Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

ASOCIACIÓN GALLEGA DE PADRES Y MADRES SEPARADOS

Página de seguimiento de la Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento de Galicia: Ley de Corresponsabilidad Parental http://ilpcoparentalidade.sitio.gal

 

Asociación integrada en la Confederación Estatal de Padres y Madres Separados CONPAPÁYMAMÁ

 

Nos separamos de nuestras parejas.
¡NO QUEREMOS QUE NOS SEPAREN DE NUESTROS HIJOS!

¡¡CUSTODIA COMPARTIDA YA!!

664782590 (Lugo) 679415033 (Coruña)

 619707286 (Santiago) 679998931-649757144 (Ferrol)

620598600 (Vigo) 617235835 (Pontevedra)   

 

https://www.facebook.com/agpns.info

 

Colaboran Profesionales concertados:

MEDIACIÓN FAMILIAR

Gabinete Psicológico "SEIVA" (mediador familiar registrado en Xunta de Galicia , terapia de pareja)

Tf 981.224.961

MASTER EN TERAPIA DE CONDUCTA

  href="http://www.uned.es/master-terapia-d-conducta/terapeutas/_a_coruna.htm"

http://www.psicologiaseiva.es

https://www.facebook.com/gabinetedepsicologiaseiva

 

Bufete de Abogados de D. Ignacio Bermúdez de Castro

Tf 981209794

Contestaremos a las consultas jurídicas, psicológicas o prácticas que nos formuléis pulsando aquí.

 

Artículos destacados

Apoyo de Ciudadanos a nuestra I.L.P.

Publicado el

 La agrupación coruñesa de Ciudadanos en su asamblea ordinaria de 02/12/2016 ha aprobado por unanimidad el siguiente punto del Orden del Día:

"instar a la dirección del Partido a hacer público su apoyo a la I.L.P. sobre corresponsabilidad parental presentada y admitida en el Parlamento Gallego por la Asociación Galega de Pais e Nais Separados"

Ha comenzado la recogida de firmas. Pronto nos veréis en centros comerciales, plazas....Esperamos vuestro apoyo. Gracias

Iniciativa Legislativa Popular

Publicado el

El Parlamento de Galicia ha admitido a trámite la ILP Iniciativa Legislativa Popular para que se promulgue una Ley gallega de corresponsabilidad parentaL CON LA CUSTODIA COMPARTIDA POR DEFECTO EN CASOS DE SEPARACIÓN DIVORCIO O NULIDAD MATRIMONIAL. Este es el escrito de los promotores al Parlamento de Galicia y  esta la comunicación oficial de la Xunta Electoral de Galicia comunicando la aceptación y el inicio de su tramitación.

 

En los archivos asociados se pueden consultar las versiones con el texto oficial en gallego y el texto traducido al castellano.

 

Toda la información sobre la ILP y la actividad que se desarrolla puedes  consultarla en la página de seguimiento de la Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento de Galicia: Ley de Corresponsabilidad Parental http://ilpcoparentalidade.sitio.gal

 

Ponte en contacto con nosotros en el buzón y colabora con los fedatarios que recogen firrmas en las diferentes localidades de Galicia.

 

Firma en las plataformas en APOYO a la iniciativa. GRACIAS

www.change.org: Ciudadanos-españoles-apoyo-a-la-ilp-sobre-coparentalidad-presentada-al-parlamento-gallego

www.hazteoir.org: Apoyo a la I.L.P. sobre Coparentalidad presentada por la As. Gallega de Padres y Madres separados en el Parlamento Gallego

NO NOS MIRES. ¡¡ÚNETE!!

Publicado el

Ahora necesitamos más apoyo. Estamos un poco más cerca.

ACTIVIDADES PRINCIPALES EN 2013 (ver más en archivo asociado)

Entrevistas:

 

Enero, reunión con Susana López Abella, Secretaria Xeral de Igualdade en Santiago. Tema: Violencia de Género, Mediación Familiar como prevención. Participación en XI ENCUENTRO

 

Febrero Carlos Varela, Fiscal jefe Tribunal superior de Justicia de Galicia en A Coruña. Tema: implantación Mediación Intrajudicial en Lugo y A Coruña

 

Febrero, reunión con Directora Xeral de Familia. Tema: Mediación Familiar Intrajudicial en Lugo y A Coruña, Participación en XI ENCUENTRO

