Padres y Madres Separados

La implantación de la perspectiva de género se está llevando a cabo en España, por parte de las administraciones públicas de manera precipitada y obsesiva, sin la maduración necesaria ni valoración de los efectos que puede producir en la sociedad. Se han promulgado leyes, totalmente discriminatorias e inconstitucionales que, sin conseguir el “supuesto” fin para el que se dictaron, están suponiendo un incuantificable daño social y con un coste económico injustificable y de dudoso destino. Una de esas leyes es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, sobre Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género, de la que valoramos, en esta comunicación, sus consecuencias negativas y, como se comprobará, muchas veces perversas.

La violencia de género es un asunto que, a pesar de ocupar el decimoséptimo (1) lugar de los problemas que preocupan a los españoles, produce un gran impacto por la alarma social generada “interesadamente”, alrededor de la cual se ha montado un gran negocio económico y de poder, conocido como “industria del maltrato”. Económico por la cantidad de personas, empresas e instituciones que viven de ello y de poder porque está básicamente avalado y potenciado por intereses políticos, tanto de los partidos como de los lobbys feministas radicales.

Dado que, actualmente, la sociedad está hipersensibilizada con todo la que atañe a la mujer a quien, por el hecho de serlo, se la considera “victima”, nos referiremos fundamentalmente a la otra parte involucrada en el problema, la parte bilipendiada: el hombre al que, por el hecho de serlo, se le considera “maltratador”, culpable para las instituciones oficiales y para una sociedad, “interesadamente” manipulada y mal informada, en la que se ha implantadola filosofía del “todo vale mientras se defienda a la mujer”, con toda impunidad y con total marginación y desconsideración al varón como persona objeto de derechos humanos y constitucionales.

Y no solamente se perjudica al hombre, a quien hunden: psicológicamente porque le separan de sus hijos, socialmente porque queda estigmatizado como un delincuente y, económicamente (muchos por debajo del umbral de pobreza) pues, por extensión, se hace daño también y fundamentalmente a los hijos a quienes, de manera irracional e injusta, se les priva traumáticamente de su padre, perjudicándoles anímicamente e intelectual, con una elevada probabilidad de que fracasen en los estudios y caigan en la drogadicción y en la delincuencia