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Tutela Judicial Efectiva:: Sentencia T. Constitucional

Recurso de amparo 4676/98.
Promovido por doña B A S frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que redujo la pensión compensatoria acordada a su favor en un juicio de divorcio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): personación en el Tribunal de apelación ignorada, por remitir el escrito a una Sección diferente a la que recibió los autos.

STC 35/2003, de 25 de marzo de 2003

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En primer término, la interposición del incidente anulatorio debe ser cauce idóneo para que la parte procesal que lo intenta, consciente del vicio o defecto procesal cometido y que determina indefensión, pueda mediante aquél conseguir que el órgano jurisdiccional que dictó la resolución o Sentencia finalizadora del litigio proceda a su eliminación o sanación, reemprendiendo en debida forma, una vez anuladas las actuaciones procesales, el proceso, dándole así ocasión a aquella parte de una eficaz defensa de sus derechos o intereses legítimos mediante las adecuadas garantías que ofrece una correcta tramitación procesal.

Ocurre en el caso enjuiciado que la apelante en el proceso civil de divorcio, Sra. A S que ahora nos demanda amparo, no conoció la decisión de la segunda instancia sino cuando, formal y fehacientemente, le fue personalmente notificada la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de julio de 1998, que única y exclusivamente resolvía el recurso de apelación interpuesto por su cónyuge y sin que —es dato que no cabe olvidar— en dicha Sentencia se contuviera referencia alguna a la caducidad de la apelación por ella promovida y en la que, como después diremos, se personó tempestivamente, pues la Sentencia de apelación no aludía al Auto de 20 de abril de 1998 ni a la providencia de dos días más tarde, resoluciones por las que respectivamente, se declaraba desierto su recurso de apelación y se entendían las actuaciones de la segunda instancia tan sólo con quien se reputaba como único apelante, su exesposo antes mencionado.

Si ello es así, difícilmente podía, de manera eficaz y útil, promover el incidente de nulidad de actuaciones del art. 240.3 LOPJ, quien, como la ahora demandante en amparo, no conocía el contenido y alcance de las resoluciones anteriores a la Sentencia de 6 de julio de 1998 por las que se entendió caducado su recurso de apelación, y mal podía, por tanto, articular un eficaz incidente anulatorio quien solo tenía el limitado conocimiento del proceso y de sus avatares en los términos expuestos. La exigencia, pues, del seguimiento de esta vía judicial previa, se mostraba en el caso debatido como sumamente dudosa en cuanto a su utilidad y consiguiente, su procedencia.

Si bien lo razonado ha de entenderse bastante para rechazar la mencionada causa de inadmisibilidad del presente amparo, con arreglo a la jurisprudencia constitucional, no es ocioso que, adentrándonos en el contenido o fundamento del denominado incidente de nulidad de actuaciones ex art. 240.3 LOPJ, examinemos si la indefensión procesal sufrida encuentra adecuado asiento en este remedio procesal excepcional.

En efecto, el indicado precepto permite fundar la nulidad de lo actuado en dos grandes categorías o clases de vicios o defectos procesales: de una parte, en "defectos de forma que hubieran causado indefensión", y de otro lado, "en la incongruencia del fallo". Por lo que concierne a la más plural e indeterminada de esta categorías, tal como la relativa a los defectos formales productores de indefensión procesal, que es en la que podría tener cabida el caso enjuiciado, debemos tener en cuenta la sistemática del precepto en que se sitúa el remedio procesal del denominado "incidente de nulidad de actuaciones", y desde tal perspectiva, no cabe olvidar que el apartado 1 del art. 240 LOPJ, refiere la invalidez o ineficacia procesales, a "los defectos de forma en los actos procesales ... que determinen efectiva indefensión".

Ha de tratarse, pues, de actos procesales del órgano judicial (o de las partes, en tanto que asumidos por el órgano jurisdiccional) en su estricta y propia condición, es decir, de actos procesales que resulten viciados por inobservancia de los requisitos exigidos por las normas reguladoras del concreto proceso. Pues bien, cuando lo que determina la indefensión no es tal clase de vicios o defectos, sino que tiene su causa en errores o en actos u omisiones de índole material, tales como el extravío de los escritos de las partes o su equivocada remisión a un órgano judicial que no es el adecuado destinatario de aquéllos, no nos hallamos en puridad en el supuesto de hecho, ahora considerado, de defectos de forma cometidos en concretos actos procesales y originadores de indefensión que sean, de forma clara y terminante, subsumibles en el cauce del art. 240.3 LOPJ, a efectos de la exigibilidad de este incidente procesal de nulidad de actuaciones.

Esto es lo sucedido en el presente caso, toda vez que la caducidad, y consiguiente declaración de desierto del recurso de apelación de la esposa demandada, obedeció a la razón material de que el escrito de personación de ésta, presentado en el servicio de "oficina de reparto" de la Audiencia Provincial de Barcelona el 15 de abril de 1998, no fue oportunamente remitido a la Sección Decimoctava de dicha Audiencia que debía conocer de la apelación promovida frente a la Sentencia dictada, en el juicio de divorcio, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de los de Vilanova i La Geltrú con fecha 7 de noviembre de 1997, por causas de las que no existe formal constancia en las actuaciones pero ajenas, en cualquier caso, a la diligente actuación de la mencionada parte apelante y ahora recurrente en amparo.

Ha de concluirse, por ello, que no era exigible en el presente caso, para el debido agotamiento de la vía judicial previa, la utilización del incidente de nulidad de actuaciones regulado en el art. 240.3 LOPJ, y no puede, en consecuencia, prosperar la causa de inadmisibilidad esgrimida con apoyo de tal exigencia.

4. La causa de inadmisión basada en la extemporánea interposición de la demanda de amparo, una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte días hábiles señalado en el art. 44.2 LOTC, se halla formulada, en primer término, tomando como dies a quo para el cómputo de dicho plazo, no la notificación a la demandante de la Sentencia dictada en apelación el 6 de julio de 1998 (notificada personalmente a aquélla con fecha 14 de octubre de 1998), sino una fecha anterior, que se hace coincidir con la de 4 de agosto de 1998, en que el cónyuge de la recurrente en amparo, don A Ie S, depositó en el servicio de correos y telégrafos de Vilanova i La Geltrú un burofax dirigido a su esposa, por el que le comunicaba que, en virtud de Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, ingresaría como pensión compensatoria actualizada la cantidad de 24.450 pesetas.