 

Febrero, reunión con Jueces de Lugo. Tema: Mediación Familiar Intrajudicial en Lugo

 

Febrero Reunión con fiscal Jefe de Lugo. Tema: Mediación Familiar Intrajudicial en Lugo

 

 Marzo, reunión con Alfonso Rueda, Vicepresidente Xunta de Galicia en Santiago. Temas: nueva Ley gallega de C...C. mediante modificación C. Civil de Galicia, implantación Mediación Intrajudicial en Lugo y A Coruña

 

9 de Abril en Madrid, reunión en la sede del P.P. con Manuel Altava Lavall senador  y otros miembros del P.P. Tema: la nueva Ley de C. C. prometida por Gallardón.

 

Abril, reunión con José Manuel Beiras Torrado, portavoz de AGE en el Parlamento de Galicia y Yolanda Díaz, de I.U. en _Santiago. Temas: nueva Ley gallega de C...C. mediante modificación C. Civil de Galicia, implantación Mediación Familiar Intrajudicial en Lugo y A Coruña

11 de Junio: reunión con el presidente de la comisión de Justicia del congreso de los diputados. Tema: nueva Ley de divorcio y custodia compartida

 

Resumen de informaciones sobre la Asociación (presentación y contacto)

Publicado el

Selección de informaciones sobre la Asociación (de entre las que se pueden encontra en esta Web o en Facebook). Si desea mantenerse informado, puede enviar un mensaje a oanton.diaz@gmail.com y subscribirse a nuestro boletín, o bien solicitar ser incluído en nuestro grupo de Whatsapp para un contacto cotidiano.

Lista de Profesionales concertados

Publicado el

Con la Asociación Gallega de Padres y Madres Separados.
Todos ellos están de acuerdo con nuestros planteamientos y singularmente con la CUSTODIA COMPARTIDA

DIVORCIO E I.R.P.F.

Publicado el

DIVORCIO  E   I.R.P.F.

Antonio M. Díaz Piñeiro,

vicesecretario Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

Tesorero Confederación Estatal de Padres y Madres Separados

 

La desigualdad impositiva, en caso de divorcio, se ha paliado algo desde el año 1997, ya que hasta entonces se daba la aberrante circunstancia de que el progenitor no custodio, que no habitaba el hogar familiar debía seguir pagando la hipoteca y no podía desgravar por ella al no constituir su residencia habitual. Tampoco podía desgravar la hipoteca de la vivienda que habitaba si podía comprarla (¿?¡)

Respecto de esta cuestión, la Dirección General de Tributos ha manifestado su criterio para los siguientes casos:

·          No hay hijos, y la vivienda sigue siendo la residencia habitual exclusivamente del cónyuge. No se pierde el derecho a la deducción por haberse adjudicado el uso de la vivienda al otro cónyuge, siempre que ambos mantengan su porcentaje de propiedad y sigan haciendo frente a las obligaciones de pago que les correspondan.

·         Los hijos son mayores de edad o han obtenido rentas durante el período impositivo. Ocurre lo mismo que en el caso anterior.

·         El contribuyente resulta obligado por el convenio regulador del divorcio a pagar el  total de las cuotas del préstamo hipotecario, aunque sólo sea propietario del 50% de la vivienda. Las cantidades pagadas sólo serán deducibles en la parte que corresponda a la titularidad del contribuyente, en este caso el 50%.

·         Un contribuyente casado que, sin que haya separación judicial o divorcio, se cambia de vivienda, produciéndose exclusivamente una separación de hecho. En este caso, al no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos en la ley (nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial), no se tendrá derecho a la deducción.

 

 

La aplicación de la desgravación a ambos progenitores por declaración conjunta sólo resultaría posible si, habiendo más de un hijo, se “reparten” entre los progenitores, ya que cada persona sólo puede formar parte de una unidad familiar

Esther Vidal Falcó nos ilustra:

Aquellos contribuyentes que estén separados/divorciados legalmente deberán tener en cuenta una serie de particularidades cuando estén preparando su declaración del IRPF en cuanto a la modalidad de tributación (individual vs. conjunta), a la aplicación del mínimo por descendientes, al tratamiento de las pensiones compensatorias en favor del cónyuge y a las anualidades por alimentos en favor de los hijos.

