Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

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Anteproyecto de GALLARDÓN

ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE EL EJERCICIO DE LA CORRESPONSABILIDAD PARENTAL EN CASO DE NULIDAD, SEPARACIÓN Y DIVORCIO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El marco institucional y social del matrimonio y de las relaciones paterno-filiales ha 

experimentado profundas transformaciones, tanto en España como en los países de nuestro 

entorno y cultura. 

En España, el matrimonio canónico fue forma exclusiva y excluyente de cualquier otra 

desde la introducción de los Decretos del Concilio de Trento hasta la Ley del Matrimonio Civil de 

1870 y, tras la breve vigencia de ésta, fue forma prevalente hasta 1932. Incluso las Leyes de la 

II República del Matrimonio Civil y del Divorcio de 1932 mantuvieron el carácter institucional del 

matrimonio y patriarcal de las relaciones familiares. Derogada la legislación republicana y 

restablecida la vigencia del Derecho anterior, con las adaptaciones derivadas del Concordato de 

1953 y de la Ley de 24 de abril de 1958, coexistieron dos clases de matrimonio, el canónico y el 

civil, cada uno con normativa, forma, efectos y jurisdicción propias. Ambas clases de matrimonio 

eran indisolubles por divorcio. Los conflictos matrimoniales se sustanciaban por la vía de la 

separación o de la nulidad. 

El fondo de esta tradición, de más de cuatro siglos, consolidó socialmente una institución 

familiar formalmente estable y patriarcal. 

Esta situación, incompatible con nuestra Constitución de 1978, basada en los principios 

de libertad, igualdad, justicia y pluralismo, motivó la reforma del Código Civil mediante la Ley 

11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad  

 

 

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y régimen económico del matrimonio, la Ley 30/1981, 7 de julio, por la que se modifica la 

regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las 

causas de nulidad, separación y divorcio y la Ley 13/1983, de 24 de octubre, de Reforma del 

Código Civil en materia de tutela que obtuvieron muy amplio consenso político. 

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