzada contra nada, sino una cuestión arraigada en unos hechos; ahí están los informes de la pediatra y de la forense, las fotografías tomadas al menor demostrativas de lo ocurrido, que puede ocurrir porque el menor estaba con su madre", insiste el magistrado.

 

A la vista de la argumentación del juez, el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha anunciado que presentará una querella en su contra por prevaricación judicial y calumnias. "Acusar a Juana de permitir o colaborar en abusos sexuales a sus hijos es algo tan repugnante que merece nuestro más enérgico reproche", ha indicado. Pese a que el Consejo de Ministros le concedió un indulto parcial, Rivas debe aún cumplir nueve meses en el Centro de Inserción Social donde se encuentra en la actualidad.

El Supremo rebaja una pensión compensatoria indefinida de 2.000 a 1.000 euros y fija un límite temporal de cinco años

Publicado el

https://confilegal.com/20211208-el-supremo-rebaja-una-pension-compensatoria-indefinida-de-2-000-a-1-000-euros-y-fija-un-limite-temporal-de-cinco-anos/

 

La Sala de lo Civil concluye que hay ciertos factores que la Audiencia Provincial de Madrid no tuvo en cuenta, como que en el procedimiento de divorcio quedan por liquidar inmuebles por un valor cercano al millón de euros

 

El Tribunal Supremo ha acordado rebajar una pensión compensatoria indefinida de 2.000 a 1.000 euros y ha fijado un límite temporal de cinco años. La Sala de lo Civil así lo acuerda en la sentencia 810/2021, 25 de noviembre.

En primera instancia se decretó el divorcio y se adoptaron medidas sobre la atribución de la guarda del hijo menor a la madre, así como la fijación de una pensión compensatoria a favor de la exesposa de 1.000 euros mensuales durante dos años.

La Audiencia Provincial de Madrid estimó su recurso de apelación y elevó la pensión a la suma de 2.000 euros y le atribuyó carácter indefinido, algo que fue llevado al Supremo por el exmarido. Su recurso ha sido estimado parcialmente.

El TS concluye que, a pesar de considerarlo probado, la Audiencia no ha tomado en consideración que los cónyuges se repartieron, producida la separación y antes de la presentación de la demanda de divorcio, algunos bienes, entre los que se encontraba el dinero de una cuenta bancaria, correspondiendo a la exmujer una importante suma de dinero que, como dice el recurrente, equivaldría a un sueldo de más 4.000 euros mensuales durante 10 años (cerca de 500.000 euros)

 

Además, recuerda que quedan por liquidar inmuebles por un valor cercano al millón de euros, lo que la exmujer no ha negado. A juicio del Supremo, «la atribución en plena propiedad de un patrimonio importante es un elemento objetivo y cierto que es relevante a efectos de ponderar el alcance de la situación de desequilibrio que la ruptura ha generado en la esposa y las posibilidades de superarlo y que, sin embargo, no ha sido tenido en cuenta por la sentencia recurrida para ponderar ni la cuantía de la pensión ni su duración temporal».

Junto a ello, según el tribunal, formado por Francisco Marín Castán -presidente-, María Ángeles Parra Lucán -ponente-, José Luis Seoane Spiegelberg y Antonio García Martínez, hay otros factores que la sentencia recurrida no ha ponderado de manera proporcional a las circunstancias acreditadas.

«La ruptura, sin duda, ha producido a la actora un desequilibrio económico en atención al largo periodo de tiempo durante el que dejó de trabajar fuera de casa (transcurridos unos años desde la celebración del matrimonio, incluidos periodos en los que han residido fuera de España), con todo lo que conlleva de falta de desarrollo profesional e integración y formación laboral», afirma el Supremo.

¿Se determina de igual manera la ley aplicable a la pensión compensatoria y a la compensación por el trabajo en el hogar?

«Sin embargo, no resulta razonable entender que la única forma de compensar el perjuicio o desequilibrio económico derivado de la crisis conyugal es una pensión indefinida como solicita la demandante y ha reconocido la Audiencia».

Y ello, añade, porque «no es una mujer de edad avanzada, carente de cualificación o formación; no ha colaborado nunca en la actividad laboral del marido; no padece enfermedades, no tiene una salud precaria o delicada ni ningún tipo de discapacidad».

Además, «en el futuro tampoco se ve sujeta al cuidado de hijos con necesidades especiales, de modo que no resulta utópico que pueda prescindir de la pensión y obtener sus propios ingresos económicos, gestionar autónomamente sus oportunidades e independizarse económicamente de quien fuera su marido».

«En este caso no nos encontramos ante una situación semejante a las valoradas en otras sentencias como merecedoras de una pensión indefinida por carecer la esposa de todo tipo de expectativas laborales ( sentencias 245/2020, de 3 de junio, 418/2020, de 13 de julio, y 549/2020, de 22 de octubre)».

«NO ESTAMOS ANTE UN DESEQUILIBRIO PERPETUO E INSUPERABLE», SEGÚN EL TRIBUNAL

Por otro lado, la Sala de lo Civil apunta que «según resulta de la propia demanda, la separación se produjo, antes del dictado de la sentencia de divorcio, cuando llevaban 19 años casados y la esposa (nacida en 1968) tenía 49 años. No se discute su buena salud ni tampoco la ausencia de cualquier discapacidad y es evidente que, en atención a la edad de los hijos (nacidos en 2001 y 2006), la dedicación a su cuidado necesariamente será menor».

«No estamos ante un desequilibrio perpetuo e insuperable dada la formación elevada de la recurrente y su nivel de inglés, que ella califica como de obsoletos, pero que son susceptibles de actualización y adaptación a las demandas actuales de empleo en forma tal que la demandante pueda adecuadamente acceder a una situación económica autónoma e independiente de manera digna», subraya.

En este sentido, explica que el Supremo «comparte el criterio del juzgado cuando señala en su sentencia que la demandante está altamente cualificada, realizó empleos retribuidos en diferentes sociedades mercantiles, el último de ellos en el 2006, tal y como consta en el certificado de vida laboral aportado, y se desconoce las preferencias marcadas en la oficina pública de empleo en la que se inscribió como demandante de empleo el 24 de julio de 2017, por lo que el que la alegación de que no ha recibido oferta de empleo durante ese tiempo no es un argumento definitivo de la imposibilidad de superación del desequilibrio causado por la ruptura».

