Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

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El TC reconoce el derecho de los menores de doce años a ser oídos en procesos de divorcio

STC 152/2005, de 6 de junio de 2005

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Javier Delgado Barrio, don Roberto García-Calvo y Montiel, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

La siguiente
S E N T E N C I A

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5. Por escrito que tuvo entrada en el Registro del Tribunal el 22 de diciembre de 2004 el Procurador de los Tribunales don José Luis Ferrer Recuero, en nombre y representación de doña Raquel G.M., solicitó se le tuviera por comparecido y personado en el presente proceso constitucional.

Por diligencia de ordenación de 27 de enero de 2005 se tuvo por personado y parte al citado Procurador, en la representación que ostenta, llevándose copia de la resolución a la pieza de suspensión abierta, a los efectos previstos en el art. 56 LOTC.

6. Por diligencia de ordenación de 4 de febrero de 2005 se tienen por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por los órganos judiciales, y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se da vista de todas las actuaciones del recurso, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término puedan presentar las alegaciones que su derecho convengan.

7. El 11 de marzo de 2005 tuvo entrada en el Registro del Tribunal el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal. En las mismas razona, en primer término, que la supuesta lesión del art. 15 CE es inconsistente toda vez que no se alcanza la razón por la que, en este caso, la atribución de la custodia a uno u otro progenitor puede quebrantar la integridad moral de los menores, habida cuenta del informe ambiguo de los psicólogos y la trabajadora social.

La lesión del derecho a una tutela judicial efectiva, del art. 24.1 CE, ha de conectarse por tanto, a la falta de audiencia del menor Alberto P. G. en la apelación y en los errores patentes que se denuncian de la Sentencia, que abocan a una motivación errada, o al menos basada en datos no contrastados.

Ni es cierto que el menor no fue oído en primera instancia, ni existen datos objetivos y formalmente plasmados en la Sentencia del Juez para afirmar, como lo hace la Audiencia Provincial, que la atribución de la custodia al padre fue debida al trabajo de la esposa. Para el Ministerio público, y respecto al primer problema, la aplicación al presente caso de la doctrina contenida en la STC 221/2002, de 25 de noviembre, determina que, contrariamente a lo que se afirma por la Audiencia Provincial, es obligada la audiencia de los menores en supuestos como el aquí enjuiciado, en el que el resultado afectaba a su esfera personal y familiar, por cuanto suponía el cambio de persona encargada de su guarda y custodia.

A ello habría que unir la edad del menor Alberto P. G. en la época en que se suscita su exploración, que -dice el Ministerio Fiscal- era de 11 años, edad en la que entiende presumible el suficiente juicio para expresar su parecer sobre el cambio de custodia.

Concluye el Fiscal que la falta de audiencia, que no se justifica por las razones aparentes que se dan, produjo la lesión de la tutela judicial efectiva del recurrente.

Rechaza, por otro lado, la relevancia a efectos de amparo de diversos errores patentes -audiencia del menor en primera instancia y atribución de la custodia al padre por razón del trabajo nocturno de la madre- puesto que, aunque cumplan algunos de los requisitos establecidos por nuestra jurisprudencia, no resultan haber sido los únicos determinantes del cambio de custodia en la Sentencia de apelación, por lo que no aprecia enlace causal entre los errores y el fallo, que exige la doctrina de este Tribunal.

Respecto a la supuesta lesión del principio de igualdad garantizado en el art. 14 CE, argumenta el Fiscal que la decisión de la Sala de cambiar la guarda y custodia no está basada exclusivamente en la condición femenina de la madre, por lo que el elemento que se presenta como discriminador no es el único que opera.

La supuesta atribución de mayor estabilidad emocional a un menor por la condición femenina de la madre a quien se atribuye la custodia es una "frase desafortunada", que no incide como única argumentación en el fallo, lo que priva de relieve constitucional a su apreciación como elemento discriminatorio.

Concluye pidiendo que se dicte Sentencia otorgando el amparo y anulando las Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial para que la misma Sala acuerde la audiencia del menor Alberto P. G., o de los dos menores -pues debería oírse también a la menor Natalia P. G. si, llegado el momento, tiene suficiente juicio para ser explorada sobre el cambio de guarda y custodia.

8. Por escrito presentado el 10 de marzo de 2005 la representación procesal del demandante de amparo solicita se tengan por reproducidas todas las alegaciones contenidas en el escrito de formulación del recurso.