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Penalistas progresistas critican la aplicación de la discriminación positiva

en la Ley contra la Violencia de Género

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Política Criminal, del que forman parte 180 expertos en Derecho Penal de corte progresista, critica la aplicación de la discriminación positiva en aspectos del Derecho Penal que se contiene en el proyecto de Ley Integral contra la Violencia de Género.

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Este grupo, que integran catedráticos y profesores titulares de Derecho penal, jueces y fiscales, señala en un comunicado que "el discurso de la discriminación positiva, que podría considerarse procedente a la hora de desarrollar políticas sociales que pretendan garantizar una igualdad real entre los géneros en la sociedad, no encuentra fácil acomodo dentro de los fines propios del derecho penal".

Añaden que el Derecho Penal es un instrumento "que se limita a reaccionar enérgicamente frente a a lesiones graves a intereses individuales y sociales relevantes, y no le está permitido considerar a un mismo interés (...) más o menos protegido en función de quién sea el individuo titular en el caso concreto de ese interés".

CRIMINALIZACIÓN DEL ESPACIO FAMILIAR.

A juicio de estos juristas, la transformación de las coacciones o amenazas leves en delito por el mero hecho de ser víctima una mujer "significa una criminalización irrealizable y disfuncional de todo el espacio familiar, cuya improbable puesta en práctica exige la generalización de una auténtica e invasiva policía de buenas constumbres".

Según estos expertos, la Ley debe dejar claro que reforzar la protección obedece a la mayor vulnerabilidad de unas determinadas personas "y no al mero hecho de pertenecer a un determinado género, y deben preverse mecanismos que permitan contradecir en el caso concreto tal presunción". Añade que ninguna de esas cautelas se respeta en el proyecto gubernamental.

El Grupo de Política Criminal lamenta igualmente que la iniciativa de abordar la violencia doméstica "se haya visto oscurecida y distorsionada por la, al parecer irrefrenable, tentación de seguir abusando de las intervenciones penales para intentar resolver, ingenuamente, problemas sociales".

Finalmente, advierten que la pretensión de abarcar los comportamientos violentos domésticos desde la única prespectiva policial y judicial "banaliza este fenómeno social que se trata de combatir, y descuida las aportaciones que respecto a los comportamientos leves pueden suministrar otro tipo de intervencioines sociales no penales, como la mediación familiar, o la atención y tratamiento psicológicos"