CUSTODIA COMPARTIDA DE LOS HIJOS
DIARIO DE CANARIAS®
22 de enero de 2003
José Tomás Bethencourt Benítez
Profesor Titular de la Facultad de Psicología
jbethen@ull.es
Publicado el
La sociedad canaria, al igual que otras tantas inmersas en el capitalismo occidental, lleva desde hace tiempo experimentando un fenómeno que lejos de disminuir parece acrecentarse, me estoy refiriendo a las separaciones matrimoniales y divorcios.
No voy a entrar en el presente artículo periodístico en las interesantísimas razones sociológicas, psicológicas o antropológicas que puedan estar provocando tal fenómeno, pero sí abordaré aquí las consecuencias sociales y personales que la famosa ley española del divorcio del año 1981 está ocasionando.
En los primeros años de la transición democrática parlamentarista española, los partidos políticos de la UCD y del PSOE fuertemente vigilados y condicionados por la Iglesia Católica, hacen una gran concesión al movimiento feminista (hembrista) aprobando en las cortes la citada ley. Se pasaba pues, por efecto de péndulo, del ordenamiento legislativo franquista claramente machista (masculinista) a una situación legal antagónica.
Sin embargo y curiosamente, ambos ordenamientos legislativos son igualmente sexófobos, pues si en el franquismo la mujer era discriminada ahora en la democracia el discriminado es el hombre.
La aplicación de la ley que están haciendo los jueces genera efectos que son bien visibles para cualquier buen observador. Me atrevería a afirmar que en el 90% de los casos, bien si la separación o divorcio ha sido por mutuo acuerdo o por contencioso, las sentencias que los jueces están dictando se caracterizan aproximadamente por los siguientes rasgos:
1) se atribuye la guarda y custodia de los hijos exclusivamente a la madre;
2) se atribuye el uso y disfrute del hogar familiar a la madre y sus hijos;
3) se obliga al padre a contribuir económicamente al levantamiento de las cargas familiares y alimentos con una aportación mensual;
4) se concede al padre la posibilidad de estar en compañía de sus hijos los fines de semana alternos (cada 15 días);
5) se concede al padre la posibilidad de estar en compañía de sus hijos la mitad de las vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y Verano.
Tales medidas en la práctica están provocando que de forma bastante generalizada, los padres separados con hijos queden relegados a ser meros "paganinis" y se terminen desentendiendo progresivamente de sus hijos, con lo que de negativo para ambos (padre e hijos) ello conlleva.
Añadamos a este hecho la secular lentitud con la que funciona la administración de justicia española, los procesos de liquidación de los bienes existentes en la sociedad de gananciales pueden llegar a durar hasta 10 años, realmente desesperantes, no sólo la lentitud es un problema sino también el altísimo coste económico y de desgaste psicológico que implica iniciar y culminar los procesos de separación y divorcio, pues no en vano tales procesos están rodeados de una fuerte trama de intereses monetarios.
Dicen que ahora con la nueva ley de enjuiciamiento civil entrada en vigor el pasado 8 de Enero de este año 2001 tales procesos se van a ver acortados, ¡ya veremos si eso es así! Qué gran paradoja en el corpus legislativo español que para que hombre y mujer contraigan matrimonio las facilidades y velocidades son auténticamente enormes, mientras que para poner fin a tal unión las dificultades y lentitudes son abusivas, una vez más vemos la poderosa mano de la Iglesia Católica imponiendo su sacrosanto principio de la "indisolubilidad del matrimonio".
Tales efectos perversos de la ley están provocando una clara disminución en el número de casamientos civiles heterosexuales producidos en Canarias, optando cada vez más muchos de nuestros jóvenes por convivir sin legalizar su relación, ante el auténtico pánico que están cogiendo por lo que están viendo al respecto.
