Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

Aspectos prácticos en ejecución de sentencias

De: Arturo Todolí Gómez
Fecha: Noviembre 2006
Origen: Noticias Jurídicas

I. Introducción
Este trabajo tiene como objetivo primordial intentar ofrecer cierta claridad en algunos de los supuestos más controvertidos en la aplicación práctica de las disposiciones generales de ejecución forzosa reguladas en la LEC de 7 de enero de 2000 , respecto de los procesos matrimoniales regulados en la propia ley, en el Capítulo IV del Libro IV, arts. 769 al 778.

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Para ello no sólo se analizará la compatibilidad de las disposiciones generales con las singularidades del proceso matrimonial, sino igualmente, las diferentes soluciones dadas en la práctica por los Juzgados de Primera Instancia y de Familia por la falta de previsión legal en algunos casos, como son, a título de ejemplo, la simple actualización de las pensiones o la determinación de los regímenes de visitas respecto de los hijos menores en los periodos vacacionales, y junto a ello, la distinta posición de la jurisprudencia en dichos temas.

En primer lugar se abordarán aquellos supuestos que son compatibles con las disposiciones relativas a la ejecución común, regulada en el Título III del Libro III de la LEC (arts. 548 y ss), para posteriormente, analizar aquellos supuestos que, por su naturaleza o por razones de urgencia, no tienen regulación expresa o no tienen un claro encaje en las normas generales. Se reseñarán algunas resoluciones de las AAPP que han resuelto supuestos controvertidos.

Por último se tratará de la posibilidad de la ejecución provisional en estos procesos, que como se verá, no ha tenido un tratamiento fácil en la práctica, y ello por la posible incompatibilidad de los preceptos que la regulan con algunos otros de la propia regulación específica de los procesos matrimoniales.

La justificación de la dificultad que supone la aplicación de las normas procesales comunes de ejecución a los procesos matrimoniales, puede encontrarse en la propia vigencia del principio dispositivo que, en éste tipo de procesos, no rige con toda su fuerza, ya que el objeto procesal de los procedimientos matrimoniales viene marcado por un indiscutible interés público que a diferencia de los procesos comunes, persigue el interés superior de los hijos menores que se ven afectados por la situación de crisis provocada, de forma que el Estado decide intervenir a través del Ministerio Público 1 .

En cualquier caso, deben encontrarse soluciones ante la compleja variedad de conflictos humanos que se plantean ante los órganos judiciales, en aras de preservar la consecución del principio de tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE.

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