El Supremo destaca que «de acuerdo con la doctrina de esta sala, la simple desigualdad económica no determina de modo automático un derecho de compensación y es preciso ponderar en conjunto la dedicación a la familia, la colaboración en las actividades del otro cónyuge, la situación anterior al matrimonio, el régimen de bienes a que haya estado sometido el matrimonio, así como «cualquier otra circunstancia relevante», de acuerdo con lo dispuesto en la recogida en último lugar en el art. 97 Código Civil (CC)».

Apunta que «el establecimiento de un límite temporal para la percepción de la pensión compensatoria es una posibilidad del órgano judicial que permite atender a las posibilidades de superar el desequilibrio económico surgido a partir de la ruptura«.

La condición, continua, «es que no se resienta la función reequilibradora, condición que obliga al órgano judicial, a la hora de optar por fijar un límite temporal, a atender a las específicas circunstancias del caso, particularmente, aquellas que permiten valorar la idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico. El establecimiento de un límite temporal cuando se valore ex ante la posibilidad de que pueda reestablecerse el equilibrio exige tomar en consideración, entre otros, los factores que enumera el art. 97 CC, y que esta sala no ha considerado una lista cerrada».

Por todo ello, casa la sentencia y declara la improcedencia de una pensión indefinida, atendiendo a la cualificación de la demandante, los bienes comunes recibidos por ella antes del divorcio (503.874,97 euros en metálico), cuya gestión exclusiva y disposición le corresponden a ella, así como al patrimonio común que queda por partir, al tiempo de duración de la vida en común de diecinueve años, su edad en el momento de la separación y la edad de los hijos, que ya no requieren una atención tan intensa de la madre.

«Partiendo de la procedencia de una limitación temporal a la pensión consideramos que, en atención a todas las circunstancias concurrentes descritas, resulta prudente fijar el plazo de cinco años desde la fecha de la sentencia del juzgado«, subraya.

«Este plazo, que resulta coherente con el tiempo de duración de la convivencia matrimonial, permitirá a la demandante superar el desequilibrio tras la ruptura y en el mismo, de manera razonable, tendrá ocasión de hacer frente con sus propios medios y aptitudes a su situación económica, gestionando de forma autónoma sus oportunidades y su economía», afirma el Supremo.

De este modo, estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por el exmarido contra la sentencia dictada en diciembre de 2020 por la Audiencia Provincial de Madrid .

 

Casa y anula dicha sentencia y en su lugar estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la exmujer contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, confirmando la sentencia del juzgado en cuanto al mantenimiento de la pensión compensatoria de 1.000 euros al mes, con el índice actualizador del IPC, aunque con el límite temporal de cinco años.

Simuló la muerte de su hijo para apartarlo del padre:

Publicado el

La Fiscalía pide tres años de cárcel para la madre

que intentó dar al niño en adopción, lo registró con

un padre falso y luego declaró que había olvidado que

lo había parido "por la depresión postparto"

Es 4 de enero de 2016

cuando Álvaro Area,

militar gallego de 26

años, se va a la Guardia

Civil de Los Alcázares

(Murcia) a preguntar si es

o no es padre.

Su ex pareja, la camarera

ecuatoriana Lidia R., de

34, con la que había planeado una paternidad

compartida que luego incluyó una relación

sentimental que ella cortó al quinto mes de

embarazo, le ha dicho que no. Que no hay bebé.

Que murió en el parto, pocos días antes.

Lidia era la misma mujer que nueve meses antes

de ese momento, en abril, cuando todo eran vino y

rosas, le enviaba a Area un "me tienes loquita por

ti, corazón".

La misma que le había escrito entonces: "Ya le

comenté a madre que voy a salir embarazada de

ti".

También la misma que poco después, en octubre,

tras romper con él y volver con su anterior pareja,

le había escrito: "No quiero el bebé". Y también un

muy poco sutil "el lunes aborto".

Así que en enero, sin tener él más noticia del

tema, pero subiéndose por las paredes, los agentes

escuchan a Area y no dan crédito.

Llaman a Lidia, que se persona en el lugar. La

mujer, apoyada por su pareja en ese momento,

Lucas S., lo repite: no hay bebé, murió en el parto,

en el Hospital Los Arcos del Mar Menor.

Area se va a casa "hundido". Su hijo ha muerto.

"Me lo creí completamente", contará luego a sus

amigos. Pero, como el futbolista que no se come el

amago del rival, al día siguiente se pone a mover

Roma con Santiago y en pocas horas recibe una

llamada de un cargo de la Región de Murcia: sí,

Álvaro es padre.

Su hijo nació, efectivamente en Los Arcos, el 31 de

diciembre. Pero debe darse prisa: la madre lo

quiere dar en adopción. Ha dicho tras el parto que

no sabe quién es el padre, que no quiere al niño.

Álvaro se va al hospital, donde en ese momento no

consigue nada, pero donde luego descubrirá que

Lidia le ha dado al niño el nombre de Lucas, su

actual pareja. De ahí, a los juzgados de San Javier,

a denunciar.

"EL FETO ESTÁ ALLÍ"

Al salir, le llama el abogado de ella, quien le

asegura que todo es verdad, que el niño ha muerto

en el parto, que no se meta en camisa de once

varas, que "el feto está allí".

Que la ginecóloga de turno "se encaprichó" con

que naciera de cabeza, con consecuencias fatales.

Que "los monitores se volvieron locos" y "la cosa

se fue de madre".

Que no se meta con Lidia y Lucas, que el propio

letrado ya intervino en una de sus trifulcas

anteriores y la cosa fue "terrorífica". Que ella ha

elegido a Lucas, que la vida es dura y a él le toca

encajar.

Álvaro, un padre que busca como loco a un hijo

que ni sabe si existe, se va a la Dirección General

de Familia murciana y allí descubre que, en efecto,

es papá. Su hijo se llama Lucas Fernando. Pide

que le hagan una prueba de paternidad ipso facto.

No podemos, le contestan: el niño no tiene sus

apellidos y fue tutelado públicamente de urgencia

el 31 de diciembre.

La madre, visto el pastel, ha dado marcha atrás a

la entrega en adopción tras la escena en la Guardia

Civil, pero alega que es imposible que Area sea el

padre porque, asegura, es homosexual y jamás han

tenido intimidades compartidas.

El pequeño Lucas se pasa cinco meses en una casa

cuna, solito en su aterrizaje en esta extraña vida,

hasta que el análisis de ADN evidencia que Álvaro

Area y no Lucas S. es su padre al 99,99%. El niño

pasa a custodia de la madre, y a su padre se le

concede cuidarlo fines de semana alternos y días

entre semana, "pero su madre me niega el acceso a

él".

Siempre que le toca, Area se presenta en el

domicilio de ella, en Los Alcázares, y llama al

telefonillo. Sólo cuando el niño tiene un año, y

tras varias denuncias, consigue ver al hijo que

creyó muerto.

