Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

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La Audiencia embarga la pensión alimenticia de un niño

por la deuda de su madre con la abogada

La progenitora afirma que ella sólo administra el dinero que recibe el menor de su padre tras la separación.

LA Ley, las sentencias y el sentido común dicen que la pensión de alimentos es para el niño, que, según esto, hereda en vida de su madre las deudas de ésta)

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EL NORTE/VALLADOLID EMBARGO Deuda

Los honorarios que adeuda C. H. R., la madre, ascienden a casi tres mil euros en el caso de la abogada y a 1.239 euros en el de la procuradora.

Pensión

C. H. R. recibe de su ex esposo una pensión compensatoria de 600 euros y el hijo de ambos, de tres años, 1.200 euros.

Cobro de la deuda

Desde hace tres meses y por orden de la Audiencia Provincial se aplica el embargo en las dos pensiones ya que considera que «ambas constituyen los ingresos de la unidad familiar».

La Audiencia Provincial de Valladolid ha ordenado el embargo de la mitad de la pensión alimenticia que recibe un menor con el fin de que su madre, a quien también se le embarga la parte proporcional de su pensión compensatoria, pague los honorarios que le reclaman la abogada y procuradora que le representaron en su separación matrimonial, y que ascienden a 2.996,28 y 1.239.44 euros, respectivamente.

C. H. R., la madre del menor, considera inadmisible la actuación de la Justicia: «Un niño de tres años no puede pagar la separación de sus padres, porque el dinero que recibe es para su manutención», afirma, al tiempo que denuncia que no se haya dado traslado del caso al Ministerio Fiscal al tratarse de un menor.

La representante legal de C. H. R. solicitó inicialmente al Juzgado de primera Instancia la concesión de la 'litis expensas', mediante la cual el cónyuge que es solvente -en este caso el ex marido- se hace cargo de todas las costas del proceso, aunque le fue denegada.

Tras el recurso presentado, la Audiencia Provincial se ratificó en la negativa de la concesión de esta medida. Al carecer de recursos propios, C. H. R., quien reside junto con el menor en el que fuera el domicilio familiar, recibe de su ex esposo una pensión compensatoria de 600 euros y el hijo de ambos, de tres años, 1.200 euros.

Jura de cuentas

Tras la denegación de la 'litis expensas', y ante la falta de recursos para satisfacer las minutas que adeudaba a sus representantes, la madre del menor recibió en abril del 2003 sendas notificaciones en las que se le reclamaba mediante jura de cuentas (reclamación de honorarios por vía judicial) el pago dela deuda.

Desde hace tres meses y por orden de la Audiencia Provincial se aplica el embargo en las dos pensiones ya que considera que «ambas constituyen los ingresos de la unidad familiar» y que en el proceso de separación se han defendido también los derechos del niño, por lo que fija en 620,70 euros la cantidad a retener mensualmente hasta que complete el pago de la suma reclamada.

Los nuevos representantes legales de C. H. R. José Luis Fernández de Lamadrid y David González, estudian las acciones legales que emprenderán, entre ellas la solicitud de la nulidad del auto por considerarlo contrario al derecho, y valorar la posible vulneración de los derechos fundamentales del menor.

A su juicio, la abogada y la procuradora anteriores están en su derecho de reclamar los honorarios por su trabajo, «pero lo que es sorprendente es que se produzca el embargo sobre un menor».

Además cuestionan la interpretación del artículo 3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que le ha sido denegada a su defendida, «porque la extrapola para no aplicar las normas de inembargabilidad de la Ley de Enjuiciamiento Civil», explican los abogados.

Para estos letrados, parte del origen del problema planteado se encuentra en la denegación de la 'litis expensas' por parte de la Audiencia, «que la aplica de forma muy restrictiva» que siempre perjudica al cónyuge más débil.

Impide una rápida acción -defienden los abogados- de los procesos donde se requiere la obtención de alimentos para niños y la pensión para el más débil económicamente, el que tiene más recursos puede elegir el abogado que quiere y solicitar acciones procesales; y el que carece de ellos tiene que esperar tres meses a que le asignen un defensor de oficio y poder presentar de esta forma sus pretensiones ante los tribunales, salvo en casos excepcionales previstos en la ley en vigor desde 1996.