Padres y Madres Separados

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Catalunya perseguirá a los padres morosos

EL PERIÓDICO 24/01/2005

? La Generalitat creará un fondo de garantía para las deudas y perseguirá a los padres morosos

? Los divorciados o separados pagan una media de 180 Euros al mes por niño tutelado por la madre

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No pagar la pensión que un juez fija para los hijos es algo demasiado habitual. La Generalitat calcula que un 30% de las mujeres divorciadas llegan a denunciar al juez la morosidad de su excompañero.

Se trata de un impago que afecta sobre todo a los niños, ya que en muy pocos casos --apenas un 12% del total de los divorcios-- la pensión beneficia también a la mujer en compensación por su dedicación al hogar.

La Conselleria de Benestar i Família ha anunciado que la Generalitat pondrá en marcha a partir del próximo año un fondo de garantía para paliar las situaciones de pobreza que esta morosidad provoca en los hogares monoparentales.

Actualmente, la ley de apoyo a las familias que entró en vigor en enero del 2004, ya contempla la creación de este fondo de garantía. Pero no será una realidad hasta que se promulgue el decreto que debe desarrollarlo.

"Estamos calculando el coste que este fondo supondrá para la Generalitat, para incluir el dinero correspondiente en los presupuestos del 2006", explica Montserrat Tur, secretaria de Famílies i Infància de la Conselleria de Benestar i Família.

600.000 DIVORCIOS

Los impagos de pensiones por hijo no son una novedad. Desde que se aprobó la ley del divorcio, en 1981, en España se han contabilizado unas 900.000 separaciones y 600.000 divorcios (una misma pareja ha podido protagonizar las dos situaciones, primero la separación y después el divorcio) y el consiguiente 30% de morosidad.

"A las mujeres con hijos, la Administración no las ha dejado abandonadas", puntualiza Tur. "En caso de no tener recursos, se les ha proveido de pensiones no contributivas, becas de comedor y otras ayudas".

A partir del año próximo, con este fondo se les pagaría lo mismo o más, dependiendo de cada caso. "Pero de lo que se trata sobre todo es de perseguir al marido moroso", puntualiza la secretaria de Famílies.

Hablar de hombres en este caso no es baladí, puesto que en el 98% de los casos de divorcio con hijos, los jueces conceden la guarda y custodia a las madres.

Los responsables autónomicos advierten de la importancia de la persecución del moroso para que padres "que ahora pagan sus pensiones no se animen a dejar de hacerlo, pensando que ya les relevará la Administración", explica Tur.

LA SITUACIÓN SOCIAL

La media de la pensión que los hombres divorciados deben pagar por hijo es de 180 euros (algo menos de 30.000 pesetas), según diversos estudios que maneja la Conselleria de Benestar i Família. "El fondo de garantía los pagaría, pero siempre que exista una situación social que lo justifique", señala la secretaria de Famílies.

Porque se ha detectado que entre el 30% de mujeres que denuncian el impago de sus excompañeros, las hay de todas las clases sociales. Desde madres que apenas pueden sacar económicamente adelante a sus hijos, a profesionales liberales con un sueldo razonable, pero que rechazan la irresponsabilidad del hombre a la hora de hacerse cargo de su descendencia.

LOS INSOLVENTES

Las mujeres que se hallan en esta situación ahora pueden presentar una denuncia por la vía civil o por la vía penal por abandono de familia. Pero los jueces tienen muchas dificultades a la hora de perseguir a los morosos, puesto que no es raro que los hombres divorciados se declaren insolventes, e incluso que cualquier bien que puedan poseer esté a nombre de una tercera persona.

"Desde el fondo de garantía, podremos intervenir después del trámite judicial con armas más eficaces", explica Tur.

"Por ejemplo, como ocurre con las multas de tráfico, podríamos embargar las cuentas de los morosos para que asuman el coste de una deuda pública".

NÓMINAS EMBARGADAS

En la mayoría de países de la Unión Europea ya existen estos fondos de garantía y es la Administración la que se ocupa de perseguir a los padres morosos. En España, además de la inexistencia del fondo se da el agravante de que la morosidad es un delito poco sancionado, con un máximo de un año de prisión, según la reforma en vigor desde el 1 de octubre del 2004 (antes el máximo era de 20 fines de semana).

En muchas ocasiones, por falta de antecedentes del afectado, la pena no llega a ejecutarse.

La Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, por su parte, subraya que la morosidad es mucho mayor que el 30% que se denuncia. La federación calcula que el 80% de los profesionales liberales obligados a sufragar el gasto de sus hijos incumplen ese deber. Y entre los trabajadores con nómina en esta situación, el 67% la tiene o ha tenido embargada en algún momento.

En cuanto a la creación del fondo de garantía para subsanar la situación, viene hablándose de él desde hace muchos años. En 1987, el Ejecutivo socialista ya lo incluyó en el plan de acción para la igualdad de oportunidades. Cuando el PP llegó al Gobierno, en 1996, el ministro de Trabajo y Asuntos sociales, Javier Arenas, anunció que el proyecto legislativo para su creación se aprobaría en un mes. El compromiso se incumplió.

En cuanto a Catalunya, en el 2000, el Parlament aceptó, a propuesta de ERC, la creación de un fondo que, según las previsiones actuales, empezará a funcionar el año que viene.