CONDENADA POR LESIONES

Después, pelea, a veces físicamente -ella llega a

ser condenada en 2017 por lesiones por una de sus

trifulcas-, para lograr una custodia compartida que

finalmente logra hace ahora un mes. Tras creer

que su hijo había muerto, ser obligado a un

análisis de ADN para convertirse en padre y luchar

por siquiera verle, Álvaro Area tarda seis años en

lograr estar en pie de igualdad con su madre con

respecto a su hijo (una iter judicial que merecería

otro reportaje como éste).

Y ahora, seis años después también, la noticia: la

Fiscalía del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción número 15 de San Javier pide tres

años y medio de cárcel para los dos acusados, Lidia

R. y Lucas S. Dos por alteración de paternidad, y

uno y medio por falsedad documental, por

inscribir al niño en el Registro Civil con un padre

falso a sabiendas.

No sólo eso. Pese a que ella lo niega, el juez da por

cierto que la mujer aseguró ante la Guardia Civil

que el bebé había muerto, "sin que Lucas S. lo

negase". La imputada, además, sostiene que los

mensajes de Whatsapp se mandaron desde un

móvil que no era suyo, pero el magistrado

tampoco la cree, apoyándose en mensajes que

tenía en otro teléfono.

Su compañero también está en difícil tesitura:

pese a que alega desconocer que el niño no era

suyo, el magistrado cree que se inculpó al

preguntarle a Álvaro Area si era el padre del

menor con el siguiente mensaje, en noviembre de

2015, que reproducimos en su rugosa textualidad:

"Yo solo kiero saber si os habeis acostado por k

ella dice k no k a sido por invitro lo del crio" [sic].

En el procedimiento de familia, durante la pugna

por la custodia del menor, ella alegó que, cuando

dio a luz a Lucas, tuvo depresión postparto y se

olvidó de que lo había parido: "Tuve depresión

postparto, no me acordaba del crío. Yo creía que

había muerto. Le decía a mi pareja que no tenía

ningún hijo", declaró en un informe al que ha

tenido acceso EL MUNDO.

En realidad, como consta en el informe de Familia,

lo había dado en adopción. La mujer aseguró que

había proyectado un trauma previo de su vida:

había perdido tiempo antes a un hijo de un año, lo

que le había llevado a pensar que a Lucas le había

sucedido lo mismo, alegó. El psicólogo que recogió

esas manifestaciones, nombrado por el juez de

Familia, terminaba su informe, el pasado mes de

marzo, recomendando que la custodia pasara al

padre, cosa que sucedía hace un mes.

"UNA PESADILLA QUE DIO PASO A OTRA"

La historia, que espera fecha de juicio en estos

días, pivota en torno a un tipo penal de lo más

inhabitual en la jurisprudencia española: la

alteración de la filiación, una rara avis en la

historia jurídica española, caso Niños Robados

aparte.

¿Y cómo ha vivido y vive el gallego Álvaro Area

esta increíble peripecia? "Aquel día ante la Guardia

Civil me hundí, me creí completamente que mi

hijo había muerto... Pero luego me activé porque

me di cuenta de que tenía que actuar muy rápido.

Pasé una pesadilla que luego dio paso a otra

pesadilla", terminado contando a sus íntimos

Este diario ha intentado ponerse en contacto con

él, sin éxito. "No quiere separarse de su hijo para

nada, ni que salir a la luz perjudique al niño",

cuentan sus cercanos.

Pregunta dura: ¿quiere él que la madre de su hijo

vaya a la cárcel? "No busca venganza, pero sí

justicia".

La convivencia con nueva pareja extingue el derecho de uso de la vivienda familiar

Publicado el


 


https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/el-tribunal-supremo-insiste-la-convivencia-de-uno-de-los-conyuges-con-una-nueva-pareja-extingue-el-derecho-de-uso-de-la-vivienda-familiar-tras-el-divorcio/

JURISPRUDENCIA


 

El Supremo insiste: la convivencia de uno de los cónyuges con una nueva pareja extingue el derecho de uso de la vivienda familiar tras el divorcio



Como así ya lo reconociera la revolucionaria STS 641/2018, de 20 de noviembre, ahora, la Sección Primera de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su reciente STS 488/2020, de 23 de septiembre, vuelve a acordar la extinción del uso de la vivienda familiar atribuido al cónyuge custodio y a sus hijos, como consecuencia de la convivencia en la misma de la nueva pareja sentimental.



En este caso, el actor alega la existencia de una modificación sustancial de las circunstancias al tiempo de adoptarse las medidas relativas al uso de la vivienda familiar. En concreto, se invoca respecto de la medida de atribución del derecho del uso de la vivienda familiar -que, en sentencia de divorcio de enero de 2011, se atribuyó a la madre y a los tres hijos menores, de los que actualmente solo uno es menor- la circunstancia sobrevenida de haber contraído la demandada matrimonio con su nueva pareja, y conviven en el domicilio familiar, razón por la que insta la extinción de dicho uso, de forma principal.

Primera instancia

La demanda es desestimada. Considera el juzgador que la circunstancia alegada de la convivencia de la progenitora custodia con su nuevo esposo, en el domicilio familiar -que está acreditado- nunca podría servir de base para extinguir el derecho de uso atribuido por sentencia de divorcio a la esposa e hija, pues conforme al art. 96 CC, el uso se atribuye al progenitor que ostente la custodia del menor. Considera, por tanto, que dicha convivencia no fundamenta una extinción del derecho del uso, conforme a los arts. 90, 91 y 96 CC, que responde al interés superior del menor.

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Segunda instancia

El recurso de apelación es desestimado. La Sección 24ª de la Audiencia Provincial de Madrid entiende que el matrimonio de la apelada con otra persona, -y que esta habita en el domicilio familiar- no es suficiente para acordar la extinción, por existir todavía un hijo menor de edad -de nueve años-, subsistiendo el derecho a seguir usando y de manera preferente dicho domicilio junto a su madre per relationem, como guardadora.

Omisión de la doctrina jurisprudencial “que extraña sobremanera”

Si la sentencia de la Audiencia es de fecha 11 de abril de 2019, ¿cómo es posible que desconozca la doctrina jurisprudencial contenida en la STS del Pleno 641/2018, de 20 noviembre? Eso se debió preguntar el ahora recurrente en casación.

Así las cosas, a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo le “extraña sobremanera que la sentencia recurrida, de fecha 11 de abril de 2019, no se haga eco ni cite la jurisprudencia de la sala respecto del supuesto sobre el que decide, en concreto de la sentencia de pleno número 641/2018, de 20 de noviembre anterior a la fecha en que se dictó la recurrida”.