 Tributación conjunta. La Ley del IRPF establece que en los casos de separación legal la unidad familiar formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro podrán optar por tributar conjuntamente y aplicarse una reducción a la base imponible de 2.150 euros, sin que los hijos puedan formar parte de las dos unidades familiares al mismo tiempo. A este respecto, la Dirección General de Tributos (DGT) ha interpretado que la opción por la tributación conjunta corresponderá al padre o a la madre que tenga atribuida la guardia y custodia de los hijos a la fecha de devengo del impuesto (31 de diciembre), al tratarse del progenitor que convive con aquéllos, y con independencia del régimen de visitas que tengan pactado. En el caso de que la guarda y custodia sea compartida, la DGT ha interpretado que la referida opción puede ejercitarla cualquiera de los dos progenitores, si bien serán los propios progenitores quienes tendrán que decidir a quién le corresponde tal derecho.

NOTA propia: (otro elemento para propiciar disputas)

Mínimo por descendientes. A efectos de la aplicación del mínimo por descendientes la Ley del IRPF exige que los hijos tengan que convivir con el contribuyente, por lo que también será determinante a qué progenitor se le atribuye la guardia y custodia de los hijos. En el caso de que la guarda y custodia sea compartida, la DGT ha interpretado que el mínimo por descendientes se prorrateará a partes iguales entre los dos progenitores.

Aquí hay que puntualizar que lo lógico y adecuado al principio impositivo de contribuir según la renta disponible sería que el impuesto lo pagase la unidad familiar que recibe ese ingreso y no el que no puede disponer de esa renta.

Anualidades por alimentos a favor de los hijos satisfechas por decisión judicial. La Ley del IRPF establece que se aplicará la escala de gravamen de forma separada al importe de las anualidades por alimentos y al resto de la base liquidable general cuando el importe de dichas anualidades sea inferior a la base liquidable general (reduciendo de ese modo la progresividad del impuesto), y de la cuantía total resultante, se minorará la cuota correspondiente al mínimo personal y familiar incrementado en 1.600 euros. A este respecto, la DGT ha interpretado que este tratamiento de las anualidades sólo resulta aplicable cuando los progenitores no tengan derecho a aplicar el mínimo por descendientes antes comentado, aunque sea por el importe prorrateado, y teniendo en cuenta que la aplicación del citado mínimo prevalecerá sobre la aplicación de la escala de gravamen a las anualidades.


Aquí hay que puntualizar que lo lógico y adecuado al principio impositivo de contribuir según la renta disponible sería que el impuesto lo pagase la unidad familiar que recibe ese ingreso y no el que no puede disponer de esa renta.

Pensiones compensatorias a favor del cónyuge. La Ley del IRPF establece que las pensiones compensatorias satisfechas por uno de los cónyuges al otro, que haya sido fijada en la resolución judicial o lo hayan acordado los cónyuges en el convenio regulador de la separación o divorcio aprobado judicialmente, podrán ser objeto de reducción

En la tabla siguiente, con supuestos de tributación confeccionados con el programa PADRE de la AEAT para ingresos idénticos de una pareja divorciada puede apreciarse la diferencia impositiva, cuya injusticia es patente aún cuando la Custodia sea Compartida.

 

 



Últimas entradas

Maltrato infantil España

Publicado el

Informe elaborado por el Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia

Ver completo en archivo asociado

Coordinador Parental

Publicado el

A tal fin se dispone una medida de apoyo por un especialista en parentalidad, consensuado entre las partes

de mutuo acuerdo o designado por los Equipos de asesoramiento técnico en el ámbito de familia (EATAF),

de poder aceptar y realizar el trabajo en forma inmediata. En otro caso, la designación podrá recaer en un

profesional de las listas proporcionadas por el Colegio de Psicólogos de Cataluña de entre los especialistas en

parentalidad, en la forma prevista por el art. 341 de la Lec 1/2000 . El especialista contará con facultades para

mantener entrevistas con los progenitores, con lo menores, con los miembros de la familia extensa, profesores

y con los médicos psiquiatras o psicólogos que atiendan a los padres o a los hijos, sin perjuicio de lo dispuesto

en la Disposición Adicional sexta nº 4, in fine, del Llibro II CCCat . Debe intentar consensuar con los padres las

medidas de aproximación que entienda adecuadas (calendario, pautas y condiciones para la normalización de

la relación paterno-filial), informando al Juzgado de los acuerdos a los que las partes hayan llegado al respecto,

JURISPRUDENCIA

10

con su intervención o haciendo las propuestas de relaciones personales o estancias de los menores con el

padre que estime convenientes al Juez de la ejecución para que éste adopte la oportuna decisión, en caso de

desacuerdo. Su intervención será temporal por lo que cesará en el plazo de tres meses, salvo que el juez de la

ejecución disponga fundadamente una prórroga. Los gastos que comporte su intervención serán afrontados

por las partes en la forma dispuesta por el art. 241 y ss de la Lec 1/2000 .

