Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

EL ESTADO ESPAÑOL ASUSTA Y ATEMORIZA A DOS PADRES, DE 85 Y 88 AÑOS

(CON MUY DELICADO ESTADO DE SALUD) , MEDIANTE LLAMADAS TELEFÓNICAS A LA FAMILIA.

PROCEDIMIENTO DE INCAPACITACION Nº 140-2005 BT, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE VALLADOLID.

NOTA: cuando un infatigable luchador en defensa de los derechos de los niños molesta denunciando incumplimientos gravces de las obligaciones de funcionarios judiciales, se intenta incapacitarle. No es la Rusia bolchevique, es la democrática España.

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ILMO. SR. FISCAL JEFE
VALLADOLID

PROCEDIMIENTO DE INCAPACITACION Nº 140-2005 BT, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE VALLADOLID.

Valladolid, 10 de Noviembre de 2.005

Ilmo. Sr.:

Ayer me llamó asustado mi padre, con mucho miedo, pensando que tiene un hijo delincuente, y que en cualquier momento su hijo va a ser arrestado.

Esto no podría ser normal en un país que funciona con normalidad y el estado cumple sus deberes, cosa que no sucede en el estado español.

El estado español debe informarles y darles razones de lo que pasa, y no por teléfono. No es de recibo que se pidan datos personales de la familia cuando a su hijo le han negado, por tres veces, documentación, del proceso de incapacitación 140-2005 que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Valladolid. Tres veces lo he pedido por escrito, en escritos debidamente sellados por el estado español. Sería normal si no hubiera exigido a tres personas que me atendieron en dicho juzgado el pasado 25 de Octubre que se identificaran, cosa que no hicieron. Sobre todo cuando el secretario judicial no compareció a dicha acto judicial que ratificó con su firma, en un acta que no refleja lo realmente ocurrido, que fui sometido a determinadas preguntas, de tipo jurídico, principalmente, por una persona que presumo que tiene como profesión médico, cuyo nombre no aparece en el acta.

En estas condiciones no es de recibo que se pidan teléfonos de la familia, direcciones y números de carnet de identidad, sin explicar los motivos de pedirlo, explicaciones que no debo dar yo, sino el estado, el que lo pide.

La explicación de lo que pasa es muy sencilla. El 6 de Agosto del año pasado estuve en la Comisaría de Policía de Burgos, para preguntarles si un escrito que pensaba distribuir delante de la misma, en días posteriores, era de su agrado.

Lo rechazaron y me dijeron que lo consultara con el Juez de Guardia, cosa que hice al día siguiente, que lo leyó y me dijo que consultara a mi abogado. Envíe dicho escrito a la Policía indicando que lo había visto y leído el Juez de Guardia, en aquel momento Juez Decano de Burgos. Se añadía que la información que no gustaba a la policía la manejaba el Congreso de los Diputados y que la responsabilidad de la Junta de Castilla y León en las casas de acogida era sólo administrativa, es decir que ninguna administración pública se responsabiliza de los menores que son ingresados en la misma, sin orden judicial.

Por la Policía, fue enviada denuncia a la Fiscalía. El Fiscal Jefe en funciones no sabía si era calumnia o injuria. Le correspondió atender dicha denuncia al Juez Decano, que ya había tenido los escritos en sus manos. El Fiscal Jefe en Funciones pedía que comprobara si ese escrito iba a ser difundido. Ese escrito, modificado, fue visto por el máximo jefe de policía que había en la comisaría, que lo respetó. Por la propia policía me fue indicado el sitio desde donde lo podía distribuir. Ese es mi delito y esa es mi actuación. Estimo que la policía no informó a la fiscalía que dicho escrito no fue nunca distribuido y tampoco informó que ya lo había visto y leído un juez, siguiendo yo, en todo momento, instrucciones del estado español.

Yo consulto mis decisiones judiciales, cuando pueden ser polémicas. El estado español nunca me dio nunca el informe jurídico que solicité tres veces.

En Septiembre del año pasado, me fueron hechas tres preguntas sobre este tema en un juzgado de Valladolid, que conocían tanto el juez instructor como la policía. Es decir que hubieran sobrado. Cual sería mi sorpresa cuando en Octubre recibo un aviso del juzgado para hacerme un reconocimiento por el forense, como perjudicado. Nunca se me informó de la finalidad del mismo. Estuve hablando con el médico correspondiente de temas jurídicos.

En Febrero me entero que el tema penal no lo estudian, pero que el médico forense del estado español recomienda que sea sometido a tratamiento psiquiátrico y que no soy responsable de mis actos, lo cual yo rechazo.