Argumenta la misma que los intereses que aquí confluyen ya los tenía en consideración la olvidada y revolucionaria sentencia de 20 de noviembre de 2018. En concreto:

“(i) El derecho de uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de las circunstancias que concurren en el caso. Se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter familiar. La vivienda sobre la que se establece el uso no es otra que aquella en que la familia haya convivido como tal, con una voluntad de permanencia (STS 726/2013, de 19 de noviembre). En el presente caso, este carácter ha desaparecido, no porque la madre e hijos hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero, dejando de servir a los fines del matrimonio. La introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua naturaleza «por servir en su uso a una familia distinta y diferente», como dice la sentencia recurrida.

(ii) La medida no priva a los menores de su derecho a una vivienda, ni cambia la custodia, que se mantiene en favor de su madre. La atribución del uso a los hijos menores y al progenitor custodio se produce para salvaguardar los derechos de aquellos. Pero más allá de que se les proporcione una vivienda que cubra las necesidades de alojamiento en condiciones de dignidad y decoro, no es posible mantenerlos en el uso de un inmueble que no tiene el carácter de domicilio familiar, puesto que dejó de servir a los fines que determinaron la atribución del uso en el momento de la ruptura matrimonial, más allá del tiempo necesario para liquidar la sociedad legal de gananciales existente entre ambos progenitores.

El interés de los hijos no puede desvincularse absolutamente del de sus padres, cuando es posible conciliarlos. El interés en abstracto o simplemente especulativo no es suficiente y la misma decisión adoptada en su día por los progenitores para poner fin al matrimonio, la deben tener ahora para actuar en beneficio e interés de sus hijos respecto de la vivienda, una vez que se ha extinguido la medida inicial de uso, y que en el caso se ve favorecida por el carácter ganancial del inmueble y por la posibilidad real de poder seguir ocupándolo si la madre adquiere la mitad o se produce su venta y adquiere otra vivienda”.

Por todo ello, la Sala estima el recurso de casación y acuerda la extinción de la atribución del uso de la vivienda familiar a la madre y a los hijos, prolongándose el citado uso un máximo de un año (por habilitación de la STS 568/2019, de 29 de octubre), “para que las partes se acomoden a la nueva situación y tengan tiempo de ordenarla, sin poner en riesgo el interés de los menores”.

Últimas entradas

Condenada una joven a 40 años de prisión por el asesinato de sus dos bebés recién nacidos en Elche

Publicado el

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-condenada-joven-40-anos-prision-asesinato-bebes-recien-nacidos-elche-202201141641_noticia.html

Condenada una joven a 40 años de prisión por el asesinato de sus dos bebés recién nacidos en Elche

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a 40 años de prisión a una mujer por el asesinato de sus dos bebés recién nacidos, justo después de dar a luz en el cuarto de baño de su vivienda de Elche.

La sentencia, que recoge el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, ha sido notificada este viernes a las partes y puede ser recurrida en apelación al TSJCV.

Los hechos ocurrieron el 30 de enero de 2020, cuando la acusada, entonces de 18 años de edad, se encerró en el cuarto de baño de su domicilio, que compartía con su madre, su padrastro y su hermano menor, y alumbró, sin solicitar ningún tipo de ayuda, a dos neonatos.

 

Primero dio a luz a un bebé y, «con la intención de acabar con su vida, o al menos representándose la posibilidad de que esto ocurriera y asumiendo dicho resultado, lo introdujo en una bolsa de plástico», según declara probado la resolución judicial.

Después dio a luz a un segundo bebé que metió en la misma bolsa con el primero. Ambos niños fallecieron al no establecerse la función respiratoria, pues también se encontraban tapados con toallas.

La magistrada que presidió este juicio con jurado ha condenado a la madre como autora de dos delitos de asesinato con la agravante de parentesco a sendas penas de 20 años de prisión.

Informe violencia doméstica 2021

Publicado el

Informe Estadístico y Recopilatorio de Casos

de Violencia Doméstica ejercida presuntamente por algunas Mujeres en España, se incluye también

enlace oficial a las estadísticas de la Violencia ejercida por algunos Varones.

En este informe, es probable que falten casos que no hayamos detectado

Año 2021

creado por

Año 2021

 

¿PORQUE POCAS PERSONAS HABLAN DE LOS PRESUNTOS MALTRATOS, ASESINATOS, DENUNCIAS

FALSAS, ETC.. COMETIDOS POR MUJERES CONTRA SUS HIJOS, PAREJAS, FAMILIARES, ETC..?

Un año más, La Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias elabora un informe, donde lo que se pretende, no es polemizar o en su defecto,

demonizar a un sexo u otro, todo lo contrario, pero estas cifras también hablan por si solas, lo que se pretende con este informe, es HACER SABER, esa

otra realidad, que no suele tener la misma repercusión. Las personas, (sin distinción de sexo, edad, color o religión) pueden ser víctimas y/o agresoras, como

se podrá comprobar en este informe.

Parte de la sociedad suele estar más acostumbrada a ver en los diferentes Medios de Comunicación, Estadísticas, Charlas, etc… información sobre

Asesinatos o Maltratos a Mujeres, niños, a manos de varones, en 2021 que hayamos detectado a día que se hace público este informe, han sido (43)

Seguidamente está el enlace a los datos oficiales; https://violenciagenero.igualdad.gob.es/home.htm NO se les da la misma

repercusión, al menos no parecen tener la misma relevancia, los asesinatos, maltratos, denuncias falsas, etc… por parte de mujeres hacia sus hijos,

hacia sus parejas varones, familiares, etc…. TODA la violencia, independientemente de quien la cometa.

La Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias CONDENARÁ Y RECHAZARÁ SIEMPRE DE MANERA ENÉRGICA Y CONTUNDENTE

TODA LA VIOLENCIA, VENGA DE DONDE VENGA, como lo lleva haciendo desde su nacimiento en el año 2003 ahí están las hemerotecas que certifican

nuestras concentraciones, escritos y demás, rechazando TODOS LOS EPISODIOS DONDE LA VIOLENCIA ESTÉ PRESENTE

Más de una persona quizás se sorprenda, una vez haya leído estos datos, aunque seguramente faltarán más casos que en esta asociación no hayamos

detectado ya que este tipo de noticias, no son tratadas y/o publicitadas, ni tienen la misma repercusión, dependiendo del sexo de la persona que los cometa,

además no los hemos juntado todos, si no repartidos en varios apdos. según se podrá comprobar.

