El estado de la Justicia
EL CORREO DIGITAL 18/10/2003
JUAN LUIS RASCÓN/MAGISTRADO Y PORTAVOZ DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA
El diagnóstico que los ciudadanos hacen del funcionamiento de la Administración de Justicia, y que hemos conocido a través del barómetro de opinión del Consejo General del Poder Judicial recientemente publicado, pone de manifiesto que no se percibe por sus destinatarios como paradigma de buen funcionamiento de un servicio público esencial para la sociedad.
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Y, lamentablemente, ese diagnóstico radiografía a la perfección su actual estado.
Hay todavía entre nosotros considerables reticencias institucionales a reconocer que los tribunales, por encima de ser un sitio público en el que se dirimen conflictos, son en el Estado de Derecho un insustituible baluarte de los derechos y libertades de los ciudadanos, y que, sin su labor eficaz, la convivencia democrática resulta de todo punto inviable. Reticencias que se extienden también, y eso es más grave, a asumir el compromiso político de apostar por la Justicia sin fisuras en diversos órdenes.
Sin embargo, curiosamente, el ciudadano tiene asimilado que la Justicia es pieza clave de la convivencia humana y su adecuado funcionamiento, un síntoma de la buena salud de un Estado democrático: el 74 % de los encuestados en el barómetro sostiene que «la Administración de Justicia constituye la garantía última de la defensa de la democracia y de las libertades».
Y para que la Justicia como valor constitucional primario pueda hacerse realidad día a día resulta imprescindible una Administración racional, moderna y eficaz que le sirva de soporte organizativo y funcional. Justo lo que hoy no disfrutamos, como con clarividencia constatan esos usuarios encuestados al valorarla negativamente.
A grandes rasgos, podemos describir cinco carencias básicas de nuestra actual Administración de Justicia:
a) está organizada internamente desde parámetros administrativos propios del siglo XIX, a pesar de algunos tímidos intentos de actualización en su día llevados a cabo sin excesivo alarde ni convencimiento -por ejemplo, en 1985 con la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial-;
b) es una Administración que exaspera por su lentitud y que desarrolla muchas veces actividades complejas de manifiesta inutilidad, incurriendo en consecuencia con demasiada frecuencia en ineficacia, de manera que se hace justicia tardía y procelosa, que degenera en clara injusticia;
c) es una Administración costosa, como han puesto de manifiesto los especialistas. El economista Santos Pastor descubre en ella un cierto grado de despilfarro que hace que la misma no produzca lo que puede y a un coste mucho más bajo;
d) es una Administración en la que hay todavía notable déficit de participación democrática, y como muestra un botón: la política judicial se proyecta en distintos foros de decisión sin contar abiertamente con organizaciones de usuarios y consumidores e, incluso, de espaldas a colectivos profesionales implicados en la tarea de administrar justicia (abogados, procuradores, funcionarios, asistentes sociales, etcétera);
e) es, por último, una Administración en la que, 25 años después de promulgada la Constitución, todavía no ha calado la idea constitucional del Estado de las Autonomías, lo que provoca el desaliento de las comunidades autónomas que, contando con perfiles organizativos propios y remedios autónomos, presencian con impotencia y desesperanza las disfunciones y anomalías constantes del servicio público judicial en su territorio sin poder hacer nada, al no contar con la competencia adecuada.
Frente a tan lamentable estado, sólo cabe tomar un camino si se quiere de verdad poner remedio a los males de la Administración de Justicia, el de la apuesta política, social y económica firme y decidida para transformar tan preocupante realidad. Y buen marco de entendimiento para vivificar esa apuesta era el Pacto de Estado por la Justicia en su día firmado por el Gobierno y los principales partidos políticos, al que se habían adherido asociaciones judiciales y otros colectivos profesionales, acuerdo que permitía esas necesarias reformas estructurales de la Administración de Justicia desde un consenso político básico y que, por desgracia, se ha visto malogrado por la irresponsabilidad de su máximo actor, el Gobierno, que con descaro ha demostrado su desapego al mismo casi desde el primer momento de su vigencia, al dejar de cumplir los concretos compromisos económicos e institucionales a que venía obligado.
Hay todavía entre nosotros considerables reticencias institucionales a reconocer que los tribunales, por encima de ser un sitio público en el que se dirimen conflictos, son en el Estado de Derecho un insustituible baluarte de los derechos y libertades de los ciudadanos, y que, sin su labor eficaz, la convivencia democrática resulta de todo punto inviable. Reticencias que se extienden también, y eso es más grave, a asumir el compromiso político de apostar por la Justicia sin fisuras en diversos órdenes.
Sin embargo, curiosamente, el ciudadano tiene asimilado que la Justicia es pieza clave de la convivencia humana y su adecuado funcionamiento, un síntoma de la buena salud de un Estado democrático: el 74 % de los encuestados en el barómetro sostiene que «la Administración de Justicia constituye la garantía última de la defensa de la democracia y de las libertades».
Y para que la Justicia como valor constitucional primario pueda hacerse realidad día a día resulta imprescindible una Administración racional, moderna y eficaz que le sirva de soporte organizativo y funcional. Justo lo que hoy no disfrutamos, como con clarividencia constatan esos usuarios encuestados al valorarla negativamente.
A grandes rasgos, podemos describir cinco carencias básicas de nuestra actual Administración de Justicia:
a) está organizada internamente desde parámetros administrativos propios del siglo XIX, a pesar de algunos tímidos intentos de actualización en su día llevados a cabo sin excesivo alarde ni convencimiento -por ejemplo, en 1985 con la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial-;
b) es una Administración que exaspera por su lentitud y que desarrolla muchas veces actividades complejas de manifiesta inutilidad, incurriendo en consecuencia con demasiada frecuencia en ineficacia, de manera que se hace justicia tardía y procelosa, que degenera en clara injusticia;
c) es una Administración costosa, como han puesto de manifiesto los especialistas. El economista Santos Pastor descubre en ella un cierto grado de despilfarro que hace que la misma no produzca lo que puede y a un coste mucho más bajo;
d) es una Administración en la que hay todavía notable déficit de participación democrática, y como muestra un botón: la política judicial se proyecta en distintos foros de decisión sin contar abiertamente con organizaciones de usuarios y consumidores e, incluso, de espaldas a colectivos profesionales implicados en la tarea de administrar justicia (abogados, procuradores, funcionarios, asistentes sociales, etcétera);
e) es, por último, una Administración en la que, 25 años después de promulgada la Constitución, todavía no ha calado la idea constitucional del Estado de las Autonomías, lo que provoca el desaliento de las comunidades autónomas que, contando con perfiles organizativos propios y remedios autónomos, presencian con impotencia y desesperanza las disfunciones y anomalías constantes del servicio público judicial en su territorio sin poder hacer nada, al no contar con la competencia adecuada.
Frente a tan lamentable estado, sólo cabe tomar un camino si se quiere de verdad poner remedio a los males de la Administración de Justicia, el de la apuesta política, social y económica firme y decidida para transformar tan preocupante realidad. Y buen marco de entendimiento para vivificar esa apuesta era el Pacto de Estado por la Justicia en su día firmado por el Gobierno y los principales partidos políticos, al que se habían adherido asociaciones judiciales y otros colectivos profesionales, acuerdo que permitía esas necesarias reformas estructurales de la Administración de Justicia desde un consenso político básico y que, por desgracia, se ha visto malogrado por la irresponsabilidad de su máximo actor, el Gobierno, que con descaro ha demostrado su desapego al mismo casi desde el primer momento de su vigencia, al dejar de cumplir los concretos compromisos económicos e institucionales a que venía obligado.