Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

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¿Iguales ante la ley?

Por desgracia, el artículo 14 del la Constitución española sigue siendo simple papel mojado. Aunque en ese artículo se proclama que nadie puede ser objeto de discriminación por razón de sexo, la lectura que parecen hacer de su texto muchos de nuestros legisladores y jueces es que ninguna mujer puede ser objeto de discriminación por razón de su sexo, dando por supuesto que ese principio no es aplicable a los varones.

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El resultado, para el hombre, es un trato abrumadoramente discriminatorio en los casos de separación y divorcio, leyes sobre violencia doméstica con baremos penales más rigurosos, presunción de culpabilidad frente a las falsas denuncias, frecuentes arbitrariedades basadas en la "discriminación positiva" y, en general, toda una cultura de culpabilización del hombre y victimización de la mujer que, en los procesos de divorcio, obra en detrimento de los derechos legítimos del padre y sus hijos y, con frecuencia, favorece intereses ilícitos de la madre.

Durante los últimos decenios, cientos de miles de hombres españoles, en particular padres separados, se han enfrentado a esa pesadilla. Han sido expulsados de su hogar y de las vidas de sus hijos; han tenido que aceptar un ignominioso régimen de visitas administrado con cuentagotas y, con frecuencia, suprimido impunemente; han sufrido un implacable expolio afectivo y económico; se han visto privados del derecho a la presunción de inocencia frente a las denuncias falsas urdidas contra ellos como estrategias de divorcio... En definitiva, han sufrido múltiples formas de violación de sus derechos humanos propiciadas por las instituciones del Estado.

Según diversos estudios internacionales, los traumas y disfunciones causados por ese devastador régimen de divorcio aumentan desproporcionadamente las tasas de suicidio masculinas. En lo que respecta a España, el número de suicidios asociados al divorcio se ha estimado en unos 250 casos al año, con un incremento anual del 17 por ciento, y es lástima que no haya estudios ni cifras oficiales al respecto.

En cambio, sí que hay una gran cantidad de estudios internacionales que alertan contra los perniciosos efectos que la ausencia del padre tiene para los hijos de familias monoparentales en régimen de custodia exclusiva, que se manifiestan especialmente en la adolescencia.

Por todo ello, exigimos que se restablezca en la práctica legal y judicial el principio constitucional de igualdad ante la ley, en particular en los casos de separación y divorcio.

Que se acabe con esa ficción de justicia que son los procesos "de familia", en los que una estadística aplastante del 95 por ciento de custodias exclusivas para las madres parece indicar que "la sentencia es lo primero, el juicio viene después", como en la película de Alicia.

Que la Constitución se cumpla para todos por igual, que los legisladores se rijan por los principios constitucionales y no por los prejuicios de moda, y que la balanza judicial suelte el lastre que le sobra en uno de sus platillos.

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