No debería ser necesario hacer este tipo de informes, pero lamentablemente hemos de hacerlo, para que la sociedad sepa TODA LA REALIDAD, no solo la

que algunas personas quieren hacer saber, solo así se podrá trabajar para evitarlos TODOS.

¿Qué desgraciadamente hay muchos más casos de mujeres maltratadas y asesinadas, así como niños? esta asociación no lo duda, ni lo desmiente, los

medios de comunicación, campañas y demás, nos informan, mañana, tarde y noche de ello, pero……….¿IMPORTA APOYAR LAS CIFRAS O A TODAS

LAS VICTIMAS?

Hechos como estos, son los que nos deberían hacer reflexionar a todas las personas sobre la importancia de Legislar y Actuar de manera igualitaria, sin

discriminación por razón de sexo, edad, raza o religión, ni censura, a diferencia de como se hace con otras noticias, para que un año tras otro, no tengamos

que hacer de nuevo este tipo de Informes, por otra parte, desagradables para todas las personas.

La violencia, puede venir de cualquiera de las partes, por tanto, dentro del ámbito familiar, llamemos a las cosas por su nombre VIOLENCIA DOMÉSTICA y

tratemos a todas las personas por igual. Para ello es necesario que trabajemos todas las personas unidas, mediando entre todas las personas y para todas

las personas, (que no sexos) en casos como estos y otros muchos, tanto cometidos por hombres, como por mujeres, no vuelvan a ocurrir jamás.

Muchos de estos casos, probablemente se evitarían, entre otros, con La Custodia Compartida como Norma, salvo en aquellos casos excepcionales que

no pueda llevarse a cabo en las separaciones y divorcios con hijos, con más PEF (Puntos de Encuentro Familiar) Juzgados exclusivos de Familia en

todas las provincias de España, Casas de Acogida para varones obligados, por sentencia judicial y sin recursos económicos, a abandonar sus

domicilios los cuales, muchos de ellos, ni siquiera tienen donde ir, La persecución de Oficio de las Denuncias Falsas, Mediación Familiar obligatoria,

La desaparición de las Pensiones Compensatorias, la Pensión de Viudedad únicamente para la última esposa, la persecución Penal del

impedimento del régimen de visitas, en definitiva, UNA LEY IGUAL PARA TODOS.

Esta Asociación NO quiere quitar nada a nadie, queremos Compartir!!!!!! decimos bien, COMPARTIR, apoyos, custodia compartida, centros de

atención legal y psicológica, casas de acogida, etc….. para nosotros, eso es……….. IGUALDAD REAL, RECHAZAMOS LA Violencia, Las

Manipulaciones, Los Abandonos…….

VER INFORME EN ARCHIVO ASOCIADO

Extinguida la pensión de alimentos del hijo

Publicado el

que no visitaba a su padre cuando le operaban

Padre e hijo llevaban 11 años sin hablarse

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/extinguida-la-pension-de-alimentos-del-hijo-que-no-visitaba-a-su-padre-cuando-le-operaban/

La Audiencia Provincial de Cantabria ha extinguido la pensión alimenticia que un padre venía abonando en favor de su hijo de 25 años, por la inexistente relación familiar entre ambos.

Según la sentencia de 15 de diciembre de 2021, el hijo llegó a reconocer en el acto del juicio que llevaba 11 años sin hablar con su padre y que tuvo conocimiento de que este último fue operado en tres ocasiones y que decidió no ir a visitarlo.

Frente a la sentencia de instancia en que se decretó el divorcio de los litigantes y se adoptaban medidas inherentes al mismo, se alzan ahora ambas partes en apelación pretendiendo lo siguiente:La madre solicita modificar la cuantía (que se incremente a 400 euros) de la pensión compensatoria y su duración (que se establezca con carácter indefinido).

  • El padre peticiona que se elimine tanto la mencionada pensión compensatoria como la alimenticia que abona en favor de su hijo de 25 años.

En concreto, cabe apuntar que la sentencia de instancia fue dictada en marzo de 2021 y atribuyó el uso del domicilio familiar a la madre, fijó una pensión de alimentos a cargo del padre y a favor de su hijo de 100 euros mensuales (por un período de dos años) y estableció una pensión compensatoria a cargo del padre y a favor de su expareja de 250 euros mensuales (por un período de cinco años).

Sobre la pensión de alimentos

En primer término, respecto a la petición de extinción de la pensión alimenticia, la AP de Cantabria reproduce los apartados séptimo y octavo del fundamento jurídico tercero de la STS 104/2019, de 19 de febrero.

Allí, entre otros extremos, se declara que, en la línea marcada por distintas AAPP, no resultaría equitativo que quien renuncia a las relaciones familiares y al respaldo y ayuda de todo tipo que éstas comportan, pueda verse beneficiado después por una institución jurídica que encuentra su fundamento, precisamente, en los vínculos parentales.

Además, recuerda allí el Alto Tribunal que, aunque el Código Civil prev que la obligación de prestar alimentos se extingue por el hecho de que el alimentado incurra en alguna causa de desheredación, entre estos últimos motivos no se contempla, como sí lo hace el CC de Cataluña, “la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario, si es por una causa exclusivamente imputable al legitimario”.

 

Un padre de Sevilla denuncia la desaparición de sus dos hijos, a los que se llevó su madre hace mes y medio

Publicado el

https://sevilla.abc.es/provincia/sevi-padre-sevilla-denuncia-desaparicion-hijos-llevo-madre-hace-y-medio-202112201758_noticia.html

Un padre de Mairena del Aljarafe ha denunciado este lunes ante la Guardia Civil la desaparición de sus dos hijos, de catorce y doce años de edad, a los que se llevó su madre a principios de noviembre ante su rechazo a que éstos recibiesen la vacuna contra el coronavirus.

Según ha informado a este periódico José Javier Toucedo, abogado del padre de los menores, la madre de éstos es una persona reacia a que sus hijos se vacunen contra el Covid-19, pero también a que reciban la segunda pauta de las que se contemplan en el calendario de vacunación infantil, como por ejemplo la tosferina.

Esta postura, a la que el padre se oponía, llevó a la madre a pedir judicialmente la patria potestad en lo que relativo a la decisión de vacunar a sus hijos.

El Juzgado de Familia número 17 de Sevilla falló dando la razón al padre. La decisión judicial era recurrible ante la Audiencia de Sevilla pero también era ejecutable, por lo que en la primera ocasión que los menores estuvieran bajo custodia del padre, éste podría vacunarlos.