Soluciones jurídicas al impedimento de contacto entre progenitor y los hijos

Publicado el

 
Es muy usual que se den situaciones de separación o divorcio en una pareja, en la que no saben cómo actuar o como organizarse con los niños cuando se están separando.
 
Muchas más parejas de las que creemos (70%), se organizan bastante bien, pero hay un porcentaje en torno al 30% que no saben cómo hacerlo. Muchas veces los abuelos echan una mano, pero otras veces complican las cosas.
 
El problema es cuando acuden a un/a abogada/a que les informa de cómo obtener ventajas de cara al proceso judicial.
 
Según un estudio que estamos realizando de casos de los años 2008 al 2016, nos encontramos que en este momento (contacto con abogado/a) del proceso de separación, los porcentajes cambian de forma ostensible.
 
Pasamos de aquel 70% que se organizaban ¡bien a solo un 20% y, pasamos de un 30% que se organizaban muy mal a un 80%. Veamos el gráfico.
 
 
De este dato podemos concluir que muchos/as abogados/as o bien no saben ayudar a sus clientes a organizar bien sus vidas mientras dura un proceso, o bien provocan con su trabajo, a sabiendas de ello, que las cosas se pongan peor para todos.
 
Lo habitual en mi trabajo es encontrarme con abogados/as que asesoran a sus clientes, sobre todo cuando son mujeres y madres, que impidan al padre ver a los niños “hasta que lo diga un juez”.
 
Me dirán que soy un exagerado, pero en el estudio que estamos terminando nos hemos encontrado este tipo de argumentos en 9 de cada 10 casos donde hay impedimento de contacto entre el padre y los hijos.
 
Así no nos sorprende que una vez presentan la demanda estos/as abogados/as, argumenten que sus clientas, son las cuidadoras principales de los hijos.
 
No debemos olvidar que una madre que impide a los niños que vean a su padre, ya no es delito ni nada de nada, aunque ya la Audiencia Nacional ha aplicado en estos casos (cuando no hay resolución judicial aún) el art. 225, bis del Código Penal. Alguna Audiencia Provincial ha ido más lejos, aplicando el delito del art. 455 del Código Penal (De la realización arbitraria del propio derecho) en estos casos.
 
Si hay una resolución judicial de por medio, y se impide el contacto entre los hijos y el padre o la madre, entiendo que es denunciable por la vía de estos artículos, además de la vía de un posible delito de desobediencia judicial.
 
Pero de lo que trata este artículo, es sobre cómo podemos evitar criminalizar a una familia en procesos de separación y/o divorcio, usando lo menos posible el Derecho Penal.
Cuando un padre o una madre no pueden ver y estar con sus hijos tiene la vía del artículo 771 de la LEC que nos dice que:
 
“1. El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los artículos 102 y 103 del Código Civil ante el tribunal de su domicilio.
Para formular esta solicitud no será precisa la intervención de procurador y abogado, pero sí será necesaria dicha intervención para todo escrito y actuación posterior.
2. A la vista de la solicitud, el Secretario judicial citará a los cónyuges y, si hubiere hijos menores o incapacitados, al Ministerio Fiscal, a una comparecencia en la que se intentará un acuerdo de las partes, que señalará el Secretario judicial y que se celebrará en los diez días siguientes. A dicha comparecencia deberá acudir el cónyuge demandado asistido por su abogado y representado por su procurador….
 
Esto es, que se pueden pedir medidas provisionales que se deben celebrar en los diez siguientes a que el Juzgado admita la solicitud. Además, no hace falta ni abogado ni procurador para presentar la demanda pero si para el juicio.
 
El problema es que los juzgados no cumplen con los plazos de la ley, y citan a los padres y madres que piden auxilio judicial, entre tres meses y hasta más de dos años después.
Durante todo ese tiempo, la organización de las responsabilidades parentales y el reparto de tiempos y espacios de la estancia con los niños, depende de la buena voluntad de las madres y de su abogado/a.
 
