ELECCIONES GENERALES de 20 de noviembre de 2011
ORIENTACIONES
DE LA PLATAFORMA CIUDADANA POR LA IGUALDAD
PARA LOS PROGRAMAS ELECTORALES
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Sevilla, 20 de septiembre de 2011
La Plataforma Ciudadana por la Igualdad, constituida a finales de 2009 por un grupo de
profesionales independientes, tiene entre sus objetivos el contribuir a la corrección de la
desigualdad legal existente por razón de sexo, para restituir la Igualdad que proclama el
artículo 14 de la Constitución, y siempre con especial atención al bienestar y respeto de los
derechos de los menores.
La desigualdad siempre genera injusticia sin que, pese a las buenas
intenciones del legislador, se pueda admitir una normativa, como la que representa la Ley
1/2004, de Violencia sobre la Mujer, que fomenta esa desigualdad con carácter general e
indiscriminado, creando más injusticia y violencia.
Publicado el
14. Reconocimiento de mayores derechos de la familia extensa del progenitor no custodio,
en particular los hermanos y abuelos, para relacionarse con el menor de edad, cuando
aquel no quiere o no puede disfrutar de una relación paternofilial normalizada.
15. Promoción de políticas estatales de apoyo para las familias en situación de separación y divorcio: servicios específicos para la búsqueda de empleo, de vivienda, para paliar los efectos negativos que la actual normativa provoca en los menores implicados (separación de padres e hijos, manipulación del progenitor custodio alienador…). Creación de un teléfono alternativo al famoso 016, reconocido como ineficiente por sus creadores, que esta vez atienda a hombres y mujeres sin discriminación por razón de sexo Además de la persistencia de las cifras de muertes en el ámbito doméstico, el propio Delegado del Gobierno para la Violencia “de Género”, Miguel Lorente, ha reconocido que el 60% de las llamadas que recibe el teléfono 016 proceden de hombres que se sienten discriminados por el hecho de serlo, y se quejan de la desigualdad ante la Ley y la justicia a la que se ven sometidos, con graves consecuencias para los derechos de sus hijos menores de edad.
16. Apertura de Puntos de Atención al Ciudadano para situaciones de violencia doméstica, para información, asistencia y servicios a ancianos, hombres, mujeres y niños que sufran algún tipo de maltrato en el ámbito familiar, sustituyendo a los actuales, excluyentes, de atención exclusivamente a mujeres.
En caso de existir dichos servicios exclusivamente para ciudadanos mujeres, se ampliarán los destinatarios de sus servicios para que atienda a los ancianos, hombres y niños que actualmente se encuentran violentados, desprotegidos y en desamparo.
17. Apertura y financiación de los llamados Puntos de Encuentro Familia (PEF), como servicio que garantiza, en mayor medida, el respeto de los derechos y bienestar de los menores implicados, así como previene posibles situaciones de maltrato o denuncias fraudulentas entre progenitores. Nuevos concursos públicos para conceder este servicio a asociaciones no excluyentes y no vinculadas a la ideología de género, debido a su carácter excluyente y discriminatorio.
18. Los diferentes servicios y puntos de atención al ciudadano propuestos han de estar atendidos por profesionales independientes, neutrales y con orientación igualitaria, y por tanto sin sesgo ideológico “de género”. Especial consideración debe tener la contratación de psicólogos y trabajadores sociales sin contaminación ideológica, por la circunstancia de que sus peritaciones tienen a menudo graves consecuencias en el ámbito judicial. Las posiciones radicales, como el integrismo o la ideología “de género”, ambas denigrantes de la mujer, y la segunda excluyente y discriminatoria para el hombre, suponen una grave involución de los valores constitucionales y se retroalimentan de la mayor conflictividad que provocan, por lo que, lejos de facilitar una resolución dialogada de los problemas derivados de las rupturas de pareja, contribuyen a perpetuar el enfrentamiento e incrementan el maltrato mutuo y la violencia.
15. Promoción de políticas estatales de apoyo para las familias en situación de separación y divorcio: servicios específicos para la búsqueda de empleo, de vivienda, para paliar los efectos negativos que la actual normativa provoca en los menores implicados (separación de padres e hijos, manipulación del progenitor custodio alienador…). Creación de un teléfono alternativo al famoso 016, reconocido como ineficiente por sus creadores, que esta vez atienda a hombres y mujeres sin discriminación por razón de sexo Además de la persistencia de las cifras de muertes en el ámbito doméstico, el propio Delegado del Gobierno para la Violencia “de Género”, Miguel Lorente, ha reconocido que el 60% de las llamadas que recibe el teléfono 016 proceden de hombres que se sienten discriminados por el hecho de serlo, y se quejan de la desigualdad ante la Ley y la justicia a la que se ven sometidos, con graves consecuencias para los derechos de sus hijos menores de edad.
16. Apertura de Puntos de Atención al Ciudadano para situaciones de violencia doméstica, para información, asistencia y servicios a ancianos, hombres, mujeres y niños que sufran algún tipo de maltrato en el ámbito familiar, sustituyendo a los actuales, excluyentes, de atención exclusivamente a mujeres.
En caso de existir dichos servicios exclusivamente para ciudadanos mujeres, se ampliarán los destinatarios de sus servicios para que atienda a los ancianos, hombres y niños que actualmente se encuentran violentados, desprotegidos y en desamparo.
17. Apertura y financiación de los llamados Puntos de Encuentro Familia (PEF), como servicio que garantiza, en mayor medida, el respeto de los derechos y bienestar de los menores implicados, así como previene posibles situaciones de maltrato o denuncias fraudulentas entre progenitores. Nuevos concursos públicos para conceder este servicio a asociaciones no excluyentes y no vinculadas a la ideología de género, debido a su carácter excluyente y discriminatorio.
18. Los diferentes servicios y puntos de atención al ciudadano propuestos han de estar atendidos por profesionales independientes, neutrales y con orientación igualitaria, y por tanto sin sesgo ideológico “de género”. Especial consideración debe tener la contratación de psicólogos y trabajadores sociales sin contaminación ideológica, por la circunstancia de que sus peritaciones tienen a menudo graves consecuencias en el ámbito judicial. Las posiciones radicales, como el integrismo o la ideología “de género”, ambas denigrantes de la mujer, y la segunda excluyente y discriminatoria para el hombre, suponen una grave involución de los valores constitucionales y se retroalimentan de la mayor conflictividad que provocan, por lo que, lejos de facilitar una resolución dialogada de los problemas derivados de las rupturas de pareja, contribuyen a perpetuar el enfrentamiento e incrementan el maltrato mutuo y la violencia.