Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DAÑOS COLATERALES

Me anima a escribir estas líneas el que en las últimas fechas se estén publicando, en algunos periódicos de nuestro entorno, opiniones acerca de la existencia de denuncias falsas de malos tratos.

Y me anima, no sólo en el sentido de que me impulsa a manifestarme sobre el tema, sino también en el de que me alegra que hablar de ello empiece a dejar de ser tabú.

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Debería ser evidente que la mejor manera de defender a quienes sufren malos tratos, no es empeñarse en negar u ocultar que hay mujeres y abogados que recurren a las falsas denuncias por razones muy diversas (venganza, posible influencia en el juez que debe dictaminar sobre la custodia de los hijos, ayudas económicas de la Administración, etc.).

Al contrario, la lacra que supone la existencia de este tipo de comportamientos daña gravemente la credibilidad de aquellas que necesitan ser protegidas. Da la impresión de que el péndulo de la Historia nos ha devuelto a la época del amor cortés medieval, cuando la dama era considerada (pero..., ¡ay, sólo en la ficción literaria!) un ser superior y perfecto.

Mal vamos hacia la igualdad si se idealiza a la mujer: poco igualitaria fue la Edad Media. Parece que se llegará antes a esa meta si ya, de partida, consideramos a ambos sexos parejos: los dos, capaces de actuar con el mismo grado de ética, entre el vil cero y el loable diez.

Cualquiera que se haya acercado a la Ley de Violencia de Género sabe que es injusta. Que, incluso, es inconstitucional, por más que la haya declarado acorde con los derechos reconocidos en la Constitución el Tribunal que dictamina sobre esta cuestión (tribunal tan político, tan dependiente de los intereses políticos, que sus miembros son elegidos por los partidos).

El varapalo que dicha ley propina a la presunción de inocencia, tira por tierra un principio que es fundamental en toda sociedad democrática. Además, es ese desprecio a la presunción de inocencia lo que da vía libre a la interposición de falsas denuncias.

No parece muy constitucional tampoco la discriminación que establece en relación a quien maltrata. Así, en nuestro ordenamiento jurídico, un mismo hecho resulta constitutivo de delito si lo ejerce el hombre sobre su mujer; y de falta, si lo realiza la mujer sobre su compañero, o si lo practica cualquiera fuera de la pareja.

Ya sé que tal parcialidad se ha justificado con la necesidad de ejercer una discriminación positiva a favor de la mujer. Pero no debería gozarla cualquier mujer.

Quien maltrata se vale de su superioridad física o psicológica, y de su inferioridad ética para hacerlo. Tan despreciable es el hombre que dirime sus problemas sentimentales a golpes, como la mujer que actúa de la misma manera.

¿Qué trato de favor merece la mujer que humilla al hombre, que no merezca el hombre que humilla a la mujer?

Pero, además, hay alguien inocente que se puede ver gravemente perjudicado por la Ley de Violencia de Género: los hijos. Lo normal es que una condena lleve aparejada una orden de alejamiento y una prohibición de comunicarse “por ningún medio” con la mujer. La realidad nos demuestra que una orden de alejamiento no protege a la víctima.

Las noticias que dan cuenta de graves agresiones, a menudo acaban con la coletilla “el hombre tenía una orden de alejamiento”. Es obvio que a quien está dispuesto a asesinar difícilmente lo disuadirá que se le diga “usted, no sólo no puede tocar a esta mujer, sino que tampoco puede verla o hablarle”.

No obstante, como posible medida preventiva, admitamos que se dicte cuando exista la más mínima posibilidad de peligro para la mujer. Pero la inmensa mayor parte de las sentencias que se dictan se refieren a hechos puntuales, producidos en una situación conflictiva de separación, seguramente irrepetibles, que la ley (la general) sigue considerando faltas cuando no se producen en la pareja.