¿Por qué digo de las madres?
 
Porque desde la aprobación de la ley de violencia sobre la mujer en 2004, un padre que impide el contacto de sus hijos con su madre, es considerado delito de maltrato psicológico. Mientras que si es la madre la que impide dicho contacto padre-hijo, no es delito de maltrato psicológico.
 
Aunque ya ha habido algún juzgado que ha admitido denuncias por maltrato psicológico por este motivo, pero son casos anecdóticos.
 
Por ello, hace unos días, un Juzgado de Familia, consciente del retraso de la Justicia, ha tomado una idea que aportamos en nuestra solicitud de medidas provisionales:
 
Es un caso muy usual en nuestros despachos.
 
Una pareja se separa hace ahora un año, y el niño y el padre se veían casi todos los días, hasta que la madre contrata a una famosa abogada que le asesora en el sentido de aquello de que:
 
tú, hasta que no lo diga un juez, no le dejes ver al niño
 
Y así ha sido.
 
El padre tenía prevista una vista de medidas provisionales hace unas semanas y estaba ilusionado con volver de nuevo a su hijo, en estas vacaciones.
 
Pero la abogada de la madre, usando las normas, ha logrado que dicha vista se suspenda, para provocar atrasar la resolución varios meses más.
 
Esta parte ha pedido al Juzgado que adoptase medidas de protección del niño, en virtud de lo establecido en el art. 2 de la Ley de protección del menor de 1996, en la redacción nueva, dada en 2015 a través de la ley de la infancia y adolescencia.
 
Este artículo explica, entre otras muchas cosas, que se debe garantizar que el niño tenga contacto con su familia y evitarle situaciones que afecten a su desarrollo o su salud (mental).
 
La situación de riesgo para el niño, es que no puede ver a su padre porque la madre lo impide, y ello ha sido considerado por el Consejo de Europa y el TEDH como maltrato infantil. El propio CGPJ en un estudio de 2002, ya afirmaba lo mismo.
 
Pues, en este caso, el juzgado, mediante providencia, y en virtud de lo establecido en el art. 2 de la LO 1/96 ha decidido que hasta tanto se celebre el juicio, se garantice el contacto entre el padre y el hijo con el establecimiento de un reparto de tiempos de convivencia entre la madre y el padre.
 
Al final de la providencia dictada, se hace saber y se les advierte a ambos progenitores sobre las consecuencias que puede tener el incumplir lo decidido por el Juzgado (ex art. 776 de la LEC).
 
Creemos que es una solución legal que podría evitar muchos problemas a miles de niños que se ven involucrados en estos procesos.
 
Y ello bajaría el nivel de conflicto de la familia, y por ende, la aparición de estrategias que dan lugar a la aparición de casos de violencia intrafamiliar.
 
Con este tipo de soluciones, se benefician todos los miembros de la familia, pero sobre todo se protege de una forma muy eficaz los derechos de los niños.
 
Por ello, conmino a jueces, fiscales y abogados a que sigan esta línea legal, para obtener una pronta respuesta a la vida de los niños involucrados en estos procesos, largos y tediosos.
 
En la providencia de admisión de la demanda, si hay impedimento de contacto entre el hijo y algunos de sus progenitores, se acuerde por la vía del art. 2 de la LO 1/1996, establecer un reparto de tiempos de estancia de los niños con ambos progenitores desde el primer momento, hasta la vista.
 
En la Iniciativa Legislativa Popular de la asociación nacional Tod@s Iguales (http://ilpcustodiacompartidanacional.org/), sobre modificación del art. 92 de la C. Civil en la que participé, presentada ante el Congreso de Diputados en el año 2015, ya anunciábamos este tipo de soluciones, para todos los tipos de familias.
 

Sevilla, 26 de julio de 2017.-
 

Renovación Junta directiva

Publicado el

Acta de la Asamblea Extraordinaria de  24/11/2014 y listado nueva junta directiva

El Parlamento Gallego admite a trámite nuestra I.L.P.

Publicado el

El Parlamento Gallego ha admitido a trámite la ILP sobre Coparentalidad presentada por la Asociación Galega de Pais e Nais Separados

Ahora debemos recabar al menos 10.000 firmas para que se debata.

