Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

¿Cuestión de género o cuestión de clase?

Jesús Sendarrubias

Determinados colectivo feministas y organizaciones políticas de izquierdas conciben la lucha por la igualdad como una tarea exclusivamente moral.

Según sus premisas, la solución al atávico conflicto de la desigualdad pasa por la normalización jurídica de los postulados éticos que ellas mismas consideran válidos. De este modo celebran medidas como la discriminación positiva, la imposición de cuotas femeninas representativas o la custodia monoparental exclusiva.

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La discriminación positiva está muy lejos de suponer un avance significativo en pro de la igualdad.

Este tipo de medidas son insuficientes y erráticas; sólo benefician a pequeños colectivos arribistas, los cuales, enarbolando su particular bandera de la igualdad contribuyen a perpetuar las contradicciones estructurales que generan disparidad.

Las organizaciones pseudo-progresistas que amparan reivindicación de género discriminatorias, suelen erigirse voz de la totalidad de las mujeres, sin distinción de origen o estrato social. Según ellas, todas y cada una de las mujeres, por el mero hecho de serlo, sufren el mismo tipo de sometimiento. Esto, además de ser falso y populista, niega la esencia ideológica de la propia izquierda política, pues equipara la lucha de la mujer proletaria a la de la mujer adinerada.

-Analicemos el fenómeno de “-la cuota femenina en las empresas”-. En el mes de Abril del año 2011, el diario El Economista publicaba el siguiente titular: “Por las buenas o por la Ley: las empresas deberán aumentar su cuota femenina”. En el artículo podíamos leer: “O las empresas comienzan a incorporar políticas que permitan un mayor acceso de la mujer a puestos de alta dirección, o serán los gobiernos quienes obliguen por decreto a implantar estas medidas. El objetivo que se impone ahora desde Bruselas es un 30 por ciento de mujeres entre consejeras y presidentas de aquí a 2015.” .

… “El debate está abierto. La ministra alemana de Familia, Kristina Schröder, organizó recientemente un encuentro con los representantes de las 30 mayores compañías alemanas, para discutir con ellos la idea.” Tales aseveraciones resultan sorprendentes y cabe peguntarse: ¿Será Europa más igualitaria en el 2020 si los grandes monopolios empresariales están dirigidos por un 40% de mujeres?, ¿cambiaría el día a día de las obreras industriales alemanas o españolas el hecho de que las principales empresas de sus países estén dirigidas por mujeres?, ¿Tendrán mayor sensación de igualdad las obreras textiles portuguesas cuando el grupo INDITEX sea dirigido por la hija del empresario Amancio Ortega?.
Cuando los ministerios de trabajo de los Estados miembro proponen este tipo de medidas recurren a reunirse con las direcciones de las grandes empresas. Para calibrar la situación real de mujer trabajadora, ¿no sería más objetivo reunirse con las trabajadoras manuales de las empresas textiles o conserveras? ¿no sería más preciso entrevistarse con las familias monoparentales que son incapaces de conciliar la vida laboral y familiar?.

El país, en su edición del 22 de agosto de 2011 Publicaba una noticia similar a la anterior, en la que se podía leer: “Holanda, Italia y Bélgica han aprobado leyes que imponen una cuota mínima de mujeres en los órganos de decisión de sus empresas. Un paso histórico y controvertido para quienes se muestran contrarios a lo que definen como "intervencionismo de los Gobiernos" Ante este tipo de noticias las élites políticas se apresuran a debatir si la medida supone un intervencionismo anti-democrático del Estado en la empresa privada o si la causa de la mujer requiere de este tipo de imposiciones. De este modo los intelectuales burgueses progresistas, las organizaciones feministas radicales y los partidos socialdemócratas, podrán posicionándose a favor de la igualdad y acceder a la simpatía de muchas mujeres que de forma honesta pueden interpretar la medida como progresista y tienen la sensación de que al menos “algo se está avanzando” en materia de igualdad.

Desde sus tribunas, los jóvenes parlamentarios de izquierdas pretenden transmitir que están comprometidos con la causa de la mujer y reiterar su oposición a la burguesía más rancia y reaccionaria. A lo que no están dispuestos los dirigentes socialdemócratas ni los dueños de las grandes empresas es a practicar una análisis profundo sobre la realidad de la mujer trabajadora; pues de dicha discusión podrían emerger conflictos que afectarían directamente a la relación de poder entre trabajadoras y empresarios, obligando a los gobiernos europeos a democratizar la situación de la mujer trabajadora. Los grandes esferas empresariales están dispuestas a ceder determinadas esferas de responsabilidad a minorías pseudo-representativas, siempre y cuando no altere su dominio sobre la propiedad de los medios de producción y los mercados.

Las feministas radicales contribuyen a perpetuar la situación de la inmensa mayoría de mujeres mientras permiten el progreso personal de minorías elitistas que están muy lejos de representar la reivindicaciones de un colectivo mucho más heterogéneo y maltratado que demanda verdaderas reformas estructurales que afecten al corazón del sistema. La existencia de un cuota obligada de banqueras, directoras de empresa y representantes del Fondo Monetario Internacional no podrá modificar las condiciones de vida de muchas madres trabajadoras. Las aspiraciones de la inmensa mayoría de mujeres en nuestro país difieren enormemente de los particulares anhelos de las vanguardias intelectuales. Las principales preocupaciones de nuestras madres trabajadoras están relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar, el pago de la hipoteca o disponer de tiempo para el ocio. Parece lógico pensar que un importante número de mujeres se sienten más identificadas con los problemas de la clase trabajadora que con las pretensiones de las mujeres de alta sociedad. Intentar cobijar a todas las mujeres bajo la misma bandera sin atender a su condición social es un disparate inventado por el feminismo burgués.

No es competencia de un parlamento democrático regular disposiciones morales. Un gobierno verdaderamente progresista debería invertir en todos aquellos servicios sociales que permitiesen a las familias obreras enfrentar sus vidas en condiciones de verdeara igualdad y no fomentar un odio sexista, burgués, anti-democrático y torcido a la izquierda