Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

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Sobre el apoyo del T. Constitucional a la ley integral de Violencia de Género

NOTA DE PRENSA DE LA CONFEDERACIÓN ESTATL DE PADRES Y MADRES SEPARADOS

Publicado el

La Confederación Estatal de Madres y Padres Separados expresa su descontento ante la información aparecida en el día de ayer en la prensa, según la cual el Tribunal Constitucional prepara una resolución que, previsiblemente, respaldará la constitucionalidad de la Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género.

Como se sabe esta resolución dará respuesta a la cuestión de inconstitucionalidad presentada en julio de 2005 ante dicho Tribunal por la juez de Murcia Dª María Poza, primera de las 180 cuestiones de inconstitucionalidad relativas a la discriminación por razón de sexo que establece la mencionada ley de diciembre de 2004.

La disconformidad de esta Confederación de Asociaciones con el sentido de dicha resolución, si se confirma, se sustenta en las siguientes valoraciones:

La citada norma de 2004 constituye una agresión a la Carta Magna (art. 14), rompe las reglas de juego fundamentales del Estado de Derecho y establece una restricción de los derechos de los ciudadanos, una norma de discriminación positiva en función de la condición sexual del sujeto activo y pasivo de una conducta antijurídica y socialmente reprochable y no en base al resultado o peligrosidad de la conducta misma.

La citada Ley Integral contra la Violencia de Género, asimismo, está resultando a todas luces ineficaz en la lucha contra la violencia sobre la mujer, por lo que aún se entiende menos el empeño de nuestros gobernantes en justificar el sacrificio del principio de igualdad de los ciudadanos ante la Ley. Si al menos la norma produjera los efectos deseados, desde el punto de vista de una pragmática política que rozara el cinismo, podría entenderse su defensa.

Pero teniendo en cuenta los frutos que esta Ley está cosechando, dado el desorden que ha introducido en la Administración de Justicia, dado el aumento de la conflictividad que la propia Ley está retroalimentando; dados los daños colaterales que está produciendo en miles de ciudadanos inocentes y dada la desprotección y el desamparo en que están quedando las auténticas víctimas de la violencia de género, resulta todavía más irracional y más irresponsable esta huída hacia delante de nuestros poderes públicos y su apuesta ciega por justificar lo injustificable.