Cartas abiertas al PSOE de un PADRE sin derechos
Según parece tienen Vds. previsto modificar la Ley del Divorcio, así
como elaborar una Ley Integral contra los Malos Tratos. Aplaudo su
iniciativa y con ánimo de prestar mi colaboración ciudadana al
respecto, les expongo unas injusticias que en aras de la equidad
considero que deberían subsanarse en dichas normas.
(Si deseáis suscribirla, enviádsela al PSOE: infopsoe@psoe.es)
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Hipocresías sobre la violencia
Imaginemosnos a un ciudadano denunciando los crímenes de un peligroso mafioso. Imaginemosnos a las autoridades limitándose a cursar -como única y grotesca protección para el denunciante- una simple orden de alejamiento contra el denunciado hasta la celebración del juicio. No sería el hijo de mi madre quién envidiase la suerte de tan ejemplar ciudadano; teóricamente amparado por una ridícula protección y realmente abandonado en precario a desafiar las posibilidades del asesino.
O se le proporcionan unas garantías de seguridad similares a las del “programa de protección de testigos” (típico de las películas americanas) o probablemente sea Rita, “la Cantaora”, quién ose delatar las atrocidades de tal indeseable. “¡Pa mi que en este mundo está casi to inventáo!”.
Por las mismas razones..., ¿quién puede creerse que con tan frágiles medidas de alejamiento, una verdadera víctima de la violencia doméstica y realmente atemorizada por su maltratador, se atreverá a denunciarlo?. El miedo no conoce límites. Esto es tan ridículo como invitar a esa persona –del gremio de las verdaderamente amedrentadas por su personal energúmeno- a que se tire al ruedo ante un toro de quinientos kilos al que le ha sido cursada la famosa orden de alejamiento. ¿Lo entendería el toro?. Pues seguramente tampoco el verdadero maltratador o maltratadota; y menos aún el cautivo de sus vejaciones.
¿De verdad existe algún ingenuo que pueda creer que semejante farsa calmará los temores de la víctima?.
Entonces... ¿qué clase de hipocresía se esconde ante tanta falacia?. ¿Qué intereses ocultos se disimulan tras semejante comedia?. ¿De verdad se pretende proteger a las verdaderas víctimas?; ¿o se pretende humillar al hombre sometiéndolo a los caprichos de ciertas indeseables mujeres?; desaprensivas que se atreven a denunciar falsamente solo porque: “no es cierto que sientan temor ante su pareja”; muy por el contrario, ésta resulta ser la verdadera y desgraciada víctima de los atropellos de la calumniadora.
Si efectivamente se deseara proteger al maltratado (hombre o mujer), el mecanismo idóneo sería esconderlo del presunto maltratador hasta la celebración del juicio. ¿Que esto resulta molesto para la presunta víctima?. Pues yo creo que más bien representaría un alivio para sus torturas y una verdadera seguridad para sus temores.
Incluso, las penurias sufridas por ese escamoteo podrían interpretarse -con extrema precaución- como indicios de relativa credibilidad a cerca de la veracidad de sus declaraciones, en ausencia de otras pruebas. No obstante, lo idóneo es conseguir estas pruebas, antes que arriesgarse a encarcelar o perjudicar a un inocente, en conformidad con el principio de presunción de inocencia. ¿O es que, en los tiempos que vivimos, no tiene la policía judicial y forense, medios suficiente como para conseguir tales pruebas...?.
¿Es realmente “impartir justicia” lo que se busca, interesa o pretende?; ¿o se está relegando tal cosa ante las prioridades de lo “políticamente correcto”?. Actualmente, –y colmando de interrogantes el principio de presunción de inocencia- basta la denuncia de una mujer, como única prueba, para encarcelar a un hombre ese mismo día y aplicarle el destierro de su casa, al día siguiente, hasta la celebración del juicio meses más tarde; con resultado impune –además- para la delatora, si el hombre resultare absuelto en dicho juicio; ya que se aduce, que no haber llegado a “apreciar” la culpabilidad del acusado, no significa que la delatora haya mentido.
Ella, cursada la denuncia y aún a riesgo de su más que dudosa veracidad, dispondrá inmediatamente del privilegio institucionalizado de -con desvergüenza y premura- introducir en el hogar a su amante, en sustitución del marido, y solicitar la separación con todo tipo de privilegios. Con ello, el hombre y sus hijos ya están resultando penalizados “preventivamente”, sin haber sido siquiera sentenciado el acusado y teniendo como única base la incierta declaración femenina.
