Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

La victoria de un LUCHADOR

(SU lucha nos dignifica)

STC 65/2007, de 27 de marzo de 2007

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Javier Delgado Barrio, don Roberto García-Calvo y Montiel, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez y don Manuel Aragón Reyes, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente S E N T E N C I A

Publicado el

3. La aplicación de las anteriores precisiones al supuesto que analizamos lleva directamente a la estimación del amparo solicitado, en razón de la limitada, insuficiente y desigual intervención que se dio al demandante en el juicio de faltas en el que estaba ejerciendo su derecho a la autodefensa, y ello pese a que expresó reiteradamente su voluntad de interrogar a la denunciante para contradecir su testimonio, que resultó al cabo, como se desprende de la simple lectura de la Sentencia dictada por la Juez de Instrucción, la prueba de cargo esencial para sustentar la condena.

Aunque la Audiencia Provincial argumenta que el demandante no estuvo indefenso porque, aunque se le prohibió interrogar a la denunciante no consta que no se le permitiera formular preguntas pertinentes a través de la Magistrada que dirigía los debates, lo cierto es que la simple lectura del acta de la vista oral pone de relieve que pese a que lo solicitó expresa e insistentemente, al recurrente se le prohibió interrogar a la denunciante con el único argumento de que no compareció asistido de Letrado. De otro lado, siendo cierto que no consta que se le prohibiera formular preguntas a través de la Magistrada, lo verdaderamente relevante es que ésta debía haber velado por el respeto del derecho de defensa del imputado, ofreciéndole expresamente tal posibilidad de modo que hubieran quedado salvaguardados el principio de contradicción y el derecho de defensa. No consta, sin embargo, que tal posibilidad fuera ofertada al demandante de amparo, ni que la Audiencia Provincial abordara el problema que le fue planteado desde esta perspectiva, sino desde un enfoque puramente rituario y formalista.

De este modo, es claro que el pronunciamiento judicial condenatorio no ha venido precedido de un debate pleno y contradictorio sobre todos los aspectos de la denuncia y de la acusación, y se ha fundado en pruebas respecto de las cuales no se ha producido la debida contradicción. El Juzgado primero, y la Audiencia Provincial posteriormente, fundamentaron su fallo condenatorio precisamente en pruebas de cargo (el testimonio de la denunciante), en cuya práctica se impidió tomar parte al demandante, produciendo una limitación de los derechos de defensa de la parte en un proceso con todas las garantías, limitación proscrita en el art. 24.2 CE, todo lo cual conduce a la estimación de este primer motivo de amparo.

4. La conclusión es distinta, sin embargo, en relación con la vulneración del derecho de defensa por falta de asistencia letrada, que se imputa tanto a la Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción como a la dictada por la Audiencia Provincial.

En los supuestos en que la intervención de Letrado no sea legalmente preceptiva la garantía de la asistencia letrada no decae como derecho fundamental de la parte procesal. A este respecto ha de tenerse en cuenta que el hecho de poder comparecer personalmente ante el Juez o Tribunal no obliga a las partes a actuar personalmente, sino que les faculta para elegir entre la autodefensa o la defensa técnica, dejándose a su libre disposición la opción por una u otra (así, SSTC 199/2003, de 10 de noviembre, FJ 5; 215/2002, de 25 de noviembre, FJ 4; y 222/2002, de 25 de noviembre, FJ 2).

Este derecho constitucional a la asistencia letrada —en los casos en que la intervención de Abogado no sea legalmente preceptiva, especialmente si afecta a procedimientos penales— exige que, cuando se opte por la defensa técnica de un Abogado de oficio por carencia de medios económicos y se ponga de manifiesto esa circunstancia con las debidas formalidades legales ante el órgano judicial, éste se pronuncie expresamente sobre su pertinencia, ponderando si los intereses de la justicia así lo exigen.

Para ello debe atender el órgano judicial a las concretas circunstancias del caso, con especial atención a la mayor o menor complejidad del debate procesal, a la cultura y conocimientos jurídicos del solicitante [STC 233/1998, de 1 de diciembre, FJ 3 b)] y a si la contraparte cuenta con una asistencia técnica de la que pueda deducirse una situación de desigualdad procesal (STC 22/2001, de 29 de enero, FJ 4).

Y todo ello porque, como ha sido reiterado, los órganos judiciales tienen la función de asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción, lo que les impone el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes o limitaciones en la defensa que puedan causar a alguna de ellas resultado de indefensión (STC 199/2003, de 10 de noviembre, que cita, a su vez las SSTC 38/2003, de 27 de febrero, FJ 5; 47/1987, de 22 de abril, FJ 2, y 233/1998, de 1 de diciembre, FJ 3).