Padres y Madres Separados

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Violencia doméstica: una opinión de peso.

Artículo Opinión - El Mundo

Maria Sanahuja, Jueza Decana de Barcelona y miembro de Jueces para la Democracia

EL PROYECTO DE LEY DE DIVORCIO Y EL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DOS FILOSOFIAS CONTRADICTORIAS

Voy a hacer uso de mi derecho a la libertad de expresión en el convencimiento de que hablando la gente se entiende, y de que sólo evidenciando todos los ángulos de un problema pueden encontrarse algunas soluciones al mismo. Espero que este articulo no provoque las reacciones violentas e intolerantes que se generaron a raíz de la presentación de la memoria del decanato de BCN el pasado mes de mayo, anunciando que voy a abundar en la lectura de la realidad que insinué en aquella ocasión.

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El número de denuncias está desbordando los juzgados, y el número de órdenes de protección hace difícil su seguimiento y exigencia de cumplimiento.

El Código Penal ha invadido, hasta extremos nunca antes conocidos, el ámbito de las relaciones personales. Los ciudadanos deben ser conscientes de que cuando reprenden, dando un “cachete” a sus hijos, están cometiendo un delito; o cuando una pareja discute, llegando incluso a empujarse, si son vistos por agentes de cualquier policía, pueden ser conducidos al Juzgado de Guardia, porque su acción está tipificada como delito, y al ser condenados la sentencia comportará, necesariamente, la prohibición de acercarse a la víctima, y la suspensión, respecto a los hijos, del régimen de visitas (art. 57.2, en relación al 48.2 CP); que el Código Penal no permite las reconciliaciones porque los dos miembros de la pareja podrían ser condenados por quebrantamiento de condena, uno como autor y el otro como cooperador necesario (art. 468 en relación al art. 28 CP); que para las mujeres extranjeras la denuncia y condena de sus parejas conlleva la expulsión automática del territorio nacional (art.89 CP), no siendo conscientes de esta consecuencia hasta que ya no pueden remediarla.

Era necesario que el sistema penal reaccionara de un modo más contundente ante situaciones de violencia, pues eran calificados como falta, hechos, que por su gravedad y reiteración, merecían una sanción penal más grave.

Se ha llevado hasta la extrema consecuencia esa necesidad, tipificando como delito, como hemos señalado, hechos que no son graves.
Y el Proyecto de Ley Integral insiste en esta dirección sin haberse evaluado previamente si las últimas reformas legislativas han dado resultado en atajar la violencia, y a juzgar por el número de víctimas puede pensarse que no.

El Consejo General del Poder Judicial en su informe sobre la Problemática Jurídica de la Violencia Doméstica, aprobado el 20 de marzo de 2001, enfatizaba cómo las medidas de alejamiento se incumplen en el 90% de los casos.

Los nuevos Juzgados previstos quedarán colapsados desde el inicio a juzgar por la cantidad de asuntos que pueden llegar a tramitar, y la gran cantidad de competencias civiles y penales que se les atribuye (art. 42 del Proyecto Ley de violencia). Estos juzgados crearán más problemas que los que tratan de solucionar. No deben ser creados.

Las previsiones del Proyecto de Ley son totalmente insuficientes. Así en la ciudad de Barcelona dos Juzgados exclusivos no pueden, en modo alguno, asumir el porcentaje de asuntos que, sobre esta materia, tramitan los 33 Juzgados de Instrucción, añadiendo además las competencias civiles. Por ello ha de manifestarse el temor, fundado, a que los problemas que surgirán puedan dejarse para la improvisación, y ello sería inadmisible.