Lo "políticamente correcto"
Excmo. Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
RAMON PASTOR QUIRANT
EXPONE
Que ha visto como a la entrada de la sede de MUFACE en Alicante hay colgado desde hace un tiempo un cartel alusivo a los malos tratos, en el cual aparece un niño diciendo a su madre: ?Mamá, hazlo por nosotros, actúa. Ante el maltratador, tolerancia cero?,
Ante lo cual, SOLICITA
Su inmediata retirada por los siguientes motivos:
PARTE PRIMERA, de la igualdad entre sexos.
a) Tanto este cartel como los otros dos de la campaña incumplen el artículo 14 de la Constitución Española, que habla de la igualdad entre sexos.
Publicado el
El niño tampoco sabe que esa delación suya conllevará muy probablemente la ruptura de la familia, algo que en la mayoría de casos estará lejos de desear por el indudable trauma que representa y las consiguientes repercusiones negativas en su personalidad y madurez.
La familia es una institución que protege nuestro ordenamiento jurídico, pero que la campaña en cuestión pone permanentemente en solfa al promover las denuncias, con la consiguiente ruptura familiar casi automática. Desde este punto de vista, nos preguntamos si éste es un fin oculto de la citada campaña.
Por lo mismo, no hay que olvidar las ruinosas repercusiones económicas y los gastos necesarios de abogados y procuradores, además de meterse de pleno en un mundillo lleno de pleitos y juicios, donde muchos desconocidos husmearán con ansia desmedida en la intimidad de la vida familiar, lo que de saberlo tampoco lo desearía, pues nadie en sus cabales desea algo así. Sin embargo, las autoridades le piden, sin más, que intervenga y delate o incite a la delación.
Es como pedirle que declare ante un juez sin un abogado presente, desconociendo totalmente sus derechos y que, encima, el juez sea causa y parte.
También desconoce el niño, a menos que sea un portento de madurez, que muchas madres intentan echarse para atrás cuando descubren la gravedad de lo que ocurre después de la denuncia interpuesta por ella gracias o no a la manipulada y alentada colaboración de su hijo, pero las autoridades y las leyes actuales, imbuidas de un espíritu intervencionista en la familia digno de la era estalinista, se lo impedirán. Con las leyes actuales, una simple discusión puede terminar con la ruptura total de la familia, cometiéndose unos daños irreparables por no dejar vía libre a algo que la humanidad ha practicado desde siempre: el derecho a la reconciliación entre seres que se quieren y conviven juntos.
Una palabra de más, incluso un acto de violencia producto del apasionamiento y la visceralidad momentáneas producto de una convivencia que en algunos momentos se hace excesivamente rutinaria y por ello delicada (lo cual sigue siendo normal), se convierte gracias a unas leyes injustas y a un funcionariado prepotente y resabiado, en un acto de repercusiones permanentes y para toda la vida. Se imposibilita con ello lo que hasta la aparición de la Ley de “Violencia de Género” terminaba casi siempre en un matrimonio normal, con sus momentos difíciles y sus buenos momentos, tal como la vida misma.
Todo esto el niño, al que se le pide que incite a delatar sin más, lo desconoce, ya que se le manipula de forma deliberada. Tampoco sabe el niño lo que implica una denuncia a su padre, incluso por una palabra mal dada: lo que hasta hace bien poco era considerado desde siempre una simple falta, castigada tal vez con multa de 90 euros sólo si era suficientemente y objetivamente demostrada, ahora implicará -sin más requisitos que la palabra subjetiva e interesada de la mujer- que será marcado de por vida con el sambenito de “maltratador”, con el estigma social que ello conlleva, e incluso podrá perder su trabajo y será rechazado por mucha gente.
No nos imaginamos a muchos niños que deseen eso a sus padres, pero este detalle no afecta para nada a los responsables de semejante cartel y del Ministerio de “Igualdad” (¿qué clase de padres debieron tener para creerse que todos los hombres somos iguales que ellos?).
Esperamos sinceramente que ellos en persona o sus familiares directos se vean inmersos en situaciones parecidas, para que sepan en carne propia lo que han creado. La experimentación real de los actos propiciados por uno mismo es la mejor manera de contemplar su viabilidad.
La familia es una institución que protege nuestro ordenamiento jurídico, pero que la campaña en cuestión pone permanentemente en solfa al promover las denuncias, con la consiguiente ruptura familiar casi automática. Desde este punto de vista, nos preguntamos si éste es un fin oculto de la citada campaña.
Por lo mismo, no hay que olvidar las ruinosas repercusiones económicas y los gastos necesarios de abogados y procuradores, además de meterse de pleno en un mundillo lleno de pleitos y juicios, donde muchos desconocidos husmearán con ansia desmedida en la intimidad de la vida familiar, lo que de saberlo tampoco lo desearía, pues nadie en sus cabales desea algo así. Sin embargo, las autoridades le piden, sin más, que intervenga y delate o incite a la delación.
Es como pedirle que declare ante un juez sin un abogado presente, desconociendo totalmente sus derechos y que, encima, el juez sea causa y parte.
También desconoce el niño, a menos que sea un portento de madurez, que muchas madres intentan echarse para atrás cuando descubren la gravedad de lo que ocurre después de la denuncia interpuesta por ella gracias o no a la manipulada y alentada colaboración de su hijo, pero las autoridades y las leyes actuales, imbuidas de un espíritu intervencionista en la familia digno de la era estalinista, se lo impedirán. Con las leyes actuales, una simple discusión puede terminar con la ruptura total de la familia, cometiéndose unos daños irreparables por no dejar vía libre a algo que la humanidad ha practicado desde siempre: el derecho a la reconciliación entre seres que se quieren y conviven juntos.
Una palabra de más, incluso un acto de violencia producto del apasionamiento y la visceralidad momentáneas producto de una convivencia que en algunos momentos se hace excesivamente rutinaria y por ello delicada (lo cual sigue siendo normal), se convierte gracias a unas leyes injustas y a un funcionariado prepotente y resabiado, en un acto de repercusiones permanentes y para toda la vida. Se imposibilita con ello lo que hasta la aparición de la Ley de “Violencia de Género” terminaba casi siempre en un matrimonio normal, con sus momentos difíciles y sus buenos momentos, tal como la vida misma.
Todo esto el niño, al que se le pide que incite a delatar sin más, lo desconoce, ya que se le manipula de forma deliberada. Tampoco sabe el niño lo que implica una denuncia a su padre, incluso por una palabra mal dada: lo que hasta hace bien poco era considerado desde siempre una simple falta, castigada tal vez con multa de 90 euros sólo si era suficientemente y objetivamente demostrada, ahora implicará -sin más requisitos que la palabra subjetiva e interesada de la mujer- que será marcado de por vida con el sambenito de “maltratador”, con el estigma social que ello conlleva, e incluso podrá perder su trabajo y será rechazado por mucha gente.
No nos imaginamos a muchos niños que deseen eso a sus padres, pero este detalle no afecta para nada a los responsables de semejante cartel y del Ministerio de “Igualdad” (¿qué clase de padres debieron tener para creerse que todos los hombres somos iguales que ellos?).
Esperamos sinceramente que ellos en persona o sus familiares directos se vean inmersos en situaciones parecidas, para que sepan en carne propia lo que han creado. La experimentación real de los actos propiciados por uno mismo es la mejor manera de contemplar su viabilidad.