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Reducción Pensión Compensatoria: Sentencia Tribunal Constitucional

En la situación de crisis matrimonial formalizada judicialmente, uno de los cónyuges pide que se adapten las cláusulas del convenio regulador de la separación matrimonial a su nueva posición económica por haberse reducido sus ingresos, pretensión atendida en la primera instancia pero denegada en apelación, aun reconociéndose la realidad del cambio de circunstancias, porque ese menoscabo patrimonial fue obra de su voluntaria decisión

Atención al VOTO particular de la última página, mucho más sensatos egún nuestro criterio)

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Voto particular que formula don Rafael de Mendizábal Allende, Magistrado del Tribunal Constitucional, disintiendo de la Sentencia que en el día de hoy ha dictado la Sala Segunda en el recurso de amparo número 2.100/93

Nada obsta, por mi parte, en la Sentencia de la cual discrepo, al texto de su discurso, salvo los tres últimos párrafos y el pronunciamiento final. No deja de ser cierto que el problema, como todos cuantos se nos plantean, tiene un primer y sustantivo aspecto en la legalidad, pero no lo es menos que hay que transcender ésta para encontrar su dimensión constitucional en un estrato más profundo.

Aunque a las veces se hable de la Constitución y del ordenamiento jurídico, separándolas aparentemente al juntarlos, la realidad es que componen una estructura inescindible y, por tanto, que la una y el otro se hallan interrelacionados hasta formar una unidad alejada de cualquier dicotomía abstracta.

Desde el nivel de la legalidad se llega escalando hasta el constitucional, que a su vez le da su luz propia.

Dicho esto, no está de más reconocer desde ahora la solidez de los fundamentos radicales del amparo que se pide. En efecto, hay una distonía evidente entre los hechos que se aceptan en la Sentencia y las conclusiones a las cuales llega. No se niega en ella que los ingresos del demandante se hayan reducido a su cuarta parte, pasando de 1.000.000 de pesetas mensuales a poco menos de 300.000, suma a su vez de las dos pensiones fijadas en el convenio regulador.

En principio, éstas absorben el total de las retribuciones de quien ha de pagarlas o, en el menos favorable de las hipótesis, dejarían libres tan sólo 80.000 pesetas cada mes, insuficientes para la manutención de tres personas, ya que tal reducción es consecuencia de asumir el padre la guarda y custodia de dos de sus hijos, conviviendo con ellos.

Cerrar los ojos ante hechos reconocidos con efectos negativos casi automáticos y notorios por lo demás, presumiendo la existencia de otros ingresos tan desconocidos en su fuente como en su cuantía, con imputación de una actitud fraudulenta, sin base en otros perfectamente acreditados que permitan el razonamiento inductivo, con un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, en que consiste toda presunción (art. 1.253 C.C.), no es una actitud razonable y puede ser calificada sin dificultad como arbitraria.

Aun cuando el art. 9 C.E., donde se proclama la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos quede extramuros del ámbito del amparo constitucional no sólo por razones ordinales sino sustantivas, por no configurar un derecho subjetivo en favor de nadie, es evidente no obstante que a su luz ha de ser perfilada la efectividad de la tutela judicial, cuya negación intrínseca es, por incorporar un mandato terminante a quienes ejercen en cualquier medida cualquier potestad, la judicial entre ellas, arbitrariedad que no debe confundirse con la discrecionalidad o facultad de elegir entre soluciones igualmente legales.

Aquélla consiste en la carencia de «fundamento alguno, ni de razón o de experiencia», convirtiendo en caprichoso el comportamiento humano, cuyas pautas han de ser la racionalidad, la coherencia y la objetividad (STC 325/1994).

Una interpretación que conduce al resultado absurdo de reflejar por sí misma la imposibilidad material de cumplir la prestación impuesta, el pago de las dos pensiones, cuya cuantía excede ya de los ingresos conocidos del obligado, sin dejarle margen alguno para su propia y congrua sustentación, pone de manifiesto el carácter decisionista o voluntarista de la Sentencia o del pronunciamiento judicial, que se refleja en su doble soporte, la presunción antedicha y la invocación de la equidad por encima y más allá del texto de la Ley rectamente aplicado en función de los hechos determinantes.

Por otra parte, también resulta sorprendente que se castigue la voluntariedad del cese en un puesto de trabajo remunerado, por razones o motivos que no constan, con la negación de los efectos reductores de las pensiones, en función de los menores ingresos. Ello significa lisa y llanamente condicionar gravemente la libertad de trabajo, consagrada constitucionalmente, en una de sus facetas principales (art. 35.1 C.E.) y negar la movilidad consiguiente, creando una carga y un límite donde ni la Ley ni la Constitución lo autorizan, como una modalidad actual de los siervos de la gleba.

En definitiva, el pronunciamiento final hubiera debido ser, en mi opinión, el contrario, dando lugar al amparo con los efectos jurídicos inherentes a él.

Madrid, a diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete.