Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

Lo "políticamente correcto"

Excmo. Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

RAMON PASTOR QUIRANT
EXPONE

Que ha visto como a la entrada de la sede de MUFACE en Alicante hay colgado desde hace un tiempo un cartel alusivo a los malos tratos, en el cual aparece un niño diciendo a su madre: ?Mamá, hazlo por nosotros, actúa. Ante el maltratador, tolerancia cero?,

Ante lo cual, SOLICITA

Su inmediata retirada por los siguientes motivos:

PARTE PRIMERA, de la igualdad entre sexos.
a) Tanto este cartel como los otros dos de la campaña incumplen el artículo 14 de la Constitución Española, que habla de la igualdad entre sexos.

Publicado el

d) El artículo 510.1 del Código Penal establece que “Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.". Es evidente que los causantes de los malos tratos pueden provenir de ambos sexos, sin embargo, el Ministerio de “Igualdad” pretende hacer creer a los niños con esta campaña que el padre es el único responsable de las situaciones de violencia que puedan surgir en el ámbito familiar.

Con total desparpajo, esta campaña une al hombre-padre con la violencia de género, incluso con la violencia en general y contra los hijos, dada la ambigüedad del cartel en ese sentido, utilizando a los hijos para denunciar a sus padres, a los que provoca a la discriminación y al odio hacia su padre de una forma retorcida. Hay que hacer constar que la ley prevé la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses para los responsables de campañas ilegales.

e) El principio de que todos somos iguales ante la ley es básico en el Derecho comunitario, y está recogido por muchas de sus leyes y normas. Reflejamos aquí el capítulo titulado Igualdad, y más en concreto el artículo 20 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE promulgada en 2000, que prohíbe toda discriminación, entre otros motivos, por razón de sexo; los artículos 2, 3 y 13 del Tratado de la CE, que establecen el objetivo de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres; y abundando en el tema el artículo 13 del Tratado de Amsterdam, los artículos 8 y 14 del Convenio Europeo de Roma de 4 de Noviembre de 1950, y por no resultar demasiado extenso la Declaración de Derechos Humanos de Niza de 2000, en sus artículos II-21, II-23 y II-24.

Es necesario mencionar también que el Tratado de Amsterdam, de 1 de mayo de 1999, recoge en su Título 2, capítulo 1, artículo 3 que “El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil”. Y el 4 que “La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas”.

El artículo 6 establece que “Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados”.

El artículo 12 dice que “Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación”. El 13.1, que “De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad”.