Padres y Madres Separados

Madrid- Sólo tres meses en funcionamiento y ya han huido dos de sus siete inquilinas. La Casa Malva era un proyecto esperanzador. Sin embargo, el primer centro de atención integral a mujeres víctimas de la violencia de género, financiado con fondos públicos, ha fracasado en su objetivo. Las mujeres acogidas se quejan de que en la casa padecen las mismas «obligaciones, presiones y represalias» que tuvieron que soportar en sus antiguos hogares. Así lo ha hecho saber Josefa, la primera residente en marcharse del centro, para quien la Casa Malva no es más que una «cárcel de lujo».

Una cárcel compuesta por 20 apartamentos tutelados y un centro de atención, en la que vive María, nombre ficticio para una de las residentes del centro, que no ha querido desvelar su identidad por miedo a las represalias. Después de reunir el valor necesario para marcharse de su casa, María encontró en la Casa Malva un verdadero hogar. «Cuando ví el afecto con que me recibían todos me sentí muy aliviada».

«Sin embargo, enseguida, las cosas cambiaron y el trato empeoró muchísimo. Hasta el punto de que he llegado a creer que estaría mejor en mi casa, con mi marido», admite María. Y es que, según esta residente, las normas de la Casa han adquirido un tinte «carcelario». «Tenemos que estar todo el día dando explicaciones sobre a dónde vamos y con quién», explica María. «Al principio no le das importancia; incluso piensas que te vendrá bien contarlo. Sin embargo, luego te das cuenta de que necesitas intimidad», reconoce.

Requisito imprescindible

«Por otro lado -continúa María- no entiendo para qué trabaja tanta gente allí». «Una de las primeras residentes de la casa era una mujer con una deficiencia mental bastante grave. Ninguna de nosotras podíamos ayudarle porque no sabíamos cómo y los trabajadores no le hicieron ni caso. Al final, la mujer acabó regresando con su maltratador», cuenta María. Sin embargo, una de las normas que más ha llamado la atención desde que se hizo pública fue la que obligaba a las residentes a divorciarse, como requisito para ingresar en el centro.

Esto fue lo que hizo que el grupo Popular del Ayuntamiento de Gijón se implicara en el caso, apoyando la denuncia de estas mujeres. Una de las principales involucradas en la denuncia es Pilar Fernández Pardo, portavoz del PP en el Consistorio de Gijón y senadora. «Cuando las residentes se pusieron en contacto con nosotros, después de que otras asociaciones no les hubieran escuchado, solicitamos una visita al centro para comprobar que las denuncias de las afectadas eran ciertas y que existía ese contrato que obligaba a las mujeres a separarse», continúa.

Sin embargo, las residentes se marcharon de la Casa Malva con las manos vacías. «Lo único que encontramos fue un gran nerviosismo por parte de los responsables. No nos mostraron estos documentos y tampoco respondieron a nuestras preguntas», explica Fernández Pardo.

«Después de escuchar sus testimonios, pedimos explicaciones a los máximos responsables y a las personalidades políticas implicadas en el centro, como la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández, o la directora del Instituto de la Mujer, María Fernández, pero nadie dio la cara», explica la portavoz del PP. «También solicitamos una especie de auditoría externa y tampoco se llevó nunca a cabo», añade. «Así que enviamos una carta a la Procuradora General de Asturias y otra al Defensor del Pueblo y yo, como senadora, he solicitado la comparecencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales», explica la portavoz popular.

De momento, Cruz Roja ha flexibilizado las normas internas para atajar la crisis. Sin embargo, según las residentes, el trato hacia algunas inquilinas es mejor que hacia las demás, por lo que creen que sólo se trata de una estrategia para enfrentarlas.

«Nos sentimos como delincuentes»

La primera en sacar a la luz los problemas existentes en la Casa Malva fue una de sus antiguas residentes, Josefa Gómez, que denunciaba un «régimen penitenciario». Algo en lo que María, una de sus compañeras del centro, está de acuerdo. «Nos sentimos como delincuentes, tenemos cámaras de vigilancia dentro de la casa y debemos dar explicaciones a todas horas», cuenta esta inquilina.

«Además, ni siquiera respetan nuestra intimidad. Los trabajadores del centro entran en nuestros apartamentos con la llave maestra cuando quieren, sin ni siquiera llamar al timbre. Han llegado a entrar incluso estando nosotras dentro», añade.

Por otro lado, está el tema de las comidas. Según cuenta María, «los apartamentos son estupendos y tienen unas cocinas perfectamente equipadas, que están sin estrenar». Y es que, tal y como han denunciado las residentes, sólo pueden preparar comidas en la cocina común de la Casa. «Cada día cocina una de nosotras para todos, los trabajadores incluidos». Una tarea, para la que tienen que emplear a fondo su imaginación, ya que la comida es escasa. Las inquilinas no pueden hacer la compra así que tienen que subsistir como pueden. «Trabajo 14 horas diarias y el otro día volvía a casa y no tenía ni un trozo de jamón para comer», cuenta María.

Otra norma de la que se quejan es el hecho de tener que asistir obligatoriamente a los talleres.

«En teoría es algo optativo», explica María, «sin embargo, todos los domingos a las 11 de la mañana nos despiertan para ir a esas clases, que no sirven para nada y sobre las que nadie nos preguntó si nos interesaban».

Régimen espartano

En el Reglamento Interno se recoge que las mujeres residentes se comprometen a efectuar las gestiones administrativas y judiciales para la separación y denuncias correspondientes. Esta condición vuelve a aparecer en la prórroga del contrato de estancia en el centro, en la que se afirma que las mujeres acogidas deben iniciar «el procedimiento penal y civil de separación».

No se permiten visitas a la Casa. Los hijos mayores de edad tampoco pueden entrar en el centro. Por lo tanto, cuando reciben alguna visita tienen que ir a pasear por los alrededores del recinto.

Las mujeres pueden salir libremente, pero atendiendo a los horarios establecidos (hasta medianoche entre semana y hasta las dos de la madrugada los fines de semana).

En casos concretos, el equipo puede limitar el número de salidas de las residentes.

Aunque en las normas de la Casa se afirma que las actividades organizadas por el equipo de profesionales son optativas, las residentes afirman que son obligadas a asistir.

La normativa de la Casa recoge que la alimentación será sana y equilibrada. Sin embargo, las mujeres han denunciado la continua escasez de comida en el centro.

El incumplimiento reiterado de la normativa puede conllevar determinadas sanciones por parte del equipo de profesionales del centro.