Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

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Derecho a autodefensa en juicio de faltas

Recurso de amparo 6533-2002.
Promovido por don Jesús Mario Robert Asensio frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Instrucción de Madrid que absolvieron a la acusada de una falta de desobediencia en materia de régimen de visitas.

Vulneración del derecho a la defensa:
denunciante en un juicio de faltas, que optó por defenderse a sí mismo sin Abogado, a quien no se permitió interrogar a los testigos (STC 143/2001).

Voto particular STC 12/2006, de 16 de enero de 2006

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El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo interpuesto por el demandante, que había visto vulnerados sus derechos a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa y su derecho de defensa, ya que no se le permitió la práctica de la prueba de interrogatorio de testigos y de la denunciada, madre de su hija, en un proceso sobre régimen de visitas de una menor, hija de los dos. En el juicio en cuestión que se celebró ante la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, no se le permitió ejercer activa y apropiadamente su propia defensa al no tener la condición de letrado.

En este caso concreto no era obligatoria la presencia de abogado en el juicio, con lo que el demandante pidió ejercer su propia defensa, pero llegado el momento del interrogatorio de testigos no le fue permitida la utilización de esta prueba.

El Tribunal Constitucional en esta Sentencia anula la anterior de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid y ordena la celebración de nueva vista reconociendo al demandante el derecho fundamental que le fue vulnerado.

Esta Sentencia cuenta con voto particular discrepante de la presidenta de la Sala D.a María Emilia Casas Baamonde, al que se adhiere el magistrado D. Pablo Pérez Tremps, que señalan su discrepancia a las consecuencias del otorgamiento del amparo, que, según este voto particular, debió haberse limitado a la declaración de la vulneración del derecho del recurrente a la defensa, pero sin anular las Sentencias absolutorias y sin reabrir el procedimiento penal.

".... De este modo, es claro que el pronunciamiento judicial absolutorio no ha venido precedido de un debate pleno y contradictorio, en cuanto se ha fundado en pruebas respecto de las cuales no se ha producido la debida contradicción. El Juzgado, primero y, luego, la Audiencia Provincial, al fundamentar su fallo absolutorio precisamente en la no constancia de aquéllo que se le impidió probar al demandante de amparo (por la conducta omisiva de la Juez a quo, que impidió al recurrente poder tomar parte en la práctica de la prueba que él mismo había propuesto), llevaron a cabo una conducta, que limitó los derechos de defensa de la parte en un proceso con todas las garantías, limitación proscrita por el art. 24.2 CE, todo lo cual conduce a la estimación de la pretensión de amparo...."

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