Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

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Comunicado de Richard Monteguepardi

Tras 30 días manteniendo una huelga de hambre delante del Ministerio de Justicia de España, y haber sido ninguneado tanto por el titular del mismo como por los Tribunales de Justicia ante mis peticiones para que sea atendido el derecho de mi hija Valentina de tener un contacto directo, fluido y continuo con su papá, me he visto obligado a pedir auxilio a las altas instituciones italianas, a través de sus representantes consulares y diplomáticos en España.

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Quiero informar, hoy aquí, que el Juzgado de Familia, en el que se vienen resolviendo las cuestiones relativas a la guarda y custodia de mi hija Valentina, y donde por tanto, se adoptó una medida provisional que me retiró el régimen de visitas con respecto a mi niña, tras una malévola denuncia por "supuesta sustracción de menores" presentada por mi ex pareja de la que resulté absuelto, no ha querido retirar la misma ante la petición de mi abogado por el cauce judicial oportuno.

Es decir un juzgado español se niega, sin fundamento y razonamiento jurídico alguno, a permitir que una niña italiana residente en España recupere el contacto con su papá y con toda su familia paterna, lo cual constituye un atropello que conlleva, además, la violación flagrante de todos los derechos constitucionales de mi hija y su papá, como también de los convenios internacionales sobre los derechos de los niños que suscribió y ratificó el Reino de España.

Asimismo, la AP de Barcelona, donde recurrí en apelación la negativa del Juzgado anteriormente citado, ante la solicitud de guarda y custodia compartida de mi niña, no ha aceptado tampoco resolver como medida de urgencia, el levantamiento de dicha suspensión totalmente arbitraria y no conforme a derecho alguno.

Después del acto de protesta que vengo manteniendo desde el 15 de octubre pasado, en forma de huelga de hambre delante del Ministerio de Justicia de España y del que son conocidos públicamente los motivos, gracias al despliegue de los medios de comunicación de este país que tienen verdadera vocación informativa, que me obligaron a adoptar ese acto desesperado ante el atropello político-judicial realizado sobre los derechos de una niña italiana, vulnerándosele los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, por parte del Estado español, quién los suscribió; he decidido denunciar ante los representantes diplomáticos de mi país, tamaño atentado, y solicitar el amparo del Ministerio de Exteriores y de la Presidencia de la República italiana, para lo cual me encuentro hoy aquí.

Esta denuncia se centra en varios aspectos, que son el origen de la situación en la que me encuentro:

En primer lugar, debo constatar que aseverar -como me respondió el gabinete del Ministro-, que la tutela judicial efectiva está garantizada a través de diversos mecanismos e instrumentos procesales que evitan la indefensión, equivale a un cinismo desbordante, típico de un estado que, el 28 de diciembre de 2004, ha instaurado en este país un régimen de persecución indiscriminada contra hombres y padres, bajo el falaz argumento de propiciar la igualdad de la mujer.

Una prueba más de ello es el fallo discriminatorio emitido por parte de una jueza de Barcelona, en el se niega la custodia de su hija a un papá por ser hombre y “cojo”, sin nada más.


 
Richard
Richaard Monteguepardi