Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

ELECCIONES GENERALES de 20 de noviembre de 2011

ORIENTACIONES DE LA PLATAFORMA CIUDADANA POR LA IGUALDAD PARA LOS PROGRAMAS ELECTORALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Sevilla, 20 de septiembre de 2011 La Plataforma Ciudadana por la Igualdad, constituida a finales de 2009 por un grupo de profesionales independientes, tiene entre sus objetivos el contribuir a la corrección de la desigualdad legal existente por razón de sexo, para restituir la Igualdad que proclama el artículo 14 de la Constitución, y siempre con especial atención al bienestar y respeto de los derechos de los menores.

La desigualdad siempre genera injusticia sin que, pese a las buenas intenciones del legislador, se pueda admitir una normativa, como la que representa la Ley 1/2004, de Violencia sobre la Mujer, que fomenta esa desigualdad con carácter general e indiscriminado, creando más injusticia y violencia.

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8. Instauración como mejor modelo de coparentalidad, de la custodia compartida como régimen de responsabilidad parental preferente, que permita que los niños no tengan que separarse de facto ni de su padre ni de su madre. Modificación de la Ley del Divorcio. Una vez alcanzada la mayoría de edad de los hijos comunes, o antes si tuvieren independencia suficiente, se valorarán sus necesidades formativas, de manutención, y otros elementos que midan el grado de dependencia del/los progenitor/es que hasta el momento ejercitara/n la guardia y custodia, para determinar si procede el desembolso de la pensión alimenticia directamente al hijo.

9. Modificación del artículo 96 y del párrafo segundo del artículo 103 del Código Civil. Liquidación de la vivienda familiar y bienes gananciales en el momento de la separación o divorcio, o en un plazo transitorio razonable, de acuerdo con unas reglas determinadas que aseguren el bienestar de los menores implicados sin que por otro lado se perpetúen situaciones propias de sociedades machistas, como una manutención indefinida de un progenitor sobre otro.

10. Implantación de una Jurisdicción especializada única de Familia que sustituya los llamados Juzgados de Violencia de Género.

11. Persecución de las denuncias falsas como lacra que perjudica gravemente los intereses de las mujeres que sí sufren auténtico maltrato y requieren de tutela pública, lacra que vulnera derechos fundamentales a miles de hombres y niños, y separa de hecho y sin justificación a padres e hijos. Restitución de la presunción de inocencia. No se debe permitir un tratamiento diferente de la Ley, ni de los protocolos de actuación, según el sexo de la supuesta agresora/agresor y agredido/a.

12. Lucha contra el fraude por violencia “de género”, de forma que los recursos disponibles –siempre escasos- se apliquen para la atención de los ancianos, mujeres, hombres y niños que sufran una verdadera situación de maltrato, de acuerdo con su grado de vulnerabilidad. Desde el ámbito municipal, seguimiento, por parte de los profesionales locales, ante síntomas de connivencia entre denunciante y denunciado, o bien ante indicios de denuncias falsas o fraudulentas, para obtener rentas de subsistencia de forma dolosa. Información a las fuerzas de orden público y denuncia a las autoridades competentes para la retirada, y devolución, de los subsidios obtenidos de forma abusiva. Campañas de concienciación para evitar falsas denuncias y la vulneración de derechos ocasionados a hombres y niños por impedirles relacionarse mutuamente, y con toda su familia extensa.

13. Se garantizará que los cuerpos de seguridad realicen detenciones sólo si se cumplen los requisitos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, en los supuestos en que se aprecie gravedad y riesgo para la presunta víctima, con el fin de evitar detenciones ilegales contra inocentes que tan sólo pueden repercutir en el agravamiento de los conflictos familiares, criminalizándolos de forma innecesaria, con grave vulneración de sus derechos fundamentales. Desde la “ideología de género” se han impulsado, durante años, utilizando los recursos del Estado, campañas directas y sublimizares para crear una percepción distorsionada que no se corresponde con la realidad, según la cual, a priori, el hombre es siempre agresor y la mujer es siempre víctima. Mediante similares técnicas de censura y acoso al discrepante, todos los actores implicados (fuerzas de orden público, jueces, funcionarios judiciales…) se sienten amenazados por las intimidaciones de la ideología “de género”, por posibles sanciones y pérdida de su puesto de trabajo, por lo que se llega al extremo de que se realizan miles de detenciones ilegales amparadas por la ideología en el poder.