Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

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UN MOTIVO MÁS PARA LA INDIGNACIÓN

Tengo en mis manos la demanda contra el Estado Español ante la Corte Europea de Derechos Humanos que han cursado algunas asociaciones y personas particulares que se sienten perjudicadas con motivo de la apliación en España de las llamadas políticas de género y en especial las leyes orgánicas 15/2003 de 23 de noviembre y 1/2004 de 28 de diciembre

Rafael Rodrigo Navarro Licenciado en Filosofia.

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Concluiré diciendo que efectivamente indignación, esa es la palabra, es lo que se siente tras la atenta lectura de las leyes, inspiradas en la ideología de género y promulgadas en el ordenamiento jurídico español, que son objeto de demanda contra el Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En uno de los muros de la acampada de Sol de los indignados del 15-M se leía: Sin justicia no hay igualdad.

La prepotencia parece haber sido la norma de trato por parte de la clase política durante estos últimos años y sus objetivos los propios, los que les son rentables a la hora del voto, no los de la ecuanimidad , la paz social y el progreso. Se trata en muchos casos de “ hacer comulgar a la gente con ruedas de molino” forzando el sentido común y por supuesto eliminando la variable justicia por demasiado incómoda.

Ahora llegan una vez más las últimas sesiones parlamentarias. Se hacen propuestas de nuevas leyes algunas de las cuales se intenta colar de rondón. Basta mirar las fechas de aprobación de las leyes llamadas de género para percatarse que se aprueban al final de los periodos parlamentarios en fases prevacacionales o plenamente vacacionales para muchos. Es evidentemente el intento de ahogar las voces críticas.

Es el caso de una nueva propuesta de introducir, con una ley o ampliar y modificar una de las leyes ya existentes, la limitación de la convivencia con los hijos en el caso de maltrato .Esta reivindicación, que como otras muchas pueden llegar a parecer lógicas, se convierte en una norma totalmente injusta y discriminatoria a causa la desigualitaria perspectiva de género que se viene aplicando en España. Así en caso del varón, basta una denuncia sin pruebas ni garantías jurídicas para ser considerado un maltratador y consecuentemente se le aplicarían medidas de alejamiento de sus hijos.

Por el contrario en el caso de la mujer no sólo no se le puede tipificar de maltratadora, porque la Ley Integral contra la Violencia de Género no lo contempla, sino que basta una denuncia sin resolución judicial, para que la administración política le aplique el concepto de víctima del maltrato y le facilite toda una serie de medidas de discriminación positiva sin otro requisito. De hecho no se oculta que se trata de una medida más contra el hombre maltratador, como si la utilización de este concepto fuera más rentable electoralmente.

La posibilidad de separar a los hijos de los progenitor varones temporalmente o de manera indefinida, utilizando las leyes de género, está resultando por desgracia una medida ampliamente utilizada como para que ahora se intente dar una vuelta de tuerca más. Sólo un dato. Dede 2004 ,en que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género, han sido denunciados por maltrato aproximadamente el 5% de la población masculina española. Es decir, casi un millón de varones han sido objeto de incoación de procesos penales y aplicación de procedimientos de detención que en ningún caso se aplica ni puede aplicarse a una mujer.

¿ Hasta dónde se ha de llegar para que los señores parlamentarios se den cuenta que han perdido y siguen perdiendo el contacto con el pueblo?

El criterio de igualdad no puede forzarse por motivos económicos y electoralistas. El sentido común dice que la IGUALDAD ES IGUALDAD y no una especie de “ley del embudo”, que luego hay que denunciar en los tribunales internacionales.

Rafael Rodrigo Navarro
Licenciado en Filosofia.