En ese instante, el abogado de la mujer trasladó al letrado del padre que su clienta no va a dejar a los niños con su progenitor en turno correspondiente del régimen de visitas y no los va a llevar al colegio para evitar que sean vacunados.

De Tomares a Jerez

Ella cumplió su aviso. Sucede en los primeros días del pasado mes de noviembre. Los niños desde entonces no han vuelto a su centro escolar, situado entre Mairena del Aljarafe, lugar de residencia del padre, y Tomares, donde vivía la denunciada, que ahora mantenía una relación con un hombre de Jerez de la Frontera.

El riesgo a que los menores pierdan el curso es alto. La dirección del colegio activó el protocolo de absentismo y citó a la madre, quien insistió, según el abogado Javier Toucedo, en que no llevaría a sus hijos al centro.

El tiempo que ha transcurrido sin que los menores regresen al colegio es el mismo que lleva el padre sin poder ver a sus hijos. Éste, ante tal situación, acudió al juzgado de guardia de Sevilla para poner una denuncia por sustracción de menores y abandono, solicitando la aprobación, como medida cautelar, de un oficio a la Guardia Civil para que acudiese a la vivienda de la pareja de la denunciada a las afueras de Jerez de la Frontera, que es donde tenía a los menores.

El Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla, en turno de guardia, no decidió al respecto y turno el caso al de Instrucción número diez, quien viendo que no se había tomado resolución alguna sobre la medida cautelar, lo devolvió al siete. Y este órgano judicial a la Fiscalía, donde allí está el asunto sin resolver.

Mientras tanto, según el letrado del padre, se ha interpuesto una demanda por la vía civil para pedir una modificación del régimen de custodia compartida, en la que se le conceda de forma privativa al progenitor. Además, se insta al juzgado una medida urgente para que la madre entregue a los menores, lo que también está pendiente de tramitarse.

De forma paralela la madre solicitó al Juzgado de Familias número 17 de Sevilla que no se procediera a la vacunación de sus hijos mientras la Audiencia de Sevilla no resolviese el recurso que ella interpuso contra la decisión de que fuera el padre quien tuviera la patria potestad sobre la vacunación.

El juzgado, ante esta petición, citó a la madre de forma urgente. Seguían pasando los días y el padre seguía sin ver a sus hijos. El pasado 16 de diciembre la mujer recibió la notificación con la decisión del juez: revocación temporal del régimen de custodia compartida, otorgando al padre la misma para salvaguardar el interés de los menores.

Un día después, el 17, ella desapareció con sus hijos, vistos por última vez en Jerez horas antes. Ese mismo día 17 un familiar suyo llamó al padre para preguntarle si sabía algo de la mujer y los menores. La respuesta fue negativa. Este familiar interpuso la primera denuncia por desaparición ante la Guardia Civil de Mairena.

Hoy mismo el padre ha vuelto a poner una segunda denuncia y los niños se han declarado policialmente desaparecidos, según ha detallado el abogado, quien recuerda que llevan sustraídos desde los primeros días de noviembre, lo que ya sucedió durante el confinamiento por el coronavirus, cuando la madre se los llevó a Jerez durante cuarenta días. Esto se conoce en plena vorágine informativa por el caso Juana Rivas.

La Justicia apoya la vacunación a los niños en los casos de discrepancia entre sus padres

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https://www.zamoranews.com/articulo/nacional/justicia-da-vacunacion-ninos-casos-donde-progenitores-piensen-diferente/20211218110137189536.html

La Justicia da el "SÍ" a la vacunación de los niños en casos donde los progenitores piensen diferente

La vulnerabilidad de los menores será el objeto de dudas de las familias y la posterior intervención de los enfrentamientos
 

Mi hijo necesita un psicólogo. ¿Puedo llevarlo sin consentimiento del otro progenitor?

Publicado el

https://www.raquelfrancoabogada.com/permitir-asistencia-psicologica/

Las crisis matrimoniales pueden resultar muy difíciles para los hijos. Por eso a veces es frecuente que el otro progenitor tenga que permitir la asistencia psicológica del menor después de la separación o divorcio de ambos.

Sin embargo, tras la ruptura se vuelve complicado tomar decisiones, y puede que no estéis de acuerdo en la necesidad de someter a tratamiento a los pequeños. ¿Qué ocurre en estos casos?

¿Necesito el consentimiento de mi ex pareja para llevar a mis hijos al psicólogo?

Hay quien opta por llevar a los niños al psicólogo unilateralmente. La decisión es comprensible, ya que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Pero a nivel jurídico la cuestión no es tan sencilla. Tras la ruptura, determinadas situaciones requieren el consentimiento de ambos cónyuges, siempre que conserven la patria potestad.

En general, la patria potestad se mantiene aunque la guarda y custodia haya sido atribuida en exclusiva a uno de los padres. Así que en la mayoría de las ocasiones las decisiones de especial trascendencia deberán ser adoptadas conjuntamente.

Una cosa es que se trate de un acto cotidiano, como hacer una excursión, llevar determinados horarios o elegir el menú semanal. Estas decisiones cotidianas se pueden adoptar sin problemas por cada uno de los progenitores.

Si la decisión es más relevante, pero resulta urgente, en general también se podrá tomar unilateralmente. Por ejemplo, elegir un tratamiento o autorizar una intervención quirúrgica en el instante posterior a un accidente grave.

Pero cuando las decisiones sean importantes y además no exista tal situación de urgencia, ambos progenitores tendréis que poneros de acuerdo. Este es el caso de someter al niño a terapia infantil.

La terapia infantil desde una perspectiva jurídica

Nuestro ordenamiento jurídico considera que someter a los niños a terapia psicológica (también psiquiátrica) es una decisión de suficiente relevancia como para que deban adoptarla ambos progenitores conjuntamente y permitir la asistencia psicológica del menor al progenitor que lo proponga.

Los propios Colegios de Psicólogos han prestado atención a esta cuestión, regulada principalmente:

  • En el artículo 25 de su Código Deontológico, que requiere la comunicación con los padres cuando se trata a un menor.
  • También en el artículo 9.3.c) de la Ley de Autonomía del Paciente, que determina que cuando el menor de edad no pueda comprender (intelectual o emocionalmente) el alcance de la intervención, el consentimiento informado deberá ser prestado por representación, a través de sus padres.
  • Y en el artículo 156 del Código Civil, que determina que la patria potestad compartida implica la necesidad de decidir conjuntamente aspectos relevantes que afecten a la educación, la salud o el desarrollo emocional del menor.

Así, los Colegios concluyen con buen criterio que para prestar atención a menores de 16 años (en algunos Colegios esta edad se reduce hasta los 14 años) es necesario recabar el consentimiento de ambos progenitores.

