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¿Por qué las feministas no quieren hablar de dinero?

Lidia Falcón 31-03-2007

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=49081

La aprobación de la Ley de Igualdad ha puesto de manifiesto, una vez más, que España es el país donde más leyes se aprueban que no tienen posibilidades de ser implantadas.

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Cada vez que participo en una mesa redonda, en un programa de radio o en un debate público con otras dirigentes de las asociaciones de mujeres, observo asombrada que muestran un entusiasmo absoluto y acrítico respecto a esas pomposas leyes que conciernen a la situación de las mujeres: ley de violencia, ley de igualdad, ley de dependencia, y ni hacen mención de las inversiones económicas que se precisan para que tengan alguna efectividad en la vida real de las mujeres.

Todos los discursos, también pomposos, con que las acogen, repiten en un ritornello interminable digno del bolero de Ravel, los tópicos de la educación en casa, de cambiar la tradición, de que la sociedad se implique, que los hombres colaboren -por su buena disposición-, sin que las cuestiones materiales inmediatas que se supone ellas también deben sufrir, si son seres humanos con las necesidades habituales de éstos, como el nivel de los salarios, el precio de la bolsa de la compra y el de la vivienda, el coste de las guarderías y la carencia de residencias de ancianos y de atención sanitaria, las conmuevan un ápice.

Lo curioso es que cuando desde el Partido Feminista intentamos defender la concesión de un salario al ama de casa, sobre todo a aquellas mayores de cincuenta años incapacitadas para obtener un empleo, esas feministas nos acusaron de querer mantener a las mujeres en su milenario destino y se negaron rotundamente a apoyarnos en esa reclamación en las elecciones al Parlamento Europeo de 1999. Y ahora me las encuentro entusiasmadas con que se les pague 300 euros a las madres de los paralíticos para que se queden en casa a cuidarlos, y en vez de exigir la creación de nuevos jardines de infancia se aprestan con entusiasmo a responsabilizarse, una a una, de la frustrante y agotadora tarea de pedirles a su hombre que cuide del niño.

El gobierno ha conseguido triunfar sobre todas las reclamaciones feministas: ha echado sobre las mujeres la responsabilidad de ocuparse de su familia, y en todo caso de pelearse con el marido para resolver sus problemas, y a las empresas la carga económica de aceptar innumerables permisos de sus empleadas y empleados. La privatización en definitiva de las cargas sociales, tan querida por el capitalismo.

Mientras siempre se dice que los presupuestos de un Estado son los que definen el carácter social de éste, al parecer en lo que concierne a las mujeres el dinero no tiene importancia. Los verdaderos objetos de nuestro deseo de cambio feminista son la publicidad, los medios de comunicación, la buena voluntad masculina, la educación familiar, los sentimientos, la competencia, las leyes, la tradición, la cultura, la imagen, es decir la superestructura ideológica, que, como desea la burguesía, oculta y enmascara la estructura económica sobre la que asientan todos los conflictos de intereses, y que las oligarquías que mandan en nuestro país propician muy eficazmente para alienar a nuestros ciudadanos.

Y en este caso, también a nuestras ciudadanas defensoras de los derechos de las mujeres. Muchos derechos y muy poco dinero para sustentarlos y hacerlos realidad.

Y como colofón hablemos de las cuotas en las listas electorales impuestas en la Ley de Igualdad. No sólo se producirá -se está ya produciendo- el efecto perverso del que hablaba al principio, respecto a las cuotas de los partidos y en los consejos de administración de las empresas, sino que ha tenido como consecuencia inmediata que ya no se puedan presentar listas únicamente de mujeres. Este efecto temido por nosotras desde hace años, motivó que las dirigentes del Partido Feminista sostuviéramos varias entrevistas con Cristina Alberdi cuando era diputada y con las dirigentes de la Secretaría de Igualdad del PSOE, exponiéndoles el problema que se avecinaba si insistían en establecer rígidamente la obligación de disponer de un 40% al menos de candidatos varones en las listas. No era precisa esta redacción de la ley. Podía obligarse a que no hubiera menos de un 40% de mujeres, con lo cual se garantizaba la participación de mujeres en las habituales listas repletas de varones y no se impedía que los partidos feministas presentáramos candidatas únicamente femeninas.

Pero ya vimos en las entrevistas que sostuvimos con Cristina Alberdi y Micaela Navarro que no estaban dispuestas a atender nuestra petición. Con un entusiasmo sin igual por defender a los hombres, supuestos candidatos de listas feministas, se negaron rotundamente a aceptar las sugerencias que les planteábamos. Únicamente en el País Vasco, las diputadas del PNV, bastante más feministas y demócratas que las socialistas, atendieron y entendieron nuestros argumentos y aprobaron el articulado de la ley con la modificación que proponíamos, pero que naturalmente solamente puede aplicarse en las elecciones a esa Comunidad.

Resulta evidente que es ridículo, en el día de hoy, que tengamos que proteger la participación masculina en la política. Si nos ha costado dos siglos llegar a crear partidos feministas y lograr candidatas para algunas listas electorales, es de evidente mala fe impedir que podamos continuar con esta política. Está visto que las mejores cómplices de la política del poder son las mujeres crecidas a su vera.

En definitiva, las asociaciones de mujeres, en realidad organizaciones creadas para que sean correas de transmisión de los partidos gobernantes y recaudadoras de votos y de subvenciones, están defendiendo la política burguesa, aquella que denunciaron, con tantos sacrificios personales, nuestras pioneras anarquistas, comunistas, sindicalistas, sufragistas, feministas. Diríase que hemos perdido el siglo.