Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

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LA JUSTICIA PENAL EN LA ESTRATEGIA DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Ramón Sáez Valcárcel

(PUBLICADO EN LA REVISTA DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA)

?La justicia es?la creación que emana de una conciencia viva, sensible, vigilante, humana.
Es precisamente este calor vital, este sentido de continua conquista, de vigilante responsabilidad que es necesario apreciar e incrementar en el juez?.
Piero Calamandrei

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Sociólogos como Zigmunt Bauman, David Garland, Loic Wacquant o Alessandro de Giorgi vienen denunciando que las prisiones se están utilizando como contenedores de basura para expulsar de la vida social a sectores improductivos de la población, que son identificados y tratados como clases inferiores, al tiempo que sirven de depósito para enfermos mentales, drogadictos y pobres a quienes los servicios públicos asistenciales no pueden atender.


Ese diagnóstico de situación ha sido elaborado a partir del análisis de la realidad del sistema de control norteamericano, para cuya comprensión es preciso reunir dos datos: se ha producido un encierro masivo de personas -las cifras de encarcelamiento son increíbles- y la inmensa mayoría de los condenados, más de nueve de cada diez, han pactado la pena con el Fiscal sin juicio. Debemos preguntarnos si, y en qué medida, nuestra justicia penal se aproxima a ese modelo que vincula cárcel con gestión de la pobreza sin mediación de las garantías de la justicia penal.

Es un lugar común en la criminología crítica, que ningún observador de la justicia penal puede negar, que el sistema persigue y castiga esencialmente las conductas desviadas de marginales, pobres y miembros de las clases subalternas. Dos datos lo confirman: el setenta por ciento de nuestra criminalidad conocida se corresponda con delitos de robo y hurto y el setenta y siete por ciento de los penados que cumplen condenas de prisión han cometido esos delitos patrimoniales o los relativos al tráfico de drogas, red que atrapa a adictos o pobres.

(Ioanna era una joven rumana que fue acusada por el delito de utilizar a menores para mendigar, art. 232.1º CP, se solicitaba su condena a siete meses de prisión –la pena del tipo es de seis meses a un año de prisión-. El relato de hechos del fiscal sostenía que una jornada de otoño, a mediodía, en compañía de su hijo Manuel de trece meses de edad, al que llevaba en brazos, lo mostraba a los transeúntes mientras pedía dinero para darle de comer, le fueron ocupados diez euros y trece céntimos en monedas producto del ejercicio de la mendicidad –éste y los otros casos que se presentan forman parte de la experiencia jurisdiccional del cronista en los últimos meses-.)

1.- De cómo constatar que los pobres y los inmigrantes son machistas.

A partir de ciertas intuiciones en relación a la experiencia del enjuiciamiento de la violencia familiar y contra las mujeres, sobre todo la cifra elevada de extranjeros implicados y de víctimas que se retractaban o se negaban a declarar, intuiciones compartidas con otros profesionales del medio, decidí recoger cierta información de los asuntos que conocía en el juzgado penal n. 20 de Madrid durante el año 2006. Los datos son bien expresivos:

- número de casos: ciento treinta (lo que significa la cuarta parte de la carga de trabajo),

- la víctima no declaró en el juicio en sesenta y seis supuestos (50,7%),

- la víctima testificó para exculpar al acusado en dieciocho (13,8%).

Es decir, en ochenta y cuatro casos, que representaban el 64,6 % de la muestra, las mujeres no colaboraban. Demandan ayuda en un primer momento, comprueban como funciona la justicia penal –desde la intervención de la policía al juicio, mediando la preparación del caso en el juzgado de guardia- y desconfían del sistema de manera radical, lo que expresan acogiéndose a la excepción del secreto familiar o, para tratar de remediar las consecuencias del proceso, se retractan de lo antes dicho, incluso arriesgándose a ser perseguidas penalmente, o emiten una declaración hostil a las pretensiones del acusador oficial.

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