VER en ARCHIVOS ADJUNTOS

EL JUEZ SERRANO REHABILITADO

Publicado el

 

 

NOTA: aunque tarde, se ha reparado un atropello judicial

 
xyzediciones.com
El Tribunal Constitucional rehabilita al juez Serrano

El Tribunal Constitucional rehabilita al juez Serrano

9
El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia en la que rehabilita al juez Francisco Serrano en la carrera judicial declarando inconstitucional una sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al magistrado a diez años de inhabilitación por modificar el turno de custodia de un menor al que facilitó salir en una cofradía de la Semana Santa de Sevilla, una condena que motivó su expulsión de la carrera judicial y que Serrano recurrió ante el Constitucional que ahora le da la razón.
El fallo del TC anula la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó al entender que en su decisión hubo dolo, elevando la pena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por un delito de prevaricaciòn culposa de dos a diez años. Como consecuencia de esta sentencia ahora anulada, el magistrado perdió la condición de juez que ahora recupera.
El fallo del TC rechaza por tanto el argumento esgrimido en su sentencia por el Tribunal Supremo en el sentido de que Francisco Serrano tuviera conocimiento de que había un juzgado que se había pronunciado sobre la custodia del menor y dictado medidas urgentes de manera que no le correspondía la competencia para prolongar en dos días la estancia del niño con su padre, a pesar de que los magistrados admitieron que hay supuestos en los que la legislaciòn permite a un juez intervenir pese a que exista una causa abierta en otro juzgado si bien entendieron que en el caso del juez Serrano no estaba justificado porque no se daban las condiciones de urgencia y necesidad que ahora el Tribunal Constitucional reconoce en su fallo. Condiciones que, sin embargo, también avaló  la Audiencia Provincial de Sevilla que ratificó el criterio del juez Serrano.
El juez Francisco Serrano ofrecerá junto a su abogado Fernando Rodríguez Galisteo una conferencia de prensa una vez haya estudiado el fallo del Tribunal Constitucional

INFORME SOBRE RUPTURAS FAMILIARES EN ESPAÑA, 2015

Publicado el

Elaborado por el Observatorio de Rupturas Familiares

De la Asociación de Custodia Compartida Ya de Valencia. Septiembre 2016.

1. Divorcios con hijos según cónyuge que debe de ejercer la custodia, por CCAA, 2015

2. Gráfica. Evolución de los divorcios con hijos cuando la custodia es compartida por Comunidades Autónomas, %, 2009-2015.

3. Evolución de los divorcios con hijos cuando la custodia es compartida por Comunidades Autónomas, %, 2009-2015.

4. Divorcios con hijos según cónyuge que debe de ejercer la custodia, por Provincias, 2015

5. Divorcios según conflictividad (mutuo acuerdo/contencioso) y quien ejerce la custodia, total estatal, 2015.

NOTA IMPORTANTE: Los divorcios que se recogen en esta estadística únicamente corresponden a las rupturas de las parejas matrimoniales. Las rupturas de las parejas no matrimoniales (de hecho, etc..) no se computan.

Observatorio de rupturas familiares: http://menglassceiling.jimdo.com

VER EN ARCHIVO ASOCIADO

La Nulidad matrimonial exime del pago de pensiones compensatorias.

Publicado el

España

Todos los matrimonios, civiles o eclesiásticos, pueden ser anulados si concurren las causas previstas en la ley, que están circunscritas a la capacidad (impedimentos), al consentimiento (vicios del consentimiento) y a la forma (vicios de forma).

Las sentencias de los tribunales eclesiásticos han de ser homologadas por un juez civil, a partir de cuyo momento tienen efectos civiles y se inscriben en el Registro Civil. El contrayente cuyo matrimonio ha sido declarado nulo pasa a tener estado civil de soltero y sus hijos tienen la consideración de hijos putativos (de putare, pensado).

 

 

 

 

La nulidad del matrimonio civil se obtiene mediante demanda interpuesta mediante abogado y procurador ante el Juzgado del domicilio de uno de los contrayentes. Es susceptible de recurso conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Capacidad

·                Edad inferior a 18 años. Es dispensable a partir de los 14 años.

·                Haber contraído vinculo matrimonial previo y subsistente.

·                Tener parentesco en línea recta sin límite de grado o en línea colateral hasta el tercer grado. El tercer grado en la línea colateral es dispensable.

