Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

CUSTODIA COMPARTIDA: foto seriamente velada

EL PAÍS, miércoles 25 de mayo de 2005

Lluís Boada

El padre resulta tan necesario como la madre para el desarrollo del niño.

Un Gobierno paritario no debería olvidar el principio de igualdad al regular la guarda de los hijos tras el divorcio, sostiene el autor.

Publicado el

El Gobierno que preside el señor Rodríguez Zapatero quiso dar, desde el primer momento, una señal inequívoca de uno de los principios fundamentales de su acción de gobierno: la promoción de la igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos de ambos sexos.

Pareció al presidente que la mejor manera de plasmar este principio era establecer la paridad de géneros en la composición del propio gobierno. La fotografía correspondiente llegó a los ojos y se fijó en la memoria de los ciudadanos como el mensaje más contundente y claro de la voluntad de dar nacimiento a una nueva época.

La buena acogida que recibió dicho mensaje demostraba hasta qué punto había calado hondo en la sociedad española la justicia inherente al principio de igualdad.

No obstante, del mismo modo que un Gobierno con ciertas asimetrías en cuanto al número de mujeres y de hombres en su composición puede promover políticas de igualdad de género, un Gobierno paritario, por el simple hecho de serlo, no es garantía de que vaya a hacerlo. Deberá probarlo aplicándolas en cada caso concreto, sin exclusión de ningún ámbito y menos aún de un ámbito tan fundamental como el familiar.

Por ello reviste, a mi entender, una tremenda gravedad que en el proyecto de Ley del Divorcio, aprobado recientemente por nuestros diputados, se contemple de modo vergonzante el principio constitucional de la igualdad de géneros al permitir que se vulnere en la práctica un derecho inalienable que deriva del mismo.

Me refiero al derecho de ambos progenitores a recibir un trato igualitario por parte de las leyes y de la Administración de Justicia en lo referente a la relación que van a mantener con los hijos cuando se produce la ruptura familiar. Este derecho es contemplado en la ley en cuestión bajo la figura jurídica de la guarda y custodia compartida, denominación cuyos primeros términos presentan resonancias arcaizantes, cargadas de significados no se sabe muy bien si angélicos o policiales, en cualquier caso, vestigios del tiempo en que el divorcio causaba extrañeza, temor y rechazo social.

Un mal presagio para el destino que la ley reservaba a la custodia compartida. En efecto, la ley admite la guarda y custodia compartida cuando ambos progenitores están de acuerdo con la misma. Para este viaje no hacían falta alforjas. Pero basta con que uno no lo quiera para que este logro se convierta en una posibilidad remota, excepcional, dice la ley, de modo que sólo podrán acordarla los jueces fundamentándola en que únicamente de esta forma se protege el interés superior del menor, y mediando además un informe favorable del Ministerio Fiscal.

Es obvio que dejar el ejercicio del derecho a la guarda y custodia compartida de los hijos al arbitrio de uno de los cónyuges anula el derecho como tal. No hace falta ser muy avispado para imaginar cómo, en un contexto de ruptura familiar, este recurso al veto a lo que debería ser inalienable derecho del otro se puede usar en favor propio.