Nunca ha sido tan cierta como ahora, aquella conocida y famosa frase que los viejos nos decían y a la que poco caso hacíamos de "te casaste, te amarraste". Lo que aquí señalo es de tal magnitud que los legisladores, buenos conocedores de los procesos sociales, ya empiezan a hablar de la necesidad de encarar una nueva ley de "parejas de hecho" tanto hétero como homosexuales.
Sería también conveniente que el Estado Español se homologara con otros más avanzados en esta materia y modificara su legislación en la línea de:
a) incluir la custodia compartida de los hijos como un derecho y obligación de ambos progenitores separados,
b) crear los juzgados de familia, para separar estos asuntos de los juzgados civiles y penales,
c) establecer la figura de los mediadores familiares, para superar la actual visión litigante y de confrontación que impone el tradicional esquema de sendos abogados de partes enfrentadas y pleiteando.
El tema de la familia continúa siendo de máxima importancia social, pues no en vano la interesada y reiterada campaña del PP de denuncia de los malos tratos domésticos hacia las mujeres, le ha reportado importantes beneficios electorales, pues al movilizar masivamente el voto femenino en su favor pudo pasar de la mayoría simple de 1996 a la mayoría absoluta del año 2000.
No se puede partir de la presunción de culpabilidad de todos los hombres por el mero hecho de que existan algunos violentos y agresivos desequilibrados que agreden físicamente a sus compañeras, llegando en ocasiones hasta la muerte, tales actuaciones son claramente execrables y rechazables.
Igualmente, no se puede partir de la presunción de culpabilidad de todas las mujeres por el hecho de que existan algunas que someten a sus compañeros a las más refinadas y maléficas torturas psicológicas, llegando incluso a la negación sistemática o uso chantajista del débito conyugal, acarreando en algunos casos depresiones y suicidios silenciosos o explosiones violentas peligrosas e incontroladas.
Tan inaceptables son las agresiones físicas como las torturas psicológicas a las que como profesional de la psicología animo a los hombres y mujeres a denunciar para evitar males mayores.
Señores legisladores y señoras legisladoras, si desean de verdad contribuir a superar esta fuerte confrontación social de género entre hombres y mujeres, encaren con seriedad y rigor las oportunas reformas legislativas que lo hagan posible, de lo contrario mucho me temo que la violencia de género no sólo no disminuirá, sino que seguirá en aumento.
No voy a entrar en el presente artículo periodístico en las interesantísimas razones sociológicas, psicológicas o antropológicas que puedan estar provocando tal fenómeno, pero sí abordaré aquí las consecuencias sociales y personales que la famosa ley española del divorcio del año 1981 está ocasionando.
En los primeros años de la transición democrática parlamentarista española, los partidos políticos de la UCD y del PSOE fuertemente vigilados y condicionados por la Iglesia Católica, hacen una gran concesión al movimiento feminista (hembrista) aprobando en las cortes la citada ley. Se pasaba pues, por efecto de péndulo, del ordenamiento legislativo franquista claramente machista (masculinista) a una situación legal antagónica.
Sin embargo y curiosamente, ambos ordenamientos legislativos son igualmente sexófobos, pues si en el franquismo la mujer era discriminada ahora en la democracia el discriminado es el hombre.
La aplicación de la ley que están haciendo los jueces genera efectos que son bien visibles para cualquier buen observador. Me atrevería a afirmar que en el 90% de los casos, bien si la separación o divorcio ha sido por mutuo acuerdo o por contencioso, las sentencias que los jueces están dictando se caracterizan aproximadamente por los siguientes rasgos:
1) se atribuye la guarda y custodia de los hijos exclusivamente a la madre;
2) se atribuye el uso y disfrute del hogar familiar a la madre y sus hijos;
3) se obliga al padre a contribuir económicamente al levantamiento de las cargas familiares y alimentos con una aportación mensual;
4) se concede al padre la posibilidad de estar en compañía de sus hijos los fines de semana alternos (cada 15 días);
5) se concede al padre la posibilidad de estar en compañía de sus hijos la mitad de las vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y Verano.