·                Haber atentado contra la vida del cónyuge anterior del otro contrayente. Es dispensable.

Consentimiento

·                Error en la identidad del otro contrayente o en aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubiesen sido determinantes para la prestación del consentimiento.

·                Violencia, intimidación o medio grave.

·                Dolo provocado para obtener el consentimiento.

Forma

·                Celebrarse sin la asistencia del juez, alcalde o funcionario correspondiente.

·                Matrimonio celebrado por poderes que sean nulos.

·                Falta de uno o de los dos testigos.

·                Celebración del matrimonio en peligro de muerte si no concurría esta circunstancia.

Ambas normativas, canónica y civil, son muy similares en cuanto a las causas, si bien la canónica es más minuciosa en su desarrollo, pueden extraerse análogos supuestos en una y otra normativa. La canónica regula específicamente los impedimentos relativos al matrimonio de sacerdotes y religiosos.

Efectos

Es común en la opinión pública pensar que la nulidad sólo interesa desde la perspectiva eclesiástica para poder volver a contraer matrimonio por la Iglesia. Realmente, la distinción entre nulidad y divorcio trae importantes consecuencias, pues con la primera el matrimonio nunca ha existido, mientras que con el segundo, el matrimonio ha quedado disuelto. La nulidad del matrimonio evita pagar pensiones compensatorias y aplica reglas particulares a la liquidación del régimen económico matrimonial. En el caso de que uno de los cónyuges sea declarado de mala fe en el procedimiento de nulidad, se le podrá imponer la obligación de indemnizar al otro contrayente si ha existido convivencia conyugal y, en el caso del matrimonio canónico, el vetum o imposibilidad de volver a casarse por la Iglesia, temporal o definitivamente4 . Tratándose de personas con problemas psíquicos o de discernimiento, ambas normativas se muestran cuidadosas a la hora de tramitar un expediente matrimonial ulterior.

Resolución: La CNMC multa al Colegio de Abogados de Madrid y al de Alcalá de Henares

Publicado el

 Ambos colegios realizaron recomendaciones de precios mínimos a sus asociados a través de la publicación de unos supuestos criterios orientativos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) con una multa de 459.024 euros y al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (Icaah)con una multa de 25.264 euros por sendas infracciones del Artículo 1 de Ley 15/2007 de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia, consistentes en la realización de recomendaciones colectivas de precios dirigidas a sus colegiados.

Según explica la CNMC en una nota informativa sore esta resolución, la Ley de Colegios Profesionales, el ejercicio de las profesiones colegiadas debe realizarse en régimen de libre competencia y está sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y formación de precios, a la Ley sobre Defensa de la Competencia (LDC). Esta prohíbe la existencia de recomendaciones colectivas de precios, incluso aunque sea a través de baremos de carácter meramente orientativo.

En particular, la CNMC ha acreditado que el ICAM publicó en 2013 una recopilación de criterios para la emisión de dictámenes sobre honorarios profesionales a requerimiento judicial, a efectos de la tasación de costas, que constituía una recomendación colectiva de precios, al no incluir verdaderos criterios sino una lista completa de los honorarios que debían aplicar los abogados colegiados en Madrid en sus servicios profesionales.

612:28 horas

TwitterAmbos colegios realizaron recomendaciones de precios mínimos a sus asociados a través de la publicación de unos supuestos criterios orientativos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) con una multa de 459.024 euros y al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (Icaah) con una multa de 25.264 euros por sendas infracciones del Artículo 1 de Ley 15/2007 de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia, consistentes en la realización de recomendaciones colectivas de precios dirigidas a sus colegiados.

Según explica la CNMC en una nota informativa sore esta resolución, la Ley de Colegios Profesionales, el ejercicio de las profesiones colegiadas debe realizarse en régimen de libre competencia y está sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y formación de precios, a la Ley sobre Defensa de la Competencia (LDC). Esta prohíbe la existencia de recomendaciones colectivas de precios, incluso aunque sea a través de baremos de carácter meramente orientativo.

En particular, la CNMC ha acreditado que el ICAM publicó en 2013 una recopilación de criterios para la emisión de dictámenes sobre honorarios profesionales a requerimiento judicial, a efectos de la tasación de costas, que constituía una recomendación colectiva de precios, al no incluir verdaderos criterios sino una lista completa de los honorarios que debían aplicar los abogados colegiados en Madrid en sus servicios profesionales.

