Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

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STC 65/2007, de 27 de marzo de 2007

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Javier Delgado Barrio, don Roberto García-Calvo y Montiel, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez y don Manuel Aragón Reyes, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente S E N T E N C I A

Publicado el

7. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes, que a continuación se exponen sucintamente:

a) Interpuesta denuncia contra el demandante de amparo por una supuesta agresión realizada por éste sobre la madre de su ex mujer, el Juzgado de Instrucción núm. 10 de los de Madrid incoó procedimiento de juicio de faltas núm. 1385-2003, procediéndose al señalamiento del juicio.

b) En fecha anterior a dicho señalamiento el actor se personó en el Juzgado, solicitando que le fuera entregado testimonio completo de las actuaciones, facilitándose en el acto la copia requerida.

c) En el acto del juicio oral el denunciado, que ejercía su autodefensa, solicitó que se le permitiera hacer preguntas a la denunciante y hacer alegaciones, manifestando la Juez de Instrucción que no se le permitía hacer preguntas directas a la denunciante por no comparecer asistido de Letrado.

Asimismo solicitó la incorporación a las actuaciones de determinada prueba documental, así como que fuera admitido como prueba documental y que fuera reproducido un soporte informático que contenía, al parecer, la grabación de lo sucedido, admitiendo la Magistrada la incorporación de la prueba documental propuesta y rechazando la petición de reproducción del soporte informático, por desconocer su relación con los hechos.

d) Tras las alegaciones del Fiscal y del Letrado de la denunciante, fue concedida la palabra para alegaciones al demandante, procediendo a efectuar una calificación jurídica de los hechos tras dar lectura a un escrito que llevaba redactado, solicitando finalmente a la Magistrado que le concediese licencia para querellarse por calumnias e injurias contra la denunciante y la representante del Ministerio Fiscal.

e) Al dar lectura al acta, el demandante solicitó que se hiciera constar que la queja que había formulado hacía referencia a la vulneración de sus derechos constitucionales.

f) El Juzgado dictó Sentencia de fecha 18 de diciembre de 2003, condenando al demandante de amparo, como autor de una falta de lesiones, a la pena de cuatro fines de semana de arresto y costas.

g) Con fecha 10 de enero de 2004 el demandante de amparo interpuso lo que denominó “recurso de reforma y subsidiario de apelación” contra la Sentencia anterior, dictándose Sentencia por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 24 de marzo de 2004, desestimando el recurso interpuesto.

h) Notificada la Sentencia al demandante, éste presentó escrito ante la Audiencia Provincial de fecha 7 de abril de 2004 solicitando que le fueran designados Procurador y Letrado de oficio, a fin de no quedar sumido en indefensión, dictándose por la Sala providencia de fecha 14 de abril de 2004 denegando lo solicitado, toda vez que la ley no exige defensa y representación en juicios de faltas en el trámite de apelación, además de que el recurso había quedado resuelto por Sentencia de 24 de marzo anterior.

8. La demanda de amparo invoca la violación de su derecho a la autodefensa en relación con la Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción y la vulneración de su derecho a la asistencia letrada en relación con esta misma resolución y con la dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

En el primer caso alega el demandante que el pronunciamiento judicial no vino precedido de un debate pleno y contradictorio sobre todos los aspectos de la denuncia y la acusación, al no haber dejado la Magistrada de instancia que el recurrente, que ejercía su propia autodefensa, formulara preguntas a la denunciante, ni haberle advertido de que las mismas podría realizarlas por mediación de la propia Magistrada. Por esta razón, la decisión judicial se ha fundado en pruebas respecto de las cuales no se ha producido la debida contradicción, todo lo cual constituye una vulneración de su derecho a la autodefensa.

De otro lado, aduce el recurrente que los invocados derechos han resultado también vulnerados al haber sido desconocida su petición de asistencia letrada, que había efectuado alegando su carencia de medios económicos, máxime cuando la autodefensa ejercitada se manifestó incapaz de compensar la ausencia de Abogado.

Por otrosí, solicitó la suspensión de la ejecución de la Sentencia impugnada, por entender que la ejecución causaría un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad.

9. La Sección Segunda de este Tribunal acordó, por medio de providencia de 27 de diciembre de 2005, la admisión a trámite de la demanda de amparo y, a tenor de lo previsto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación al Juzgado de Instrucción núm. 10 de los de Madrid para que emplazara a quienes hubieran sido parte en ese procedimiento para comparecer en este proceso constitucional.

Con la misma fecha se dictó providencia incoando la pieza separada de suspensión en la que, tras las diligencias procedentes, se dictó Auto, de fecha 27 de febrero de 2006, acordando la suspensión de la ejecución de las Sentencias dictadas por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de marzo de 2004, y del Juzgado de Instrucción núm. 10 de los de Madrid de 18 de diciembre de 2003, exclusivamente en lo relativo a la condena al recurrente a la pena de cuatro fines de semana de arresto.