Y esta medida, en realidad, es acertada para prevenir posteriores conflictos. Principalmente porque los Tribunales han resuelto reiteradamente en este sentido.

Así, la jurisprudencia entiende que los tratamientos psicológicos y psiquiátricos resultan de suficiente entidad como para que ambos padres debáis consentirlos. En caso de que no os pongáis de acuerdo, siempre podréis solicitar la autorización judicial.

¿Cómo llevo a los niños al psicólogo si mi pareja se niega?

Si os resulta imposible llegar a un acuerdo, el artículo 156 del Código Civil os permite solicitar la autorización judicial. Esta autorización sustituirá a la del progenitor y permite la asistencia psicológica del menor.

Debes saber que el proceso se aplica para cada acto concreto. Es decir, si acudes al juzgado para que el Juez te autorice a llevar a tus hijos al psicólogo todavía necesitarás llegar a acuerdos para realizar cada uno de los actos que hemos indicado en el apartado anterior.

El proceso de solicitud de autorización judicial es relativamente sencillo. Presentarás una solicitud y unos días después de admitirse se os citará a una comparecencia. En esta participaréis:

  • Tu ex pareja y tú, en todo caso.
  • El Ministerio Fiscal, en defensa de los derechos e intereses de los menores.
  • Tus hijos, siempre que tengan “suficiente madurez” y, en todo caso, cuando tengan más de 12 años.

El Juez oirá a todos los comparecientes y analizará las pruebas y documentos que aportéis. La decisión se tomará mediante Auto, en el que determinará si permitir la asistencia psicológica del menor.

Ten en cuenta que para realizar esta solicitud no es imprescindible la asistencia de abogado y procurador. Sin embargo, contar con el asesoramiento de un abogado de familia incrementará tus posibilidades de éxito y te evitará problemas formales, jurídicos o de fondo.

Algunas soluciones preventivas

Recuerda que antes de presentar una demanda conviene que intentes llegar a un acuerdo con tu ex pareja. Si no hay manera de conseguirlo, una buena opción puede ser acudir a mediación familiar.

Los mediadores familiares son profesionales especializados en facilitar la comunicación. No pueden tomar decisiones, como hacen los árbitros o jueces, pero os ayudarán a acercar vuestras posiciones para explorar soluciones favorables para todos.

Por supuesto, la efectividad de estas medidas será mayor si has establecido un convenio regulador realista y previsor. Así, nada impide que en este documento incluyas una cláusula donde permitir la asistencia psicológica del menor o menores en caso de presentar algún trastorno, que se suele manifestar en ansiedad, depresión, falta de concentración o problemas de autoestima, no sea un problema.

Estos síntomas llevan a los pequeños a tener problemas de rendimiento escolar y de aislamiento social. Por tanto, si consideras que tus hijos necesitan asistir a terapia infantil, recuerda que necesitarás el consentimiento de tu ex pareja salvo que preveas lo contrario en el convenio regulador.

Si necesitas el concurso de tu ex pareja y no lo consigues siempre podrás contratar a un abogado de familia para que defienda los intereses de tus hijos en juicio. La terapia infantil es muy recomendable en estos casos, y es fácil que consigas la autorización judicial si tus hijos la necesitan.

La Justicia apoya la vacunación a los niños en los casos de discrepancia entre sus padres

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https://www.elconfidencial.com/espana/2021-12-18/justicia-apoya-vacunacion-ninos-casos-discrepancia_3341738/

La especial vulnerabilidad de los menores a quienes se dirige la nueva campaña provoca dudas en las familias e incrementará la intervención de los tribunales para resolver los enfrentamientos

 
EC EXCLUSIVOArtículo solo para suscriptores

Los Juzgados de familia se preparan estos días para una segunda ola relacionada con el covid. La vacunación de los menores de entre 5 y 11 años dará lugar a un aluvión de solicitudes de autorización o de paralización judicial de la inoculación de las dosis en aquellos casos en los que existe discrepancia entre los padres sobre si sus hijos deben o no inmunizarse.

El juez del caso Juana Rivas: «Me siento halagado de que me sometan a escarnio público»

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https://sevilla.abc.es/andalucia/granada/sevi-juez-caso-juana-rivas-siento-halagado-sometan-escarnio-publico-202112201601_noticia.html

El magistrado granadino Manuel Piñar arremete contra la defensa de la madre granadina y asegura «la credibilidad» de los presuntos abusos sexuales al menor

 

Álvaro Holgado

GRANADA Actualizado:20/12/2021 16:01hGUARDAR

 

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El juez Manuel Piñar, magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, se ha defendido este lunes de las acusaciones recibidas a lo largo de esta última semana tras su rechazo a dejar en libertad a Juana Rivas y suspender los 10 meses de condena que aún le quedan por cumplir.

A través de un comunicado al que ha tenido acceso ABC, el magistrado ha señalado sentirse «halagado» por el «escarnio público» al que «determinadas personas» le están sometiendo a su juicio, «aún a costa de manipular publicaciones y hacer fotomontajes con mis datos».

«Me preocuparía seriamente y estaría muy afectado anímicamente sí, en estas circunstancias, hubiera sido objeto de sus alabanzas o sus prebendas o medallas, que nunca aceptaría, porque las condecoraciones y hasta los nombramientos para altos cargos, valen lo que vale el que los concede» ha concretado Piñar.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De la misma manera, ha querido defender su postura en cuanto a la existencia de los presuntos abusos que habría recibido el hijo menor de Rivas mientras este estaba a su cargo. Este, precisamente, fue su principal argumento en el que se basó en el auto que rechazaba la suspensión de la pena y en el que ahora vuelve a ahondar en el comunicado. «Introducir al niño en el lugar donde pudo ser presuntamente abusado, puede suponer el grave riesgo de que vuelva a tener contacto con el abusador», apunta.

Al tiempo, reflexiona sobre ello. «Creo que cualquier persona sensata respondería igual a la siguiente cuestión: ¿dejaría usted que su hijo volviera con el progenitor que se halla en el mismo lugar y ambiente dónde, según niño, alguien le hizo daño en el.. y donde puede estar el señor X que es alguien que le hizo daño en el..?».

«Credibilidad» del menor

Para ello, Piñar explica el proceso por el cual llega a la conclusión de que dicho peligro existe. El informe que él mismo elabora para el Ministerio de Justicia y donde se mencionan los presuntos abusos, señala el juez, «se cita literalmente la expresión recogida a un menor por el médico que le hacía una revisión. Según acoge el informe el menor dijo: «Alguien me ha hecho daño en el…» y omito aquí esta última palabra, añadiendo la localización expresa del pasaje en la causa. Es la única referencia directa a lo manifestado por el menor, ya que no consta que fuera explorado, y por ello se consideró especialmente importante».

