graves carencias del anteproyecto de ley de corresponsabilidad parental
José Luis Sariego Morillo
Abogado
Hace unos días, estábamos en Madrid y mas tarde en Granada en sendas jornadas de juristas expertos en Derecho de Familia, y no deja de asombrarme la excusa que se emplea de que el conflicto de una separación y/o divorcio y el nivel del mismo, es responsabilidad de dos adultos, obviando que el nivel de conflicto tiene mucho que ver y tiene su origen en una mala regulación en España de la forma de resolución de estos conflictos.
En el ICA de Granada, donde he sido agraciado con la oportunidad de poder exponer algunas ideas sobre formulas y métodos más pacíficos de resolver los problemas judiciales de miles de familias y, que sufren decenas de miles de niños cada año, me vi en la necesidad de tranquilizar a los operadores jurídicos y no jurídicos (mundo de la psicología y trabajo social) de que la nueva regulación de la custodia compartida que se pretende aprobar este año no les va a dejar sin trabajo.
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20º.- En AP no evita que las muertes de mujeres a manos de su ex parejas puedan bajar de forma sensible, así como el número de niños asesinados por sus madres (76%) y padres (24%) tras un divorcio.
Como en el anterior punto, los argumentos son los mismos, pero tan solo hay que cambiar la palabra agredidos por “asesinados”.
SOLUCION PROPUESTA: exactamente la misma que el anterior punto, pero introduciendo medidas cautelares civiles competencia exclusiva a Juzgados civiles, y dejando a un lado a los JVSLM, ya que no serán imparciales.
21º.- El AP no evitará la aparición de conflictos de hechos consumados y procesos del Convenio de la Haya de 1980 y del Bruselas II, hoy en alza preocupante.
Como dijimos más arriba, desde que en un país se aprueba una ley de custodia compartida aumentan rápidamente dos fenómenos: las sustracciones de menores y las denuncias falsas por abusos y malos tratos. Así lo indican datos de Canadá, Francia y Estados Unidos.
SOLUCION PROPUESTA: El AP debería haber recogido en su redacción formulas tales como que en caso de separación de hecho, los menores no pueden salir del país, o cambiar de ciudad o colegio, hasta tanto recaiga una resolución judicial, y que en caso de existir unos de estos hechos, se considera vulneración o incumplimiento grave de derechos de custodia o secuestro (art. 225, bis CP) o bien recoger en el Código Civil que el progenitor que actúe de dicha forma por hechos consumados, será considerado no idóneo o se le privará de la Patria Potestad. Se podría haber introducido en la nueva ley de jurisdicción voluntaria que en caso de orden de restitución se ejecutará de inmediato la devolución del menor al país de origen y allí se podrá dilucidar sobre cualquier argumento sobre el fondo del asunto y declarar a los Juzgados nacionales incompetentes para resolver sobre causas de oposición a la restitución, ayudando así al fomento del principio de reciprocidad, y lograr de forma más efectiva la devolución de menores raptados fuera de nuestro país.
EPILOGO
Para terminar este artículo, quiero dejar constancia que estos son sólo algunos apuntes sobre las carencias que hemos encontrado en el anteproyecto, pero hay muchas más, sobre todo en la reforma de la LEC y en la parte de la liquidación de los bienes de la familia, pero he decidido en este momento destacar estos puntos en concreto, porque me parecen los más relevantes y que considero más llamativos.
Esperaré a la publicación del Proyecto de Ley que entre en el Congreso, para realizar un análisis más pormenorizado, sobre todo, cuando todos sabemos que el AP ha sufrido muchas variaciones desde que se publicó.
Creo además, que se debería haber afrontado una reforma más integral del derecho de familia, tal como hizo Cataluña o Francia, y modificar algunos capítulos más del Código Civil, en especial el relativo a las obligaciones parentales dentro del capítulo dedicado al matrimonio, regulando las parejas de hecho con hijos, y regulando los regímenes matrimoniales, haciendo desaparecer el régimen de gananciales, por obsoleto.
Nuestro país, y nuestros legisladores deberían codificar las leyes previendo los conflictos, pero tal como está redactado parece que no sólo se van a evitar mas conflictos, sino que se van a fomentar mas de los que hasta ahora existen y, ello, porque creo que se debería haber hecho una comisión conjunta de Ministerio de Sanidad, Justicia e Interior para elaborar este proyecto, además de haber contando de forma efectiva con representantes sociales que padecen realmente los problemas de los divorcios, y no sólo con expertos que muestran a veces su lejanía con los problemas diarios que sufren miles de niños en España.