Tales medidas en la práctica están provocando que de forma bastante generalizada, los padres separados con hijos queden relegados a ser meros "paganinis" y se terminen desentendiendo progresivamente de sus hijos, con lo que de negativo para ambos (padre e hijos) ello conlleva.
Añadamos a este hecho la secular lentitud con la que funciona la administración de justicia española, los procesos de liquidación de los bienes existentes en la sociedad de gananciales pueden llegar a durar hasta 10 años, realmente desesperantes, no sólo la lentitud es un problema sino también el altísimo coste económico y de desgaste psicológico que implica iniciar y culminar los procesos de separación y divorcio, pues no en vano tales procesos están rodeados de una fuerte trama de intereses monetarios.
Dicen que ahora con la nueva ley de enjuiciamiento civil entrada en vigor el pasado 8 de Enero de este año 2001 tales procesos se van a ver acortados, ¡ya veremos si eso es así! Qué gran paradoja en el corpus legislativo español que para que hombre y mujer contraigan matrimonio las facilidades y velocidades son auténticamente enormes, mientras que para poner fin a tal unión las dificultades y lentitudes son abusivas, una vez más vemos la poderosa mano de la Iglesia Católica imponiendo su sacrosanto principio de la "indisolubilidad del matrimonio".
Tales efectos perversos de la ley están provocando una clara disminución en el número de casamientos civiles heterosexuales producidos en Canarias, optando cada vez más muchos de nuestros jóvenes por convivir sin legalizar su relación, ante el auténtico pánico que están cogiendo por lo que están viendo al respecto.
Nunca ha sido tan cierta como ahora, aquella conocida y famosa frase que los viejos nos decían y a la que poco caso hacíamos de "te casaste, te amarraste". Lo que aquí señalo es de tal magnitud que los legisladores, buenos conocedores de los procesos sociales, ya empiezan a hablar de la necesidad de encarar una nueva ley de "parejas de hecho" tanto hétero como homosexuales.
Sería también conveniente que el Estado Español se homologara con otros más avanzados en esta materia y modificara su legislación en la línea de:
a) incluir la custodia compartida de los hijos como un derecho y obligación de ambos progenitores separados,
b) crear los juzgados de familia, para separar estos asuntos de los juzgados civiles y penales,
c) establecer la figura de los mediadores familiares, para superar la actual visión litigante y de confrontación que impone el tradicional esquema de sendos abogados de partes enfrentadas y pleiteando.
El tema de la familia continúa siendo de máxima importancia social, pues no en vano la interesada y reiterada campaña del PP de denuncia de los malos tratos domésticos hacia las mujeres, le ha reportado importantes beneficios electorales, pues al movilizar masivamente el voto femenino en su favor pudo pasar de la mayoría simple de 1996 a la mayoría absoluta del año 2000.
No se puede partir de la presunción de culpabilidad de todos los hombres por el mero hecho de que existan algunos violentos y agresivos desequilibrados que agreden físicamente a sus compañeras, llegando en ocasiones hasta la muerte, tales actuaciones son claramente execrables y rechazables.
Igualmente, no se puede partir de la presunción de culpabilidad de todas las mujeres por el hecho de que existan algunas que someten a sus compañeros a las más refinadas y maléficas torturas psicológicas, llegando incluso a la negación sistemática o uso chantajista del débito conyugal, acarreando en algunos casos depresiones y suicidios silenciosos o explosiones violentas peligrosas e incontroladas.
Tan inaceptables son las agresiones físicas como las torturas psicológicas a las que como profesional de la psicología animo a los hombres y mujeres a denunciar para evitar males mayores.
Señores legisladores y señoras legisladoras, si desean de verdad contribuir a superar esta fuerte confrontación social de género entre hombres y mujeres, encaren con seriedad y rigor las oportunas reformas legislativas que lo hagan posible, de lo contrario mucho me temo que la violencia de género no sólo no disminuirá, sino que seguirá en aumento.