 

Dicho esto, ataca de nuevo a la defensa de Rivas y sus detractores, a quienes remarca que «para mí esa manifestación del niño, tiene credibilidad. Quienes rebatan esto, no me rebate a mi, ni atacando mi credibilidad, pues en realidad a quién quieren callar es al menor y están rebatiendo y restando credibilidad a un niño que en abril de 2017 dijo alguien me ha hecho daño en el… y la del forense que dijo no es descartable que eso sea resultado de…», destaca el juez.

La Justicia apoya la vacunación a los niños en los casos de discrepancia entre sus padres

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https://www.elconfidencial.com/espana/2021-12-18/justicia-apoya-vacunacion-ninos-casos-discrepancia_3341738/

 

Los Juzgados de familia se preparan estos días para una segunda ola relacionada con el covid. La vacunación de los menores de entre 5 y 11 años dará lugar a un aluvión de solicitudes de autorización o de paralización judicial de la inoculación de las dosis en aquellos casos en los que existe discrepancia entre los padres sobre si sus hijos deben o no inmunizarse. Las dudas se incrementan al tratarse de la población más vulnerable y las diferencias de criterio, sobre todo en parejas separadas o divorciadas, obligan a la Justicia a pronunciarse.

La Junta y la Fiscalía conocían del presunto abuso sexual del hijo de Juana Rivas

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El niño dijo que “alguien le había hecho daño en el ano”; el asunto despierta muchos interrogantes

 
 

La española Juana Rivas, condenada por sustracción de menores.

Actuall ha tenido acceso a toda la documentación de la causa

Todo empezó el pasado 11 de abril cuando la profesora de la guardería de uno de los hijos de Juana Rivas decide llevar al pequeño al pediatra tras quejarse de manera reiterada de dolor en el ‘culete’. ¿Por qué Juana Rivas no se apercibió de ese problema de su hijo?, ¿por qué no fue ella quien le llevón un primer informe la misma Juana reconoce que el niño le dice que alguien le ha metido algo por el ano. “Reinterrogado el niño dice que alguien le ha hecho daño en el ano”, señala el informe. 

Primer informe forense preliminar

Le remiten al pediatra con la policía local por “dilatación anal con estrías y mucosa friable”. El informe forense provisional del Instituto Medicina Legal de Granada concluye que el niño tiene el ano dilatado con bordes enrojecidos y lesión en la parte anterior en forma de V cicatrizada y brillante” y que el niño refiere dolor.

El informe señala “dolor y espasmo voluntario al intentar hacer la toma rectal”. Recomienda hacer la prueba de semen aparentemente detectado y el ingreso hospitalario para pruebas complementarias, pero parece que el informe definitivo nunca llegó.

El mismo 12 de abril la delegación de Granada de la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales pide la apertura de informaciones previas. Se suma la fiscalía del menor y se pone en marcha todo el protocolo de abuso sexual de menores.

El 2 de mayo se emite providencia para que el menor fuera a ser evaluado psicológicamente por Márgenes y Vínculos, una fundación a la que la consejería encarga el análisis de los presuntos abusos sexuales. ¿Por qué no el Instituto de Medicina Legal o los psicólogos foreneses?

La fecha para el examen se fija el 12 de mayo a las 13:00. Y aquí se produce un apagón informativo hasta que el 24 de agosto la juez le pide a Márgenes y Vinculos que resuelvan “inmediatamente” habiendo pasado tres meses para un tema urgente. El mismo día Márgenes y Vínculos responden diciendo que han tenido mucho trabajo y que responderán “a la mayor brevedad posible”.

El mismo 24 el juzgado responde dándoles un plazo máximo de 15 días para emitir su informe, pero al día siguiente, la juez ordena a la Guardia Civil que investigue qué está pasando.

El 28 de agosto el fiscal pide todo el expediente del caso y se lo dan pero la jueza pregunta a la fiscal de menores si piensa hacer algo con el testimonio solicitado.

Al día siguiente, el 29 de agosto, la magistrada pregunta al Instituto de Medicina Legal de Granada por el asunto y le pide intervenir. Inopinadamere el IML de Granada responde preguntando si existe el informe definitivo. ¿Pregunta sobre un informe que deberían de haber hecho ellos mismos?, ¿en qué quedaron las pruebas adicionales que recomendaron hacer?, ¿y el análisis del ADN del semen detectado en la exploración inicial?

Finalmente, el 30 de agosto, ante el ‘mosqueo’ de la jueza, Márgenes y Vínculos emite -por fin- su informe en donde concluye que “no se han detectado indicadores psicológicos” de abuso sexual. Recomiendan seguir la vía médica y en todo caso, seguir monitoreando el caso. 

El informe también dice que mantuvo con el hijo de Juana Rivas tres reuniones, el 12 de mayo, el 16 de mayo y el 26 de mayo.

El chaval se muestra “esquivo” en un primer momento a hablar del tema. Luego, cada vez más cansado y finalmente, “cierta evitación” de preguntas directas sobre la zona del ano “ignorando las preguntas”. ¿No es indicio de abuso?

Por su parte, el informe de Márgenes y Vínculos señala que también entrevistó a la madre en esas tres fechas, informando que acudió acompañada de su abogado en un primer momento. También afirma que  la madre no supo señalar un posible agresor para después señalar que podrían ser otras causas y que ella también tiene problemas médicos en la misma zona que podría haber heredado el hijo.

Conclusiones del informe de Márgenes y Vínculos

Con este informe la causa fue archivada, pero los interrogantes permanecen. ¿Por qué fue la maestra y no la madre quien detecta el problema?, ¿por qué la madre reconoce en primer instante que estuvo en una casa rural con un hombre de su edad y no lo señala como posible agresor?, ¿por qué acude a una exploración psicológica con un abogado?, ¿por qué Márgenes y Vínculos sugieren seguir monitoreando el caso pero descartan evidencia psicológica de abuso sexual?, ¿por qué el Instituto de Medicina Legal no concluye su trabajo cuando ellos mismos encargan la prueba de semen y de ADN?

Muchas preguntas y pocas respuestas. Lo que es seguro es que la Junta de Andalucía, y la Fiscalía conocían perfectamente estas circunstancias -que por cierto se producen en plena sustracción de los menores- y aún así forzaron un juicio mediático en defensa de Juana.

Dolores Delgado es corresponsable. E Irene Montero, también.