Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

Sustracción de menores y respeto efectivo a la «vida familiar»

ante el TEDH

Caso Iglesias Gil c. España -------------------------------------------------------------------------------- Pulido Quecedo, Manuel Constituye uno de los desafíos del Derecho Constitucional contemporáneo (predicable de cualquier otra rama del Derecho), la pretensión de efectividad y eficacia. No en balde la Constitución de 1978 (RCL 1978, 2836), incorporó como una de las novedades de la misma la pretensión de eficacia en la protección de los derechos sustantivos y procesales, mediante la cláusula de la tutela judicial efectiva [Véase, la tramitación del art. 24.1 CE, así como sus enseñanzas en DÍEZ PICAZO, L.: «Notas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva», en Poder Judicial, núm. 5 (1987)] que constituye hoy la clave de bóveda de nuestro Derecho (judicial). Enlazaba así la CE con la exigencia de normatividad de los textos constitucionales modernos e incorporaba nuestro sistema jurisdiccional a la tesis de la eficacia de los derechos fundamentales, más allá de su retórica consideración como meras declaraciones de intenciones (derechos irreales e ilusorios).

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1º Tras el divorcio, el Juez de Familia de Vigo, por Auto de 20 de diciembre de 1996,concedió a la madre, Mª Antonia, el derecho de custodia del menor con derecho de visita al padre.

En 1997,el padre, aprovechado el ejercicio del derecho de visita a su hijo, se llevó al menor, secuestrándolo, saliendo ambos del territorio español. Tras hacer tránsitos en Francia y Bélgica, volaron hacia Estados Unidos.

2º La recurrente formuló querella criminal ante el Juez de Instrucción núm. 5 de Vigo por sustracción de menor. Entre las medidas cautelares pedidas, la más relevante, fue la de dictar una orden internacional de búsqueda y captura contra A.U.A., extremo que fue denegado por Auto de 29 de mayo de 1997, por no haberse acreditado que se esté en presencia de tipos penales incluibles, bajo los delitos de coacción y amenazas. Tampoco se consideró probado el delito de desobediencia judicial, por incumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por el Juez de Familia de Vigo.

3º Posteriormente, por Auto de 25 de mayo de 1998, el Juez de Instrucción de Vigo, rechazó la posibilidad de perseguir a una persona que compartía la patria potestad, por secuestro del mismo, habida cuenta que del estado de la legislación como de la jurisprudencia pronunciada, ello no era posible. Dicha decisión fue confirmada por Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra de, 17 de noviembre de 1998.

Recurrida esta decisión en amparo ante el TC, fue inadmitida por Providencia de 2 de junio de 1999.

4º Por Auto de 3 de julio de 1998, el Juez de instrucción de Vigo dictó Auto de sobreseimiento provisional contra los hechos derivados de la denuncia, por sustracción de menores del marido de la recurrente, al no haber podido ser interrogado, ni imputado en los términos del art. 791-3 LECrim (LEG 1882, 16). Recurrido el Auto de sobreseimiento, fue desestimado por Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 9 de noviembre de 1998. Recurrida en amparo ante el TC, fue de nuevo inadmitido por Providencia de 17 de junio de 1999.

5º Por Auto, de 12 de febrero de 1999, el Juez de Familia de Vigo retiró a A.U.A. (ex marido de la recurrente), la patria potestad, atribuyéndola exclusivamente a la madre.