Un magistrado impone por primera vez a un maltratador un curso para reeducarlo
El juez supedita la suspensión de una condena de siete meses de prisión a que se someta a un tratamiento específico durante dos años
RAMÓN FERRANDO
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El titular del juzgado de lo Penal número tres de Alicante, Jesús Gómez Angulo, condicionó ayer la suspensión de una pena de ingreso en prisión de siete meses a un maltratador a que siga un curso contra la violencia doméstica durante dos años para reeducarse.
Es la primera vez que un juez de la provincia impone a un agresor este tipo de condena. El magistrado tomó la decisión después de que la víctima renunciara expresamente a cualquier tipo de orden de protección a pesar de que el juez le recordó que «van más de sesenta y cinco mujeres muertas en lo que va de año» y que «se encuentra en una situación de alto riesgo». El juez aplicó la suspensión de la condena porque el acusado carecía de antecedentes penales.
Además, decidió no imponerle ninguna multa para no perjudicar económicamente a la víctima y a sus tres hijos. El maltratador, que fue juzgado por el sistema de vista rápida, reconoció que hace dos semanas le propinó un puñetazo a su mujer en su domicilio de Elda.
La víctima, que necesitó varios puntos de sutura, insistió en el juicio en que a pesar de la agresión no se sentía «una mujer maltratada ya que ha sido la primera vez».
El juez le comunicó al acusado que deberá contactar con los servicios sociales penitenciarios para someterse al «curso de formación contra la violencia doméstica y el maltrato familiar» de dos años.
El agresor intentó excusarse alegando que «yo trabajo de siete de la mañana a ocho de la tarde para alimentar a mis hijos», a lo que el juez le replicó que «en prisión no se puede ganar dinero».
Los servicios sociales penitenciarios son los encargados de hacer cumplir este tipo de condenas alternativas al ingreso en prisión.
Fuentes penitenciarias confirmaron ayer que hasta el momento sólo se había impuesto de forma aislada a algún maltratador la obligación de someterse a tratamiento psicológico, pero nunca se había dictado que siguiera un curso completo contra la violencia doméstica.
El nuevo artículo 153 del Código Penal, que castiga el maltrato familiar, ha multiplicado las posibilidades de enviar a un agresor a prisión.
Los jueces pueden imponer a un maltratador de tres meses a doce meses de cárcel por un zarandeo o una bofetada aunque no haya lesiones.
Fuentes judiciales reconocieron que a partir de ahora se van a repetir este tipo de medidas sustitutivas de la prisión que suponen una segunda oportunidad para el condenado.
Es la primera vez que un juez de la provincia impone a un agresor este tipo de condena. El magistrado tomó la decisión después de que la víctima renunciara expresamente a cualquier tipo de orden de protección a pesar de que el juez le recordó que «van más de sesenta y cinco mujeres muertas en lo que va de año» y que «se encuentra en una situación de alto riesgo». El juez aplicó la suspensión de la condena porque el acusado carecía de antecedentes penales.
Además, decidió no imponerle ninguna multa para no perjudicar económicamente a la víctima y a sus tres hijos. El maltratador, que fue juzgado por el sistema de vista rápida, reconoció que hace dos semanas le propinó un puñetazo a su mujer en su domicilio de Elda.
La víctima, que necesitó varios puntos de sutura, insistió en el juicio en que a pesar de la agresión no se sentía «una mujer maltratada ya que ha sido la primera vez».
El juez le comunicó al acusado que deberá contactar con los servicios sociales penitenciarios para someterse al «curso de formación contra la violencia doméstica y el maltrato familiar» de dos años.
El agresor intentó excusarse alegando que «yo trabajo de siete de la mañana a ocho de la tarde para alimentar a mis hijos», a lo que el juez le replicó que «en prisión no se puede ganar dinero».
Los servicios sociales penitenciarios son los encargados de hacer cumplir este tipo de condenas alternativas al ingreso en prisión.
Fuentes penitenciarias confirmaron ayer que hasta el momento sólo se había impuesto de forma aislada a algún maltratador la obligación de someterse a tratamiento psicológico, pero nunca se había dictado que siguiera un curso completo contra la violencia doméstica.
El nuevo artículo 153 del Código Penal, que castiga el maltrato familiar, ha multiplicado las posibilidades de enviar a un agresor a prisión.
Los jueces pueden imponer a un maltratador de tres meses a doce meses de cárcel por un zarandeo o una bofetada aunque no haya lesiones.
Fuentes judiciales reconocieron que a partir de ahora se van a repetir este tipo de medidas sustitutivas de la prisión que suponen una segunda oportunidad para el condenado.