Acusación muy probablemente falsa y totalmente impune, como hemos dicho anteriormente, en caso de que no se llegare a “apreciar” por el juez la culpabilidad del acusado.
Y digo que basta la denuncia de la mujer, porque es la jurisprudencia quién pregona que en estos casos puede ser suficiente prueba el “testimonio de la víctima” para condenar al agresor.
En principio resulta llamativo que se pronuncie tal postulado sin ni siquiera hablar de “hipotética víctima” o “presunto agresor”, por aquello de prejuzgar menos; pero además, no conozco un solo caso en el que haya resultado suficiente con la simple “declaración de una víctima masculina” para sentenciar de igual manera a su acusada.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice:
Artículo 9:
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10:
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11.1:
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa
La lógica conclusión de todo ello es que, en beneficio de unas especulativas teorías hembristas asociadas a su “industria del maltrato”, existen dudas muy fundamentadas de estar consiguiendo: provocar la penalización de hombres inocentes; premiar a algunas deleznables mujeres, que son los verdaderos verdugos de sus parejas (inocentes víctimas, éstos últimos, de ellas y de la atroz persecución colectiva); y fomentar una repugnante violencia institucional contra el hombre, basada en sentimientos de odio y revancha alimentados por la propaganda.
Lo que a su vez provoca un aumento del número de desesperados que se toman la justicia por su mano; convirtiéndose todo ello en una espiral de violencia que sirve de disculpa -a tan encopetadas hembristas y sus benefactores- para exigir todavía más prebendas y privilegios para su “industria del maltrato”.
Las pretensiones reales de tan repugnante “industria”, aparentan ser:
promulgar disposiciones inductoras de mayor violencia, para obtener luego suculentos beneficios de añadidas e hipotéticas medidas de prevención, así como mayores disculpas para vilipendiar todo lo masculino. Una pescadilla que se muerde la cola, engordando su personal espiral de beneficios. Los hechos están demostrando que cuantas más disposiciones se han volcado en contra del hombre, más ha crecido la violencia.... Y lo más increíble es que medidas prácticamente idénticas fueron ya experimentadas anteriormente por otros países (como EEUU), y se han copiado en nuestro país, cuando en ellos están siendo ya desechadas por haber dado lugar a los mismos nefastos resultados.
¿Cuál es el juego?. ¿Qué es lo que realmente se pretende?. Mi impresión es que las verdaderas víctimas (masculinas y femeninas) continúan desamparadas y, en cambio, se está premiando a execrables mujeres por actuar como verdugos de sus parejas masculinas, lo que también beneficia a sus promotores: los sucios intereses de la “industria del maltrato”.
Imaginemosnos a un ciudadano denunciando los crímenes de un peligroso mafioso. Imaginemosnos a las autoridades limitándose a cursar -como única y grotesca protección para el denunciante- una simple orden de alejamiento contra el denunciado hasta la celebración del juicio. No sería el hijo de mi madre quién envidiase la suerte de tan ejemplar ciudadano; teóricamente amparado por una ridícula protección y realmente abandonado en precario a desafiar las posibilidades del asesino.
O se le proporcionan unas garantías de seguridad similares a las del “programa de protección de testigos” (típico de las películas americanas) o probablemente sea Rita, “la Cantaora”, quién ose delatar las atrocidades de tal indeseable. “¡Pa mi que en este mundo está casi to inventáo!”.
Por las mismas razones..., ¿quién puede creerse que con tan frágiles medidas de alejamiento, una verdadera víctima de la violencia doméstica y realmente atemorizada por su maltratador, se atreverá a denunciarlo?. El miedo no conoce límites. Esto es tan ridículo como invitar a esa persona –del gremio de las verdaderamente amedrentadas por su personal energúmeno- a que se tire al ruedo ante un toro de quinientos kilos al que le ha sido cursada la famosa orden de alejamiento. ¿Lo entendería el toro?. Pues seguramente tampoco el verdadero maltratador o maltratadota; y menos aún el cautivo de sus vejaciones.
¿De verdad existe algún ingenuo que pueda creer que semejante farsa calmará los temores de la víctima?.
Entonces... ¿qué clase de hipocresía se esconde ante tanta falacia?. ¿Qué intereses ocultos se disimulan tras semejante comedia?. ¿De verdad se pretende proteger a las verdaderas víctimas?; ¿o se pretende humillar al hombre sometiéndolo a los caprichos de ciertas indeseables mujeres?; desaprensivas que se atreven a denunciar falsamente solo porque: “no es cierto que sientan temor ante su pareja”; muy por el contrario, ésta resulta ser la verdadera y desgraciada víctima de los atropellos de la calumniadora.
