Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

Entrevista con Antonio Diaz

24/10/2010 - Paula Vilariño / El Progreso (Lugo)

Sólo un 2% de las custodias compartidas que se solicitan en los juzgados lucenses son concedidas, una cifra todavía inferior a la del conjunto de Galicia, donde este modelo es aceptado en un 4% de los casos.

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Así lo estima la Asociación Galega de Pais e Nais Separados, que celebró ayer unas jornadas en la Diputación Provincial de Lugo para defender lo que consideran «un derecho de los menores».

Tal y como señala el presidente de la asociación, Antonio Díaz Piñeiro, la separación matrimonial rompe la relación de pareja, «pero nunca debería romper a relación dos pais cos fillos», dice.

Según argumenta, con la custodia compartida el tiempo de ocupación de ambos padres con los niños tiende a equilibrarse, por lo que gracias a ella se da un paso más para conseguir la efectiva igualdad de género entre el hombre y la mujer, «un paso máis para conseguir a igualdade laboral e de oportunidades, tanto no desenvolvemento profesional como no persoal».

Díaz Piñeiro defiende que la custodia compartida es un «traxe a medida» y que debe ser ajustada a cada caso. «Os pais tamén sabemos e queremos dar o bico de boas noites e contar un conto antes de durmir, sobre todo porque é un dereito dos nenos», insiste. Las jornadas contaron con la intervención de María Xosé Vega Buxán, diputada delegada del área de Benestar Social de la Diputación; Marta González Vázquez, Secretaria Xeral de Igualdade de Galicia; Francisca Fariña Rivera, catedrática de Psicología Jurídica del menor; Luis Vila Pillado, director de la unidad de Psiquiatría del hospital Xeral; Xesús Spinola Conde, técnico psicólogo; Lourdes Deán Fernández, psicóloga; Juán José Martín Álvarez, director xeral de Xustiza; Dalila Dopazo Blanco, magistrada en Barcelona; Manuel Altava Lavall, senador que presentó la iniciativa a favor de la custodia compartida aprobada en el senado; María Paz García, catedrática de Derecho Civil, así como varios parlamentarios del BNG, PP y PSOE.