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Sentencia de Estrasburgo en el caso Iglesias - Urcera

SECCIÓN CUARTA

CASO IGLESIAS GIL y A.U.I. c. ESPAÑA

(Requerimiento no 56673/00)

SENTENCIA ESTRASBURGO

29 de abril de 2003

Dicha sentencia será definitiva según las condiciones definidas en el artículo 44 § 2 de la Convención. Puede sufrir modificaciones de forma.

Publicado el

15.- Además, en una providencia de 25 de mayo de 1998, el juez de instrucción examinó la cuestión de saber si se podía perseguir una persona que comparte la patria potestad de un menor por sustracción de niño. Sobre este particular, el juez declaró que según la jurisprudencia establecida, ello no era posible y que tales hechos solo podían ser perseguidos bajo los supuestos de delitos de desobediencia y extorsión. Mediante otra providencia de uno de julio de 1998, el juez de instrucción reiteró su postura según la cual no era posible dictar una orden de búsqueda y arresto internacional por un delito presumido de desobediencia, y ello por los siguientes motivos:

" (...) Tratándose de una orden de búsqueda y de arresto internacional contra A.U.A., dicha cuestión ha sido resuelta por la Audiencia de Pontevedra en su resolución de 23 de septiembre de 1997.

Ahora bien, desde esta fecha, no ha aparecido ningún elemento novedoso que permita modificar la tipificación del delito. En efecto, en ningún caso se puede calificar de " detención ilegal ", como lo subraya la sentencia de 5 de julio de 1993 referida a la sustracción de menores. Se precisa, en dicha sentencia, que " el hecho que el padre de un menor se lo lleve con él con el único propósito de estar en su compañía no constituye un delito de sustracción de menores " (...)

Finalmente, referente al supuesto delito de desobediencia, no se puedo dictar una orden de búsqueda y arresto internacional a partir del momento en que dicho delito no esta contemplado en los tratados de extradición. Por consiguiente, Interpol no lo consideraría al no ser conforme a derecho. "

16.- La solicitud de la recurrente fue rechazada por una resolución de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 17 de noviembre de 1998.

2. Primer recurso de amparo de la recurrente

17.- La recurrente interpuso un recurso de amparo sobre la base de los artículos 24 (derecho a un juicio justo), 15 (derecho a la vida y a la integridad física y moral) y 17 (derecho a la libertad y a la seguridad) de la Constitución, así como de la Convención Internacional relativa a los Derechos del Niño de 1989. Mediante una resolución de 2 de junio de 1999, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso por defecto manifiesto de fundamento, habiendo estimado la Alta Jurisdicción que la recurrente se limitaba a comentar su desacuerdo con las decisiones motivadas.

3. Sobreseimiento provisional del juez de instrucción no 5

18.- Al término de la instrucción, mediante una decisión del 3 de julio de 1998, el juez de instrucción no 5 de Vigo dictó un auto de sobreseimiento provisional respecto a A.U.A., con el mantenimiento de la orden de búsqueda interna y embargo de sus bienes, así como el sobreseimiento definitivo para los miembros de la familia de A.U.A. involucrados por la recurrente. El juez basó el sobreseimiento provisional contra A.U.A. teniendo en cuenta que, por encontrarse fuera de España, este último no había podido ser interrogado ni ser por ello formalmente objeto de una acusación penal conforme al artículo 791-4 de Ley de Enjuiciamiento Criminal. El recurso presentado por la recurrente fue desestimado por una resolución de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 9 de noviembre de 1998.

4. Segundo recurso de amparo de la recurrente

19.- La recurrente interpuso un recurso de amparo contra dichas resoluciones ante el Tribunal Constitucional invocando el artículo 17 (derecho a la libertad y a la seguridad) combinado con los artículos 18 (derecho a la vida privada y a la intimidad familiar), 24 (derecho a un juicio justo) y 39 (protección social, económica y jurídica de la familia y de los niños) de la Constitución. Invocó así mismo los artículos 5 y 8 de la Convención. En su recurso, se quejó en particular del rechazo sistemático presentado por el juez de instrucción a su demanda de búsqueda internacional de su hijo, lo que constituía a sus ojos una violación de la obligación positiva de tutela del menor y de su familia. Alegaba igualmente una violación del artículo 11 § 1 de la Convención Internacional relativa a los Derechos del Niño de 1989 que preveía que los Estados tomarán medidas con el fin de luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. Hacía valer por otra parte que, debido a su oposición a cualquier diligencia de investigación, el juez de instrucción hubiera infringido directamente su derecho a la vida privada y familiar y la de su hijo, así como su derecho a la protección judicial garantizada por el artículo 24 de la Constitución y el artículo 6 de la Convención.

