Padres y Madres Separados

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Sentencia de Estrasburgo en el caso Iglesias - Urcera

SECCIÓN CUARTA

CASO IGLESIAS GIL y A.U.I. c. ESPAÑA

(Requerimiento no 56673/00)

SENTENCIA ESTRASBURGO

29 de abril de 2003

Dicha sentencia será definitiva según las condiciones definidas en el artículo 44 § 2 de la Convención. Puede sufrir modificaciones de forma.

Publicado el

HECHOS

I. LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA ESPECIE

9.- La primera recurrente, María Iglesias Gil, nació en 1961 y reside en Vigo. Es la madre del segundo recurrente, A.U.I., nacido en 1995.

10.- El 8 septiembre de 1989, la recurrente contrajo matrimonio con A.U.A. El 3 de junio de 1994, la pareja se divorció. El 7 de diciembre de 1995 nació A.U.I., el segundo recurrente, hijo de la demandante y de A.U.A., y reconocido por éste último. Por une decisión de 20 de diciembre de 1996, el juez de familia de Vigo otorga el derecho de custodia de A.U.I. a la recurrente con un derecho de visita a favor del padre. El uno de febrero de 1997, A.U.A., aprovechando una visita a su hijo, lo sustrajo y salió del territorio español con él. Después de haber viajado por Francia y Bélgica, A.U.A. tomó un vuelo para los Estados Unidos con el menor.

A. Procedimientos ante las jurisdicciones internas

1. Denuncia penal presentada por la recurrente por sustracción ilegal de su hijo

11.- La recurrente interpuso una denuncia penal con demanda de responsabilidad civil ante el Juez de Instrucción no 5 de Vigo por sustracción de niño. El 4 febrero de 1997, el Juez de Instrucción dictó una orden de búsqueda interna contra A.U.A. y de restitución inmediata del menor a su madre. Más tarde, la recurrente amplió su denuncia penal sobre varios miembros de la familia de A.U.A. que, según ella, habían colaborado en el secuestro de su hijo.

12.- La recurrente solicitó al juez de instrucción no 5 de Vigo, durante la instrucción del caso, la realización de escuchas telefónica en el móvil de A.U.A. así como el interrogatorio de varios miembros de la familia de éste último. Por una resolución de 19 de febrero de 1997, el juez de instrucción desestimó dichas peticiones, la primera argumentando que no existía ninguna prueba que el número de móvil indicado correspondiera al de A.U.A., y la segunda porque la recurrente no había indicado de forma precisa sobre que asuntos dichas personas debían declarar. La recurrente solicitó igualmente un registro en la sede de una sociedad perteneciente a A.U.A., que se encargaba de la administración de sus bienes en su ausencia, así como el examen del vehículo que había utilizado para salir de España.

Dichas peticiones fueron igualmente rechazadas por el juez de instrucción.

13.- La recurrente solicitó al juez dictar una orden de búsqueda y arresto internacional contra A.U.A. Por medio de una providencia de 29 de mayo de 1997, el juez de instrucción la desestimó por las siguientes razones:

" (...) 2. Respecto a la orden de búsqueda y arresto internacional, los delitos de coacción y de extorsión no han sido probados. Además, el supuesto (delito) de desobediencia es discutible desde el momento que no está probado que el interesado fuera conminado a ejecutar la sentencia del juez de familia y advertido que podía incurrir en ese delito. Por otra parte, dicho delito (artículo 556 del Código Penal) al estar castigado con una pena de prisión, no justifica una orden de búsqueda y arresto internacional, en la medida en que la eventual conducta de la persona denunciada parece más bien acogerse al artículo 622 del Código Penal que define dichos actos como una falta.

(...)

4. Por ende, conviene recordar que los actos procesales solicitados no son ni legales ni útiles para la finalidad perseguida, de manera que deben ser desestimados en aplicación del artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "

14.- Examinando otras solicitudes de diligencias presentadas por la recurrente por desobediencia a la sentencia dictada por el juez de familia y el incumplimiento de dicha sentencia, el Juez de Instrucción no 5 las desestimó por medio de una resolución de 5 de junio de 1997 por las siguientes razones:

(...)

2. Las diligencias se realizan con el fin de indagar sobre la existencia de delitos. Finalizan por decisión del juez, y no cuando lo solicita la parte (artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.).

3. Según las diligencias realizadas hasta ahora, no queda probado que A.U.A. no haya devuelto su hijo a su madre al finalizar el periodo en el cual tenía el derecho de tener a su hijo con él.

(...)

6. Una orden de búsqueda interna ha sido dictado contra A.U.A. En cuanto sea localizado, se podrá aplicar la disposición final 19 de la Ley Orgánica 1/96 de 15 de enero de 1996 sobre la protección jurídica de los menores. "