Por parte de una fiscala de Valladolid se dice que para mi vida normal necesito la ayuda de terceras personas, lo que estimo que hará reír a mi familia y a la empresa a la cual he servido durante treinta y siete años. Esa Sra. no me conoce personalmente, que yo sepa, y el Ilmo. Sr. Fiscal Jefe de Valladolid parece que no quiere conocerme, para ver si eso es cierto.

Nos encontramos con una política de agresión y chantaje a un defensor de los derechos humanos y de los niños dentro del estado español, cuando en todo momento he actuado con cara descubierta y conocimiento exacto por parte del antiguo Juez Decano de Burgos y de la Policía.

Con fecha 13 de Octubre de 2.004 ya fue informado el Excmo. Sr. Cónsul General de Francia en Madrid de que era perseguido por el estado español de un delito que no existe, que nunca ha existido.

En este procedimiento calculo que han podido intervenir, desde el año pasado, unos cinco jueces, cuatro fiscales, dos médicos forenses, varios secretarios judiciales y funcionarios.

Con fecha 13 de Julio de 2.005, junto con algún otro compañero de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS, A.P.F.S.-BURGOS, fuimos señalados con el dedo, a través de las páginas de Diario de Burgos, por la Excma. Sra. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, acusándonos de acoso a responsables políticas como a mujeres que forman parte de las asociaciones, con motivo de posibles problemas en el punto de encuentro regido por la entidad privada APROME.

Desgraciadamente los hechos nos han venido dando la razón. Creo que hay alguna madre con la custodia de los hijos que ha pasado por ese punto de encuentro y que está condenada por malos tratos a los hijos. Si no es correcta la información, pido disculpas.

En cuanto a las asociaciones, recuerdo a que en este mes de Julio último estaba interviniendo una asociación recomendada y avalada por la Junta de Castilla y León, en un tema familiar de un matrimonio de Carrizo de la Ribera (León), la ASOCIACIÓN DE AYUDA A VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES Y VIOLENCIA DOMESTICA (ADAVAS). Recuerdo que la esposa murió y el esposo se suicidó, dejando a dos menores no emancipados huérfanos de padre y madre.

El año pasado, después de la intervención del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), un esposo y padre se suicidó, dejando dos niños huérfanos de padre.

Estos son hechos muy graves que mueven a personas como yo el intentar evitarlo. A través de gestiones mías, el Excmo, Sr. Procurador del Común, recomendó a la Junta de Castilla y León mediación familiar, servicio que no existe en esta comunidad, pero en otras sí, y que ahora no se puede utilizar en Castilla y León a pesar de venir en la Ley.

El estado español debe informar a mi familia que varias de las personas que han intervenido en este proceso de incapacitación han intervenido en la vida familiar de su hija y nieta, con sus ausencias.

El antiguo Juez Decano de Burgos no atendió a la madre de su nieta, que hizo MIL KILÓMETROS para echar una firma. Ni un segundo la dedicó.

El Fiscal Jefe de Castilla y León no intervino en la defensa de los intereses personales de su nieta el 22 de Abril de 1.994, ausente de sus deberes legales, en un acto que no debió celebrarse. Ni estuvo la madre y peticionaria, ni su procuradora, ni la secretaria judicial, y yo sin abogado que no me exigió el estado español. Me negaron copia de las dos hojas del acta, que no se leyó, y se me dijo de pedirlas por medio de abogado y procurador. No lo pude dar a ningún abogado.

Respecto al juzgado que lleva este tema, en 1.996, me violó mis derechos. Cuatro jueces intervinieron en mi divorcio, no pedido por mi. Tres debieron atenderme, ninguno lo hizo. El cuarto violó los derechos de mi hija.

La nieta de mis padres estuvo en una casa de acogida regida por una asociación de mujeres de Burgos: La Rueda. Hubo una sentencia de separación, el juez no compareció

El estado dio abogados de oficio a la mamá de su nieta, que exigieron mi expulsión del domicilio familiar a mi nombre. A los dos años negaba la Junta de Castilla y León el poder participar en un sorteo de vivienda pública. Y una jueza de Burgos, en un acto ilegal, no me dejó hablar, hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Lo que se ha venido haciendo en el estado español lo denunció en un informe la ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS, en un informe hecho respecto a los años 1.999 y 2.000 en Castilla-La Mancha. Dicen, literalmente:

El fiscal, existiendo hijos menores, no comparece en el procedimiento de medidas provisionalísimas en un tercio, aumentando su incomparecencia en la mayoría de las medidas provisionales, y en los procedimientos seguidos de mutuo acuerdo no interviene en una tercera parte, a pesar de la obligatoriedad de su intervención.

¿ Le parece mal al Ministerio Fiscal que difunda este dato ?.