En el caso del Icaah, la CNMC ha acreditado también la publicación en 2013 en su página web de unos criterios orientativos de honorarios de los abogados que incluían un listado de precios y, además, la prohibición en sus estatutos colegiales del pacto de cuota litis entre abogado y cliente.

El pacto de cuota Litis es un acuerdo previo por el que el cliente se compromete a pagar al abogado, únicamente, un porcentaje del resultado conseguido una vez que se ha resuelto el caso, e independientemente de que consista en una suma de dinero, bien o valor. La prohibición de este pacto de pago entre abogado y cliente, recogida expresamente en los Estatutos del Icaah, supone una evidente vulneración de la prohibición de recomendación de honorarios por parte del colegio.

El análisis de los criterios orientativos publicados por el Icaah en octubre de 2013 ha acreditado que en ellos se recoge un verdadero listado de precios y no un conjunto de criterios orientadores. Los supuestos criterios incluyen tanto valores de referencia expresados en euros como escalas y tramos de cuantías a las que se aplican distintos porcentajes. Por ello, la CNMC considera que no se trata demeros criterios orientativos sino, como en el caso del ICAM, de auténticos baremos de honorarios, lo que vulnera claramente la Ley de Colegios Profesionales y la Ley de Defensa de la Competencia.

En el año 2013, el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC), tuvo conocimiento de la publicación en la página web de ambos colegios profesionales de la documentación referida en relación con sus criterios de honorarios profesionales (la recopilación de criterios del ICAM y los criterios orientativos del Icaah). El SDC inició sendas investigaciones de oficio sobre la posible existencia de conductas realizadas por los citados colegios contrarias a la normativa reguladora de defensa de la competencia. 

Los divorcios en cifras La custodia compartida podrá entrar en vigor en un año si el Parlamento la apoya

Publicado el

LA VOZ DE GALICIA

Padres separados aspiran a que la ley gallega se equipare con la catalana y la valenciana

 
Ana Lorenzo
Redacción / La Voz 10/10/2016 05:00

Que madres y padres separados puedan compartir la custodia de sus hijos es una alternativa que hasta hace unos años era prácticamente una utopía para buena parte de los progenitores españoles, y mucho más para los gallegos. Sin embargo, esta situación está cambiando y en el 2015 se optó por este régimen en uno de cada cuatro casos de divorcio en España. También en Galicia el porcentaje de rupturas que han terminado con esta solución participativa en el cuidado de los menores ha aumentado considerablemente, y desde el 2009 hasta el año pasado se pasó de un 6,8 % a un 15,6 %. Así, de las 2.761 separaciones con hijos que se produjeron en el 2015, 432 acabaron en custodia compartida, 2.129 se fallaron a favor de la madre y 182 a favor del padre.

Comunidades con ley propia

Aunque el avance es significativo, queda todavía muy lejos de lo que sucede en otras comunidades autónomas, como en Cataluña (40,5 %) o la valenciana (35,8 %), que junto con Aragón (34 %), Navarra (26,6 %) y el País Vasco (25,9 %) son las cinco regiones que cuentan con una ley autonómica específica de custodia compartida. En Galicia quieren seguir el camino iniciado por ellas y esta misma semana está previsto que la Asociación Galega de Pais e Nais Separados presente en el Parlamento gallego una iniciativa legislativa popular, que ha sido bautizada como ley de relaciones familiares en igualdad tras el cese de la convivencia entre las personas progenitoras.

Lois Toirán, presidente de la entidad, reconoció que «a perspectiva de que se aprobe non é mala, porque hai vontade de falar», y aseguró que cuentan con el apoyo de representantes de las distintas comarcas gallegas y de todos los partidos con los que se han entrevistado para solicitar su colaboración. «Existe unha demanda real e é un camiño que xa está iniciado en moitos sitios. Non podemos quedarnos atrás nin esperar a que se aprobe unha lei estatal, porque hai especificidades galegas que hai que recoller nunha normativa autonómica», apuntó.

Calculó que, si todo va según lo previsto, el plazo en el que podría entrar en vigor la nueva ley de custodia compartida de Galicia rondaría el año, ya que tiene que superar los distintos trámites parlamentarios, «nos que se pode ir modificando a nosa proposta e ir engadindo aportacións, que sempre serán benvidas, sempre e cando non supoñan ningún recorte».