Si efectivamente se deseara proteger al maltratado (hombre o mujer), el mecanismo idóneo sería esconderlo del presunto maltratador hasta la celebración del juicio. ¿Que esto resulta molesto para la presunta víctima?. Pues yo creo que más bien representaría un alivio para sus torturas y una verdadera seguridad para sus temores.
Incluso, las penurias sufridas por ese escamoteo podrían interpretarse -con extrema precaución- como indicios de relativa credibilidad a cerca de la veracidad de sus declaraciones, en ausencia de otras pruebas. No obstante, lo idóneo es conseguir estas pruebas, antes que arriesgarse a encarcelar o perjudicar a un inocente, en conformidad con el principio de presunción de inocencia. ¿O es que, en los tiempos que vivimos, no tiene la policía judicial y forense, medios suficiente como para conseguir tales pruebas...?.
¿Es realmente “impartir justicia” lo que se busca, interesa o pretende?; ¿o se está relegando tal cosa ante las prioridades de lo “políticamente correcto”?. Actualmente, –y colmando de interrogantes el principio de presunción de inocencia- basta la denuncia de una mujer, como única prueba, para encarcelar a un hombre ese mismo día y aplicarle el destierro de su casa, al día siguiente, hasta la celebración del juicio meses más tarde; con resultado impune –además- para la delatora, si el hombre resultare absuelto en dicho juicio; ya que se aduce, que no haber llegado a “apreciar” la culpabilidad del acusado, no significa que la delatora haya mentido.
Ella, cursada la denuncia y aún a riesgo de su más que dudosa veracidad, dispondrá inmediatamente del privilegio institucionalizado de -con desvergüenza y premura- introducir en el hogar a su amante, en sustitución del marido, y solicitar la separación con todo tipo de privilegios. Con ello, el hombre y sus hijos ya están resultando penalizados “preventivamente”, sin haber sido siquiera sentenciado el acusado y teniendo como única base la incierta declaración femenina.
Acusación muy probablemente falsa y totalmente impune, como hemos dicho anteriormente, en caso de que no se llegare a “apreciar” por el juez la culpabilidad del acusado.
Y digo que basta la denuncia de la mujer, porque es la jurisprudencia quién pregona que en estos casos puede ser suficiente prueba el “testimonio de la víctima” para condenar al agresor.
En principio resulta llamativo que se pronuncie tal postulado sin ni siquiera hablar de “hipotética víctima” o “presunto agresor”, por aquello de prejuzgar menos; pero además, no conozco un solo caso en el que haya resultado suficiente con la simple “declaración de una víctima masculina” para sentenciar de igual manera a su acusada.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice:
Artículo 9:
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10:
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11.1:
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa
La lógica conclusión de todo ello es que, en beneficio de unas especulativas teorías hembristas asociadas a su “industria del maltrato”, existen dudas muy fundamentadas de estar consiguiendo: provocar la penalización de hombres inocentes; premiar a algunas deleznables mujeres, que son los verdaderos verdugos de sus parejas (inocentes víctimas, éstos últimos, de ellas y de la atroz persecución colectiva); y fomentar una repugnante violencia institucional contra el hombre, basada en sentimientos de odio y revancha alimentados por la propaganda.
Lo que a su vez provoca un aumento del número de desesperados que se toman la justicia por su mano; convirtiéndose todo ello en una espiral de violencia que sirve de disculpa -a tan encopetadas hembristas y sus benefactores- para exigir todavía más prebendas y privilegios para su “industria del maltrato”.
Las pretensiones reales de tan repugnante “industria”, aparentan ser:
promulgar disposiciones inductoras de mayor violencia, para obtener luego suculentos beneficios de añadidas e hipotéticas medidas de prevención, así como mayores disculpas para vilipendiar todo lo masculino. Una pescadilla que se muerde la cola, engordando su personal espiral de beneficios. Los hechos están demostrando que cuantas más disposiciones se han volcado en contra del hombre, más ha crecido la violencia.... Y lo más increíble es que medidas prácticamente idénticas fueron ya experimentadas anteriormente por otros países (como EEUU), y se han copiado en nuestro país, cuando en ellos están siendo ya desechadas por haber dado lugar a los mismos nefastos resultados.
¿Cuál es el juego?. ¿Qué es lo que realmente se pretende?. Mi impresión es que las verdaderas víctimas (masculinas y femeninas) continúan desamparadas y, en cambio, se está premiando a execrables mujeres por actuar como verdugos de sus parejas masculinas, lo que también beneficia a sus promotores: los sucios intereses de la “industria del maltrato”.