Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

El PSOE prepara una nueva Ley de Divorcio

y meterá mil jueces en la carrera judicial

LA RAZÓN 12/04/2004

- Los socialistas consideran el aumento de magistrados un asunto «prioritario» y «acuciante» para poner en marcha la «doble instancia», por la que toda sentencia podrá ser revisada por otro tribunal

- Miembros del PP expresan su preocupación por que sea una operación para «colocar» jueces afines

- Sectores progresistas de la judicatura reclaman un «divorcio automático», para el que no sería necesario una separación previa de los cónyuges

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EDITORIAL

Reforma judicial socialista

El nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene, entre los muchos deberes que se le acumulan incluso antes de haber sido investido, una profunda reforma del sistema judicial, si es que está dispuesto a cumplir con sus promesas electorales.

Y entre ellas destaca la de restar competencias al Tribunal Supremo para transferirlas a los Tribunales Superiores autonómicos, aunque hay muchas más promesas, como la de implantar el divorcio «automático» para que no sea preciso, como ahora ocurre, el proceso previo de separación matrimonial, o una nueva planta judicial para incorporar a un millar de nuevos jueces a lo largo de la próxima legislatura.

Son reformas que afectan en algunos casos a leyes orgánicas, que requerirán cambios profundos como es el caso de la Ley del Poder Judicial.

Y si está bien que, en principio, se ponga por delante la eficacia como justificación de la reformas, más parece que antes que la propia visión ideológica de las cosas que pueda tener el PSOE, deben primar consenso y prudencia.

El Pacto de Estado por la Justicia sigue siendo igual de necesario hoy que antes de las elecciones del 14-M. Es más, los casi diez millones de votos del PP no sólo le convierten en la segunda fuerza política nacional, sino que su volumen es lo suficientemente considerable como hacer pensar al PSOE que, si bien está legitimado para gobernar con el apoyo de los grupos minoritarios, no sería razonable que sus reformas se hicieran ignorando su opinión o claramente en contra de los intereses de diez millones de españoles.