Padres y Madres Separados

Debe quedar fuera de toda duda de que si ningún juez de Burgos se quiere declarar competente para dar un dictamen jurídico a esta denuncia, mal puede declararse competente cualquier esposa y  madre que, unilateralmente, se haya llevado o se esté llevando  a menores no emancipados del domicilio conyugal y familiar, hijos de matrimonios constituidos libre y voluntariamente, a centros financiados con fondos públicos o a otros sitios no financiados con fondos públicos con la presunta garantía jurídica de una denuncia, ni necesaria, ni probada, ni juzgada.

Debe quedar muy claro que las asociaciones privadas, que atienden estos centros, no asumen la responsabilidad jurídica de la violación, para nosotros, de los derechos humanos y constitucionales de esos menores no emancipados, la asumen las madres, normalmente sin conocimientos jurídicos correctos.

Debe quedar muy claro que el año pasado, cuando se descubrieron presuntas irregularidades, de todo tipo,  muy graves en una casa de acogida de la ciudad de Valladolid, la Junta de Castilla y León, en palabras de la Ilma. Sr. Dª Ana Parra Sancho, Directora General de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, dijo que la Junta de Castilla y León sólo tenía responsabilidades administrativas sobre la misma y las presuntas irregularidades. Por ello, damos por probado que la Junta de Castilla y León no se responsabiliza de los derechos de los menores no emancipados llevados por esposas y madres a esos centros, sin permiso, conocimiento y autorización de sus legítimos esposos y padres, o a otros sitios previa denuncia contra el esposo que eligieron.

Debe quedar muy claro que el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Municipal de Burgos no se declaran responsables de los derechos, personales y distintos de sus madres,  de los menores no emancipados que son ingresados en esos centros, financiados con fondos públicos, unilateralmente, por sus madres, casadas legalmente con esposo de su elección o llevados a otros lugares, previa denuncia.

Debe quedar muy claro que el Iltre. Colegio de Abogados de Burgos y los abogados que financia el estado español, a través del Ministerio de Justicia, para atención de casos de posible conflictividad matrimonial y familiar, no salen responsables de los derechos de los menores no emancipados, hijos de las esposas y madres que atienden.

Las esposas y madres asumen unas responsabilidades jurídicas muy grandes con las instrucciones y consejos de diversas personas y folletos que publican diversas administraciones, que afectan a hijos comunes, menores no emancipados, de matrimonios constituidos libre y voluntariamente.

Es opinión jurídica de esta asociación que las esposas y madres no representan a esos menores no emancipados que se llevan de la vivienda familiar o domicilio conyugal, sin permiso, conocimiento y autorización del legítimo esposo y padre, si interviene la administración del estado, pues los esposos y padres también tienen derechos, y los hijos menores no emancipados tienen otros derechos distintos de ambos padres.

Es opinión de esta asociación, que salvo que la retirada de esos menores no emancipados, hijos de matrimonios constituidos libre y voluntariamente, de la vivienda familiar o domicilio conyugal, se haga con autorización firmada por juez de la ciudad de Burgos, corren un gravísimo riesgo jurídico, pues pueden ser acusadas de secuestro de menores, con la complicidad de personas y asociaciones y organismos públicos. No podemos permitir estas actuaciones sin el aval y la firma de un juez, por parte del estado español.