Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

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Reducción Pensión Compensatoria: Sentencia Tribunal Constitucional

En la situación de crisis matrimonial formalizada judicialmente, uno de los cónyuges pide que se adapten las cláusulas del convenio regulador de la separación matrimonial a su nueva posición económica por haberse reducido sus ingresos, pretensión atendida en la primera instancia pero denegada en apelación, aun reconociéndose la realidad del cambio de circunstancias, porque ese menoscabo patrimonial fue obra de su voluntaria decisión

Atención al VOTO particular de la última página, mucho más sensatos egún nuestro criterio)

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5. En cumplimiento del Acuerdo que el Pleno de este Tribunal Constitucional adoptó el 25 de abril de 1995, publicado en el «Boletín Oficial del Estado», el presente recurso de amparo pasó al conocimiento de la Sección Cuarta, que en providencia de 13 de marzo de 1997 fijó el siguiente día 17 para la deliberación y fallo.

Fundamentos:

II. Fundamentos jurídicos
1. Nuestra Ley Orgánica configura como presupuesto procesal de la pretensión de amparo, para preservar su carácter subsidiario, tantas veces predicado que hace innecesaria cualquier cita al respecto, el agotamiento de la vía judicial mediante la utilización de todos los recursos [art. 44.1 a) LOTC], cuyo incumplimiento provoca simétrica y automáticamente la aparición de una causa de inadmisibilidad [art. 50.1 a) LOTC]. En el caso que nos ocupa se esgrime por el Fiscal y la coadyuvante tal óbice formal, con fundamento en la naturaleza de la Sentencia de separación objeto de este proceso constitucional, que permite explícitamente la modificación de los pronunciamientos sobre cuantía de la pensión compensatoria y bases para actualizarla (art. 100 C.C.), negándole al respecto implícitamente la autoridad de cosa juzgada y permitiendo, en definitiva, el replanteamiento de la cuestión con carácter indefinido.

La objeción carece de consistencia por variadas consideraciones. La primera, y más visible, que la palabra «recursos» tiene aquí una acepción estricta y rigurosamente procesal, como equivalente a medios de impugnación, tanto ordinarios, del cual es tipo la apelación, como extraordinarios -casación- e incluso excepcionales -revisión-, excluyendo de su ámbito cualquier otro planteamiento distinto, como la aclaración, desprovista de tal carácter (STC /1995) o la posibilidad de instar una y otra vez la misma cuestión.

En efecto, ello significa una nueva demanda, no una fase posterior en el enjuiciamiento de la precedente. No se revisa una decisión judicial desde una perspectiva histórica, sino que se pretende su modificación por circunstancias sobrevenidas, inexistentes cuando se dictó, si se produjera una alteración sustancial en la fortuna de uno o del otro cónyuge (arts. 91 y 100 C.C.). Es ostensible, por tanto, no sólo el distinto carácter procesal de ambos mecanismos, sino también que el replanteamiento de la cuestión con el mismo fundamento resultaría inviable.

No puede pretenderse la modificación de las pensiones una y otra vez sin un cambio de situación y, por tanto, ha de considerarse agotada en sí misma. No se trata, pues, de un procedimiento para la impugnación de la primera Sentencia, donde se aprobaron las medidas originarias, sino de un proceso ex novo con regulación y sustanciación propias (Disposición adicional sexta, 8 y 11, Ley 30/1981, de 7 de julio), cuyos recursos en el sentido riguroso de la expresión se han utilizado en el presente caso.

2. La tutela judicial es un concepto constitucionalmente polivalente que cobija a todos los litigantes en la misma medida y por igual siempre que no exista sombra de arbitrariedad, y se conecta desde su raíz a la función jurisdiccional, cuyo ejercicio encomienda la Constitución a los Jueces y Tribunales con carácter exclusivo y excluyente, a quienes corresponde privativamente la potestad de juzgar (art. 117).

Su contenido conlleva una serie de operaciones jurídicas, cuya disección analítica ha sido practicada y expuesta por este Tribunal Constitucional con insistencia y un cierto énfasis muy recientemente (STC 37/1995; AATC 45/1995 y 78/1995) y no sólo comprende la premisa mayor del razonamiento jurídico, en una metáfora silogística ajena por lo demás a la esencia del razonamiento jurídico (selección de la norma e incluso en la dimensión temporal y su interpretación), sino a la determinación del presupuesto de hecho -premisa menor- cuya subsunción en la norma desencadenará el pronunciamiento final o conclusión. Para fijar lo sucedido con significación jurídica se arbitran los medios de prueba que regulan, desde una óptica sustantiva el Código Civil y desde la procesal la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuya virtud corresponde al juzgador decidir sobre la admisibilidad de cada tipo de prueba, según su naturaleza y su relación con cuanto se intenta verificar, adecuación e idoneidad con reflejo en la pertinencia.

Una vez que la respuesta a estas incógnitas sea positiva, la práctica ha de garantizar las formas que aseguren su pureza, con respeto al principio de contradicción, como requisito no sólo de su validez sino de su eficacia probatoria a la hora de la valoración en conciencia por el Juez o la Sala, libertad de criterio cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional (ATC 305/1994).