Padres y Madres Separados

Si por cualquier razón el padre acumula pagos atrasados por un importe superior a 5000 dólares, se convierte de inmediato en un rebelde.
Si emigra a otro estado teniendo pagos atrasados, tal vez para encontrar trabajo, se convierte en un rebelde.
Es posible que pueda ser declarado rebelde desde el mismo momento en que sus hijos son recogidos.
Si la pensión alimenticia que se le designa es lo suficientemente alta y si tiene el atraso suficiente, será considerado un rebelde instantáneamente y puesto inmediatamente bajo arresto.

Una presunción de culpabilidad impregna el sistema de refuerzo para las pensiones de alimentos de los hijos, en las que "la carga de la prueba puede ser desplazada al defensor", de acuerdo con una norma escrita.
Violando claramente la Constitución, se afirma que "no todos los procedimientos contenciosos de pensiones alimenticias clasificados como penales recaen bajo la acción de un jurado" y "incluso los obligados a un pago que estén en la indigencia no tendrán necesariamente el derecho a un abogado"

Establecer las pensiones alimenticias de los hijos es un proceso político dirigido por grupos de interés involucrados en la recolecta de ese dinero pero de los cuales están excluidos los padres que pagan ese dinero.
Tal legislación, emanada de los juzgados y de las agencias de refuerzo para la recolecta de estas cantidades, levanta serias dudas acerca del principio de la separación de poderes y de la constitucionalidad del proceso.
Cuando los funcionarios de todas las ramas y niveles del gobierno tienen un interés financiero en la caza de "delincuentes", es predecible que acaben creando delincuentes para cazar.
Obviamente, tanto más onerosos son las pensiones y tanto más incumplimientos o atrasos crean, más se demanda la ejecución coercitiva y más se solicita el personal y los poderes requeridos para ejercerla.