Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

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Un juez califica la ley que adjudica la vivienda tras una ruptura de

El magistrado Serrano exige cambiar la normativa para impedir "privilegios" a las mujeres

OTR/PRESS - SEVILLA
En las rupturas familiares, suele ser la mujer la que se queda con la vivienda que hasta entonces compartía la pareja.

El juez y presidente de la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales (ASEMIP), Francisco Serrano, defiende modificar la ley que regula esa adjudicación, que según afirma, responde a un feminismo que "no apuesta por la igualdad, sino por una nueva desigualdad basada en el resentimiento y en una falsa ideología de la discriminación de género", busca "el propio beneficio" y "repercute en la salud de los hijos". Francisco Serrano ha propuesto la redacción de un nuevo texto del artículo 96 del Código Civil en lo que se refiere a la atribución del uso de la vivienda para evitar "privilegios" de género y situaciones de "injustificable" discriminación

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Según Serrano, la reforma y modificación de la redacción de este artículo está "medida en términos de igualdad y pretende erradicar privilegios y consiguientes situaciones de injustificable discriminación", aunque vaticinó que, por ello mismo, "se va a ver atacada por los representantes de sectores sociales que se van a considerar lesionados en la pérdida de estatus del colectivo al que ilegítima y sectariamente dicen representar".

El juez se refirió a "ese feminismo que apuesta por la implantación y perpetuación de una nueva desigualdad basada en el resentimiento y en una falsa ideología de la discriminación de género" y añadió que este planteamiento, "considerado políticamente correcto, es egocéntrico y sólo busca el propio beneficio", cuando los niños de padres separados, "por encima de todo, incluso de su derecho a seguir viviendo cómodamente en el mismo domicilio, a lo que tienen derecho es a la paz familiar y a ser felices con un padre y una madre que no anden a estacazos por cuestiones de índole material".

El letrado apostó por "conjugar y equilibrar todos los intereses en juego, priorizando el de los menores y eliminando elementos de confrontación y fricción familiar que terminan repercutiendo negativamente en la estabilidad psicológica, emocional e incluso somática de los hijos", y criticó que el poder legislativo "se empeña en vivir de espaldas a la realidad social y sólo se muestra receptivo a posicionamientos carentes de objetividad e impregnados de una perniciosa carga ideológica".

En relación al artículo cuya modificación propone, el juez opinó que el legislador "se ha guardado mucho de conservar las reglas de juego que garantizaban erróneamente el inmovilismo en aquellos aspectos considerados como patrimonio de las mujeres, llamadas por su condición sexual a ser las custodias de la prole y, por ende, las titulares del interés familiar preferente que justifica el seguir usando, disfrutando y utilizando el hogar familiar, con independencia de la situación de indigencia en que pudiera quedar el privado de seguir viviendo en la que era su casa".

"Se trata de un planteamiento incomprensible, generador de desigualdad, consiguiente injusticia y fuente de conflictos viscerales y, por desgracia, de episodios de violencia doméstica", sentenció.