20.- Mediante una resolución de 17 de junio de 1999, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo por defecto de fundamento, argumentando que la recurrente se limitaba a poner en tela de juicio las resoluciones adoptadas por las jurisdicciones penales que, de manera razonada y fundada, habían decidido el sobreseimiento provisional de la demanda penal presentada por la recurrente por sustracción de menor así como el mantenimiento de ciertas medidas preventivas.

5. Otras decisiones de orden penal

21.- Además de esto, en el marco de un recurso presentado por la recurrente ante la Audiencia Provincial de Pontevedra contra una decisión del juez de instrucción no 5, éste último, en un informe que sometió el 5 septiembre de 1997 a la Audiencia Provincial, declaró lo que sigue:

" (...) El procedimiento penal tiene por finalidad la persecución de los delitos y, llegado el caso, el castigo de los delincuentes. Sin embargo, el juez de instrucción no puede en ningún caso dejarse manipular por una mujer animada por los celos o por el odio contra la familia de su ex-esposo, y practicar une serie de diligencias inútiles para el objeto del proceso, y que no buscan más que importunar a terceros ajenos al litigio. En la especie, la única cosa probada hasta ahora es que A.U.A. no ha devuelto su hijo A.U.I. a su madre al término del periodo que el juez de familia le había concedido. "

22.- Una demanda de recusación dirigida contra el juez de instrucción no 5 fue rechazada por una decisión de 20 de noviembre de 1997. Además, una acción de nulidad del procedimiento fue rechazada mediante una resolución fechada el 22 de febrero de 1999.

6. Asignación de la patria potestad integra a la recurrente

23. Por una sentencia de 12 de febrero de 1999, el juez de familia de Vigo retiró a A.U.A. la patria potestad y la asignó en su integridad a la recurrente. El juez fundó su decisión sobre los siguientes motivos:

" (...) tras el examen de los elementos de prueba, conviene acoger favorablemente la demanda de la recurrente. En efecto, (...) se desprende del dossier que el demandado, tras el incumplimiento de forma continua del régimen de visitas (como lo demuestra la resolución adoptada por este T.E.D.H. el 20 de diciembre de 1996), no ha devuelto el niño a su madre al finalizar el periodo fijado por la resolución de 20 de diciembre de 1996. Además de esto, desde el uno de febrero de 1997, el padre y el niño se encuentran en un lugar desconocido, substrayendo de este modo el niño a la custodia otorgada a la recurrente por decisión judicial. Esta actitud solo puede ser calificada de muy grave, ya que ha provocado la separación brusca y cruel del niño con su entorno familiar en el que se criaba de forma feliz, y le ha privado y sigue privándole de la protección y del amor de su madre y ello (...) desde su más tierna infancia, con el grave perjuicio que ello conlleva (...) De este modo [A.U.A.], haciendo valer sus propios intereses antes que los de su hijo, ha actuado de forma gravemente perjudicial con respecto a éste último (...) "

7. Restablecimiento de los contactos entre la recurrente y su hijo, recuperación del niño por la recurrente y presentación de nuevas denuncias penales

24.- Según un informe psicológico entregado por la recurrente en abril de 2000, A.U.A. tuvo un primer contacto telefónico con ella en el cual imponía varias condiciones para la entrega del niño, la amenazaba y le hacía chantaje en el caso de querer reunirse con su hijo. El 12 de junio de 2000, la recurrente interpuso una denuncia por amenazas y coacción contra A.U.A. Mediante une providencia de 30 de septiembre de 2000, el juez de instrucción no 6 de Vigo dictó un auto de sobreseimiento provisional. Ante un recurso de la recurrente, la Audiencia Provincial de Pontevedra anuló la decisión adoptada mediante una resolución de 15 de mayo de 2001.

25.- El 18 de abril de 2000, la recurrente volvió a ver por primera vez su hijo tras su secuestro en febrero de 1997. El 12 de mayo de 2000, A.U.A. compareció voluntariamente ante el juez de instrucción quien, después de haberle escuchado, no ordenó su arresto provisional. Finalmente, el 8 de junio de 2000, aprovechando el regreso a Vigo de A.U.A. y de su hijo, la madre consigue con la ayuda de la policía recuperar su hijo. La recurrente alega que ha tenido que vivir durante un cierto tiempo escondida con su hijo en un centro de acogida para mujeres en desamparo.

26. El 14 de julio de 2000, el juez de familia reconoció a A.U.A. un derecho de visite con respecto a su hijo. No pudiendo ejercer dicho derecho, A.U.A. interpuso una denuncia ante el juez de instrucción de Vigo contra la recurrente y sus parientes por desobediencia grave a la autoridad.