Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

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Sobre el 'caso Chiclana'

http://www.diariodecadiz.es/Opinion_ESN_HTML.aspx

>José Manuel Aguilar Cuenca, psicólogo forense y escritor

AL leer los autos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Chiclana de la Frontera, que tanto revuelo mediático han producido estos últimos días, varias cuestiones asaltan mis pobres y lentas entendederas.

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La primera es la falta de profesionalidad y rigor que los informadores de los principales noticiarios de las televisiones estatales y autonómicas han ofrecido al dar la noticia. Los medios difundieron que el juez había dictado un auto por el cual se otorgaba la vivienda al marido maltratador, expulsando -y poco menos que lanzando miserablemente a la calle- a la esposa con su hija.

La noticia se vistió, con declaraciones oportunas de las abogadas feministas de turno, de una especie de complacencia del juez ante la situación que, con la citada decisión, parecía premiar al maltratador por su comportamiento. Nada más alejado de la realidad, una vez más.

El Juez, en un inusual despliegue de argumentos y razonamientos bien enlazados, motiva que un sujeto -que no ha sido condenado y, por tanto, no puede ser calificado de maltratador, por mor del frecuentemente olvidado derecho de presunción de inocencia- no puede ser lanzado a la marginalidad, en la que seguro se vería, si es expulsado de su domicilio.

Sobre todo cuando esta decisión atentaría directamente contra el bien superior que todos debemos proteger, cual es la necesidad de sustento de la hija del aún matrimonio, a la que el padre debe contribuir con su manutención.

Y, aún más, cuando existe otra vivienda de la pareja que, por la renuente actitud de la señora, no se ha escriturado todavía.

Es decir, Su señoría razona que sería del todo desproporcionado cargar al hombre con la letra de la hipoteca, la letra de la otra vivienda, el pago de una pensión alimenticia a favor de la hija y, como colofón, una pensión compensatoria para la esposa y el alquiler de la nueva vivienda que él tendría que ocupar, teniendo dos disponibles en propiedad.

La segunda incomprensible cuestión que alcanza mi parco intelecto es la calificación de maltratador que, muy alegremente, se ha lanzado a este señor por todos lados. Independientemente de que no se encuentra condenado, el juez razona que el acontecimiento final de violencia -un forcejeo entre la pareja- se produjo después de que la señora volvió al domicilio conyugal, a donde acudían con asiduidad sus padres y una amiga de la mujer, haciendo todos uso de la vivienda y provocando gastos que eran sufragados por el denunciado.

Uno podría entender que tan rocambolesca y anormal situación buscaba presionar al marido para que saliera de casa y, así lo entiende el juez, pudiera haber contribuido de algún modo al desafortunado episodio de forcejeo.

Su señoría finalmente se interroga por el hecho de que la actual ley de violencia hace una discriminación muy oportunista -que el juez hace muy bien en ubicar en las presiones que el lobby feminista radical realizó al Gobierno- de un mismo acto, en función de si lo hace un hombre o una mujer.

Es decir, si un hombre empuja a una mujer el hecho se califica de delito -por lo que el autor podría ir a la cárcel-, mientras que si es al revés, la calificación no pasa de falta y, por tanto, no llegará más allá de una multa económica.

Una tercera cuestión es que, una vez más, tengo que lamentar el hecho del menosprecio subyacente que todo este asunto muestra hacia las mujeres maltratadas. Equiparar un forcejeo a un maltrato, es decir, a una convivencia asimétrica en la que una persona es sometida y privada de su libertad de decisión, es una ofensa, no sólo a una inteligencia tan limitada como la del que esto escribe, sino hacia aquellas mujeres -e invisibles hombres- que se ven diariamente sometidos a esta reprobable realidad.

Una vez más la banalización y la necesidad de acumular estadística para justificar presupuestos, partidas económicas e iniciativas políticas, late en la forma de contar los hechos.

De todo lo anterior a uno le queda la duda de si esos periodistas leen los escritos o contrastan las informaciones que dan en sus respectivos medios. Conocer la realidad a mí sólo me ha costado una llamada de teléfono. Por lo anterior pareciera que basta con que alguien hable y, por razón del poder de las ondas hercianas o la tinta, aquello se transformara en realidad o aserto.

Pero esto no es sino media verdad, en tanto que las noticias a las que estamos acostumbrados siempre tienen un color determinado.

Si fueran errores, humanos todos somos, esperaríamos que unas veces aquellos cayeran de un lado, mientras que en otras ocasiones vendrían a caer de éste. No hay que ser muy despabilado para ver que los equivocados enfoques siempre caen de un lado, se visten de un color, favoreciendo las posturas que el pensamiento político correcto del momento impone.

Si para ello debemos difamar a un profesional como el juez del citado Juzgado, qué le vamos a hacer.