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Aplicación de la ley del embudo en Malos Tratos

En la misma piedra Un gijonés víctima de malos tratos presenta una recusación contra una juez de la que ya se había quejado ante el Poder Judicial

EL COMERCIO
Lunes, 10 de noviembre de 2003

MIGUEL BARRERO/GIJÓN

Publicado el

VÍCTIMAS. José Ramón Estévez, junto a su actual esposa, Begoña Carballo. / PALOMA UCHA

El PROCESO
Fallo de la magistrada: declara a Estévez culpable de un delito de lesiones y a su ex mujer, de uno de malos tratos.

Respuesta: Estévez presenta una queja contra la juez ante el Consejo General del Poder Judicial.

Ayuda: pide acogerse a la Ley de Protección de Víctimas. La decisión depende de la misma magistrada.

Recusación: Estévez presenta una recusación contra la juez, que deberá tramitarse en la Audiencia Provincial.

El pasado 29 de agosto, el gijonés José Ramón Estévez presentó en la Unidad de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial una queja contra Soledad Ortega Francisco, magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de los de Gijón. Hoy la recusa.

El motivo, un juicio celebrado tras un episodio de malos tratos acaecido el 23 de enero de 2002. Ese día, Estévez fue agredido por su ex mujer en pleno centro de Gijón.

En el mencionado proceso, la magistrada condenó a la anterior esposa de Estévez, como culpable de un delito de malos tratos, a abonar al demandante una cantidad de 6 euros durante 20 días. Pero Estévez también fue inculpado de un delito de lesiones y vio cómo la juez le condenaba al abono de 6 euros durante un mes.

«Alegó que la había agredido durante la discusión y mostró unos arañazos en brazos y cuello», cuenta Estévez. «Es imposible que pudiese habérselos hecho; era invierno y los dos íbamos con abrigo; además, nos fueron negadas las pruebas periciales», subraya.

Sin testigos

La magistrada por la que ahora se querella el demandante desestimó las declaraciones de los testigos de Estévez y, según Begoña Carballo, la actual mujer de éste, «se fió de las palabras de su anterior esposa, que acudió al proceso judicial sin testigo alguno».

Estévez presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial contra la labor de la magistrada Soledad Ortega Francisco. En vano.

«Lo que hacen es remitir la querella al juez objeto de la misma para que diga si actuó correctamente o no», explica. «Así que mi queja llegó a la juez, la leyó y comunicó al Consejo que ella había hecho lo correcto».

El caso se cerró sin más. Pero el camino de Estévez volvería a cruzarse con el de la magistrada. El pasado 28 de octubre, el gijonés volvió a remitirse al Consejo General del Poder Judicial con intención de acogerse a la Ley de Protección de Víctimas, aprobada por las Cortes el día 1 del pasado mes de agosto.

Al poco tiempo, le notificaron que el juzgado que debía tramitar su solicitud era, precisamente, el número 2.

Estévez se presentó. Pero el día antes, recusó. Algo inusual, ya que no suelen darse las recusaciones por parte de particulares. Esa recusación pasará a la Audiencia. Si es admitida, la solicitud se trasladará a otro juzgado. En el caso contrario, el recusante debe abonar una multa.

Discriminación sexual

Pero el caso de la magistrada no es el único bache que ha encontrado este gijonés en el camino emprendido tras iniciarse los malos tratos por parte de su ex-mujer. Antes de los acontecimientos que derivaron en el proceso judicial antes descrito, Estévez y su actual esposa, Begoña Carballo, acudieron al Servicio de Atención a la Familia de Gijón para solicitar ayuda.

De allí les remitieron al Centro Asesor de la Mujer, dependiente del Ayuntamiento, donde, según Carballo, les comunicaron que «no podían hacerse cargo de la representación de nuestro caso, ya que la víctima, mi pareja, es un hombre».

Estévez y su mujer remitieron un escrito a la concejala de la Mujer sin obtener respuesta, lo que les movió a escribir a la oficina del Defensor del Pueblo. Desde allí, se envió una carta al Consistorio gijonés en el que se recomendaba «que, en el caso de varones agredidos, se derive a los mismos a algún tipo de servicio social».

El Ayuntamiento no emitió respuesta alguna, por lo que el Defensor volvió a insistir hasta que, cinco meses después, el Consistorio gijonés le comunicó que comenzaría a revisar sus métodos de actuación para estos casos.

Mientras tanto, se considera «desasistido», y subraya que «las estadísticas hablan de un 25% de hombres maltratados: somos pocos, pero existimos».