Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

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En Argentina toman en serio las falsas denuncias

A continuación se transcribe íntegramente la resolución judicial por la cual se condenó a una mujer al pago de $100000 (unos U$S30000.-) para indemnizar al padre de sus hijos por el daño causado por una falsa denuncia de abuso sobre sus hijos en su contra

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El 25 de febrero de 2002, finalmente, el antedicho tribunal confirmó su sobreseimiento total en la causa "...por no haberse acreditado que el hecho investigado haya existido...".

Sostuvo que la denuncia efectuada se trata una calumnia o, cuanto menos, del delito civil de acusación calumniosa.

Puntualizó que la imputación falaz y temeraria realizada lesionó efectivamente su honor, tanto en lo que respecta a su autoestima como en su reputación frente a terceros, dañando su personalidad. Y atento la relevancia del daño impuesto por la demandada y sus secuelas, pidió que se le indemnice el agravio moral causado en la cantidad de $ 150.000.

En su hora, M. E. A. resistió la demanda pidiendo su desestimación.
Afirmó la inexistencia de antijuridicidad o ilicitud en su actuar, destacando que el hecho que la denuncia formulada haya finalizado con un sobreseimiento del actor no implica que su interposición haya sido antijurídica.

Puntualizó que, impertinentemente, el actor atribuye responsabilidad a su parte por un accionar que claramente representa la actitud que una madre debe asumir ante el conocimiento que tiene a través de profesionales de la medicina de un delito del cual fue víctima su hijo, no habiendo imputado nunca directamente una conducta delictiva sino que solamente llevó la "noticia criminis " a manos de quien correspondía, "la justicia".

B- La solución dada en primera instancia.
El Sr. Juez de Primera Instancia, Dr. Rubén Daniel Moriones, hizo lugar a la demanda promovida y condenó a la accionada a abonar al actor la cantidad de $ 50.000 (en concepto de daño moral), intereses y costas. Para así decidir merituó que en la sentencia que dispuso el sobreseimiento en el fuero principal se concluyó en que no se acreditó la existencia del hecho investigado, estimando irrefutables las conclusiones de dicha resolución, donde se refutaron las supuestas pruebas aportadas por la aquí demandada.

Consideró aplicable el art. 1103 del Código Civil, entendiendo por tanto que no puede revisarse aquí lo decidido en el fuero penal en cuanto a la inexistencia del hecho que fue materia de la denuncia.

Ponderó luego que los hechos denunciados son de tal gravedad que pueden generar con la sola denuncia daños irreparables, de modo que se debe exigir que quien los denuncia que extreme todos los recaudos y no que sólo se comporte como una buena madre de familia. Entendió que el grave conflicto matrimonial de las partes obnubiló el razonamiento de la demandada, oscureciendo su juicio y llevándola apresuradamente -sin agotar los medios necesarios previos para confirmar los hechos- a poner en movimiento la investigación penal, máxime cuando contaba con la opinión en sentido contrario del médico de cabecera del niño.

Destacó especialmente el juez que "A cualquier ser humano que tenga hijos le resultaría escalofriante el verse involucrado en tamaña acusación. La interpretación debe ser restrictiva y estricta, no se puede admitir que se eche mano a este tipo de denuncias sin la existencia de un grado de certeza tal que no hagan exigible otra conducta que la denuncia misma, ya que el daño que se produce es mayor".