La nueva Ley del divorcio, demanda urgente
Diario Vasco, 12 de diciembre de 2004
JUSTO SÁENZ IÑIGUEZ/PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES SEPARADOS
La aplicación de la Ley del divorcio 30/1981 de 7 de Julio viene aumentando en muchos casos la conflictividad
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en las situaciones de separación/ divorcio básicamente por los siguientes motivos: para lograr la separación/di- vorcio hay que culpabilizar a una de las partes, en un proceso lento, largo y frecuentemente con denuncias o argumentos falsos; a pesar de la evolución social, del derecho del menor a relacionarse con ambos padres, de la igualdad mujer/hombre y de la implicación de ambos padres en el cuidado y educación de los hijos se adjudica la guardia y custodia del menor a la madre en un 94%; se aplica un régimen quincenal de visitas de los hijos con el no custodio que posibilita la pérdida de relación entre ambos; se reconoce al progenitor no custodio el derecho a la patria potestad compartida, pero le es imposible ejercitar ese derecho; con el sistema de pen- siones alimenticias genera necesidades en el menor en la adolescencia,y número de impagos de las mismas importante; al no liquidar los gananciales, la vivienda básicamente, genera frecuentemente en el que sale una situación económica difícil, que dificulta frecuentemente su integración social, su relación con el menor (no tiene un lugar adecuado a veces) y en ocasiones lo situa al borde de la marginación social; y en situaciones de grave confrontación se favorece, por la pasividad y falta de medios del sistema judicial, la manipulación del menor.
Lo que se denomina síndrome de alineación parental. Hecho que afecta a unos 20.000 niños en estos momentos.
La sociedad ha evolucionado y ya, por ejemplo en el País Vasco, 5000 parejas se vienen divorciando al año, parejas cuyo tramo de edad mayoritario es el comprendido entre 36 y 25 años, personas con una concepción de vida, una situación socioeconómica y una relación de pareja muy diferentes a las de los años 80. por tanto, la modificación de la Ley del Divorcio es una necesidad urgente, un derecho de los ciudadanos y un deber del gobierno.
La nueva Ley del Divorcio debiera plantearse varios objetivos, entre ellos: la reducción de la conflictividad en las situaciones de separaciones y divorcio, que supone una reducción de los costes emocionales y económicos, el reconocimiento del derecho del menor a relacionarse con ambos conyuges y asegurar unas condiciones socioeconómicas equitativas a las partes tras la separación/divorcio.
Para lograr los mismos es necesario: un gran acuerdo parlamentario y social, pues es un proyecto de ley que debe ser negociado con las organizaciones sociales representativas y que debiera reunir el máximo consenso político; una coordinación interministerial para el logro de estos objetivos , fundamentalmente del Ministerio de Justicia,Trabajo y Asuntos Sociales y Vivienda; una negociación con la Comunidades Autónomas,ya que algunas competencias como Mediación Familiar están transferidas, otras pueden estarlo en breve plazo y competencias de vivienda y temas de carácter social estan también transferidas; la opinión de las CC AA debiera ser pieza fundamental en el diseño de cualquier ley de carácter orgánico; y una dotación presupuestaria suficiente que permita llevar la misma adelante.
El Gobierno ha presentado un proyecto en el que las únicas novedades son la unificación real de procesos separación/divorcio , la reducción de plazos y la aparición de la posibilidad de la guardia y custodia compartida, aunque ya había sentencias en este sentido.
Es un proyecto de ley que apenas aporta cosas nuevas, con muchísimas lagunas que en el tema de guardia y custodia compartida puede generar muchos más problemas de los que pretende resolver por su inconcrección y por dejar la mayor parte de la responsabilidad en manos de los jueces, a los que no se les dota ni de criterios ni de herramientas.
Es un proyecto de ley que no aborda los graves problemas que la separación/divorcio genera como son los incumplimientos de los regímenes de visita, los impagos de pensiones, la manipulación del menor, el ejercicio real de la patria potestad, la adjudicación de la vivienda familiar y la liquidación de los gananciales o el derecho y obligación de ambos a convivir y educar a sus hijos después de la separación/divorcio el derecho del menor a no separarse de sus padres cuando estos se separan/divorcian.
A fín de enriquecer este proyecto y que la nueva ley del divorcio sea de futuro y también se vaya acercando a los objetivos de coordinación legislativa en el área de familia que la Unión Europea se ha planteado, la Federación de Euskadi de madres y padres separados ha planteado al Gobierno del Estado una serie de propuestas que requieren una actuación coordinada de varios Ministerios y del Estado y la CCAA.
Entre ellas caben destacar: la generalización y potenciación de la mediación familiar en todo el Estado, facultando a los jueces la posibilidad de remitir los casos a este servicio; que se recoga el criterio de que los padres se separan pero no por ello se tienen que separar los hijos de los padres.
En este sentido potenciar la guardia y custodia compartida, concretando la misma en un plan de cooparentalidad (convivencia con el menor, residencia del mismo,aportaciones económicas,educación).
Estableciendo así mismo un mecanismo de mediación que pueda en primera instancia resolver los desacuerdos: dotar a los jueces de criterios, medios personales especializados y herramientas para que en caso de desacuerdo puedan decidir qué tipo de custodia aplicar en beneficio del menor; penalizar las denuncias falsas; y modificar el sistema de pensiones alimenticias y priorizar la liquidación de los gananciales, básicamente el hogar conyugal.
