Sobre el apoyo del T. Constitucional a la ley integral de Violencia de Género
NOTA DE PRENSA DE LA CONFEDERACIÓN ESTATL DE PADRES Y MADRES SEPARADOS
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Como conclusión, creemos que tanto la Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género como el sentido de la resolución que prepara el TC, constituyen pronunciamientos que, lejos de velar escrupulosamente por la protección de los derechos civiles y constitucionales, responden a impulsos políticos cuyo compás está marcado por la alarma social mediática generada en torno al problema de la violencia de género.
Esto quiere decir que nuestros poderes públicos están rebasando la frontera que separa el Derecho del peligroso territorio donde el fin empieza a justificar los medios. Todo el mundo sabe, además, que la independencia del Poder Judicial respecto del contexto político está hoy en nuestro país más cuestionada que nunca, cuestionamiento en el que abundan los hechos actuales, para un mayor descrédito de la Justicia, si cabe, ante los ciudadanos.
La Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género es un error político, además de una norma jurídicamente insostenible y de efectos sociales desastrosos. Ni siquiera el aval del TC a dicha Ley, si se confirma, podrá contener el malestar creciente no sólo de los usuarios de la Justicia, también de los profesionales que diariamente se enfrentan a los problemas generados por una norma que, recordemos, ha sido objeto ya de 180 cuestiones de inconstitucionalidad, algo que no tiene precedente en la historia de nuestra democracia.
Esto quiere decir que nuestros poderes públicos están rebasando la frontera que separa el Derecho del peligroso territorio donde el fin empieza a justificar los medios. Todo el mundo sabe, además, que la independencia del Poder Judicial respecto del contexto político está hoy en nuestro país más cuestionada que nunca, cuestionamiento en el que abundan los hechos actuales, para un mayor descrédito de la Justicia, si cabe, ante los ciudadanos.
La Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género es un error político, además de una norma jurídicamente insostenible y de efectos sociales desastrosos. Ni siquiera el aval del TC a dicha Ley, si se confirma, podrá contener el malestar creciente no sólo de los usuarios de la Justicia, también de los profesionales que diariamente se enfrentan a los problemas generados por una norma que, recordemos, ha sido objeto ya de 180 cuestiones de inconstitucionalidad, algo que no tiene precedente en la historia de nuestra democracia.