Reedición de ?El Proceso? de Kafka y retorno de Torquemada.
(Reflexiones en torno a la nueva Ley que desarrolla la Orden de Protección contra las Víctimas de la Violencia Doméstica.)
Julio Bronchal Cambra.
Publicado el
Describe Franz Kafka, en su novela fundamental “El proceso”, la trágica historia del anónimo oficinista Josef K.
Cierto día se presentan en su domicilio dos lacónicos funcionarios para comunicarle que se ha iniciado un proceso contra él, pero sin notificarle las causas que lo motivan ni los cargos que lo sustentan.
A la sorpresa e indignación iniciales le seguirán, en el estado de ánimo de Josef K., el dolor asociado a la incomprensión y el injusto rechazo social, los sentimientos de indefensión e insignificancia frente a una gris burocracia y, finalmente, la desesperanza y resignación con las que aceptará una sentencia que, escrita de antemano, no le dejará más salida que la aceptación de su propia condena.
Lejos de haber sido superado el siniestro panorama que describe Kafka en su novela, éste se nos presenta hoy, y cada vez más, como una amenazadora realidad.
El progresivo desmantelamiento de las garantías procesales y de la pérdida de espacios de libertad para el ciudadano occidental, tendencia que se acelera y justifica a partir del 11 de septiembre, tiene también su manifestación en el ámbito de lo más estrictamente privado, en el propio mundo de la intimidad familiar.
La reciente, y apresuradamente, aprobada Ley de Orden de Protección para la Violencia Doméstica es un buen ejemplo de cómo privar de derechos y protecciones fundamentales al ciudadano.
En la práctica una espada de Damocles sobre los adultos varones. Es una muestra de cómo pervertir el sentido de la carga de la prueba en un litigio al favorecer la presunción de culpabilidad sobre la de inocencia.
Esta ley sitúa al acusado en la indefensión al no contemplar suficientes garantías procesales. Por todo ello parece animada por el espíritu de las promulgadas por los estados represivos y totalitarios.
Su aplicación ofrece un terreno abonado para la siembra de la denuncia falsa, que incentivada y alentada irresponsablemente, no tardará en ofrecer una cosecha de más conflicto, violencia y vidas destrozadas.
El escenario para el proceso kafkiano ya ha sido construido. Bajo la indiscriminada acusación de “maltratador” cualquiera puede ser convocado al mismo. El espíritu de Borges se remueve en su tumba inquieto por el deseo de añadir un nuevo capítulo a su célebre “Historia Universal de la Infamia”.
¿Cuál es el origen de este engendro represivo? Es el fruto de la coincidencia de una forma demagógica de hacer política con los intereses de una casta burocratizada e instalada cerca del propio poder político y que, hipócritamente, dice “luchar contra la violencia doméstica”, cuando no hace más que estimulara en beneficio propio para justificar su propia supervivencia.
El feminismo radical y burocrático, no el verdaderamente igualitario al que me sumo sin reservas, el “femi-aparitchki”, ha conseguido con éxito borrar de la conciencia social la diferencia entre lo que significa una denuncia y una sentencia condenatoria.
El mensaje ramplón y repetido, con perfección técnica que admiraría al mismo Goebbels, y que viene siendo transmitido a la sociedad es el de igualar la denuncia a la sentencia, la acusación al resultado del juicio, la sospecha a la confirmación de la misma.
Precisamente es, en el espacio conceptual existente entre denuncia y sentencia, donde residen los principios de la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y el derecho a un juicio justo, es decir el territorio del derecho democrático y las libertades públicas e individuales.
Cierto día se presentan en su domicilio dos lacónicos funcionarios para comunicarle que se ha iniciado un proceso contra él, pero sin notificarle las causas que lo motivan ni los cargos que lo sustentan.
A la sorpresa e indignación iniciales le seguirán, en el estado de ánimo de Josef K., el dolor asociado a la incomprensión y el injusto rechazo social, los sentimientos de indefensión e insignificancia frente a una gris burocracia y, finalmente, la desesperanza y resignación con las que aceptará una sentencia que, escrita de antemano, no le dejará más salida que la aceptación de su propia condena.
Lejos de haber sido superado el siniestro panorama que describe Kafka en su novela, éste se nos presenta hoy, y cada vez más, como una amenazadora realidad.
El progresivo desmantelamiento de las garantías procesales y de la pérdida de espacios de libertad para el ciudadano occidental, tendencia que se acelera y justifica a partir del 11 de septiembre, tiene también su manifestación en el ámbito de lo más estrictamente privado, en el propio mundo de la intimidad familiar.
La reciente, y apresuradamente, aprobada Ley de Orden de Protección para la Violencia Doméstica es un buen ejemplo de cómo privar de derechos y protecciones fundamentales al ciudadano.
En la práctica una espada de Damocles sobre los adultos varones. Es una muestra de cómo pervertir el sentido de la carga de la prueba en un litigio al favorecer la presunción de culpabilidad sobre la de inocencia.
Esta ley sitúa al acusado en la indefensión al no contemplar suficientes garantías procesales. Por todo ello parece animada por el espíritu de las promulgadas por los estados represivos y totalitarios.
Su aplicación ofrece un terreno abonado para la siembra de la denuncia falsa, que incentivada y alentada irresponsablemente, no tardará en ofrecer una cosecha de más conflicto, violencia y vidas destrozadas.
El escenario para el proceso kafkiano ya ha sido construido. Bajo la indiscriminada acusación de “maltratador” cualquiera puede ser convocado al mismo. El espíritu de Borges se remueve en su tumba inquieto por el deseo de añadir un nuevo capítulo a su célebre “Historia Universal de la Infamia”.
¿Cuál es el origen de este engendro represivo? Es el fruto de la coincidencia de una forma demagógica de hacer política con los intereses de una casta burocratizada e instalada cerca del propio poder político y que, hipócritamente, dice “luchar contra la violencia doméstica”, cuando no hace más que estimulara en beneficio propio para justificar su propia supervivencia.
El feminismo radical y burocrático, no el verdaderamente igualitario al que me sumo sin reservas, el “femi-aparitchki”, ha conseguido con éxito borrar de la conciencia social la diferencia entre lo que significa una denuncia y una sentencia condenatoria.
El mensaje ramplón y repetido, con perfección técnica que admiraría al mismo Goebbels, y que viene siendo transmitido a la sociedad es el de igualar la denuncia a la sentencia, la acusación al resultado del juicio, la sospecha a la confirmación de la misma.
Precisamente es, en el espacio conceptual existente entre denuncia y sentencia, donde residen los principios de la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y el derecho a un juicio justo, es decir el territorio del derecho democrático y las libertades públicas e individuales.