Hay otras medidas fundamentales para cumplir los objetivos de esta ley que no entran en el ámbito de la misma como la creación de juzgados de familia en todas las demarcaciones judiciales; formación y especialización de jueces,secretarios judiciales etc ; recursos sociales como los equipos técnicos(psicosociales) y una red de puntos de encuentro familiares en cada territorio histórico; potenciación de los programas sociales de atención integral y pluridisciplinar a familias en crisis; creación de un fondo social para situación de impago de pensiones; favorecer el acceso en alquiler o propiedad a viviendas sociales o de protección oficial a las personas separadas que reunan requisitos de necesidad; y pisos de acogida de carácter transitorio.
Estas y otras medidas son necesarias para solucionar un problema que afecta a gran parte de la sociedad. La problemática que se genera con la separación/divorcio tiene múltiples ramificaciones, por lo que es el momento de analizar la realidad y dar una respuesta integral a esta demanda urgente de la sociedad.
Lo que se denomina síndrome de alineación parental. Hecho que afecta a unos 20.000 niños en estos momentos.
La sociedad ha evolucionado y ya, por ejemplo en el País Vasco, 5000 parejas se vienen divorciando al año, parejas cuyo tramo de edad mayoritario es el comprendido entre 36 y 25 años, personas con una concepción de vida, una situación socioeconómica y una relación de pareja muy diferentes a las de los años 80. por tanto, la modificación de la Ley del Divorcio es una necesidad urgente, un derecho de los ciudadanos y un deber del gobierno.
La nueva Ley del Divorcio debiera plantearse varios objetivos, entre ellos: la reducción de la conflictividad en las situaciones de separaciones y divorcio, que supone una reducción de los costes emocionales y económicos, el reconocimiento del derecho del menor a relacionarse con ambos conyuges y asegurar unas condiciones socioeconómicas equitativas a las partes tras la separación/divorcio.
Para lograr los mismos es necesario: un gran acuerdo parlamentario y social, pues es un proyecto de ley que debe ser negociado con las organizaciones sociales representativas y que debiera reunir el máximo consenso político; una coordinación interministerial para el logro de estos objetivos , fundamentalmente del Ministerio de Justicia,Trabajo y Asuntos Sociales y Vivienda; una negociación con la Comunidades Autónomas,ya que algunas competencias como Mediación Familiar están transferidas, otras pueden estarlo en breve plazo y competencias de vivienda y temas de carácter social estan también transferidas; la opinión de las CC AA debiera ser pieza fundamental en el diseño de cualquier ley de carácter orgánico; y una dotación presupuestaria suficiente que permita llevar la misma adelante.
El Gobierno ha presentado un proyecto en el que las únicas novedades son la unificación real de procesos separación/divorcio , la reducción de plazos y la aparición de la posibilidad de la guardia y custodia compartida, aunque ya había sentencias en este sentido.
Es un proyecto de ley que apenas aporta cosas nuevas, con muchísimas lagunas que en el tema de guardia y custodia compartida puede generar muchos más problemas de los que pretende resolver por su inconcrección y por dejar la mayor parte de la responsabilidad en manos de los jueces, a los que no se les dota ni de criterios ni de herramientas.
Es un proyecto de ley que no aborda los graves problemas que la separación/divorcio genera como son los incumplimientos de los regímenes de visita, los impagos de pensiones, la manipulación del menor, el ejercicio real de la patria potestad, la adjudicación de la vivienda familiar y la liquidación de los gananciales o el derecho y obligación de ambos a convivir y educar a sus hijos después de la separación/divorcio el derecho del menor a no separarse de sus padres cuando estos se separan/divorcian.
A fín de enriquecer este proyecto y que la nueva ley del divorcio sea de futuro y también se vaya acercando a los objetivos de coordinación legislativa en el área de familia que la Unión Europea se ha planteado, la Federación de Euskadi de madres y padres separados ha planteado al Gobierno del Estado una serie de propuestas que requieren una actuación coordinada de varios Ministerios y del Estado y la CCAA.
Entre ellas caben destacar: la generalización y potenciación de la mediación familiar en todo el Estado, facultando a los jueces la posibilidad de remitir los casos a este servicio; que se recoga el criterio de que los padres se separan pero no por ello se tienen que separar los hijos de los padres.
En este sentido potenciar la guardia y custodia compartida, concretando la misma en un plan de cooparentalidad (convivencia con el menor, residencia del mismo,aportaciones económicas,educación).
Estableciendo así mismo un mecanismo de mediación que pueda en primera instancia resolver los desacuerdos: dotar a los jueces de criterios, medios personales especializados y herramientas para que en caso de desacuerdo puedan decidir qué tipo de custodia aplicar en beneficio del menor; penalizar las denuncias falsas; y modificar el sistema de pensiones alimenticias y priorizar la liquidación de los gananciales, básicamente el hogar conyugal.
Hay otras medidas fundamentales para cumplir los objetivos de esta ley que no entran en el ámbito de la misma como la creación de juzgados de familia en todas las demarcaciones judiciales; formación y especialización de jueces,secretarios judiciales etc ; recursos sociales como los equipos técnicos(psicosociales) y una red de puntos de encuentro familiares en cada territorio histórico; potenciación de los programas sociales de atención integral y pluridisciplinar a familias en crisis; creación de un fondo social para situación de impago de pensiones; favorecer el acceso en alquiler o propiedad a viviendas sociales o de protección oficial a las personas separadas que reunan requisitos de necesidad; y pisos de acogida de carácter transitorio.
Estas y otras medidas son necesarias para solucionar un problema que afecta a gran parte de la sociedad. La problemática que se genera con la separación/divorcio tiene múltiples ramificaciones, por lo que es el momento de analizar la realidad y dar una respuesta integral a esta demanda urgente de la sociedad.