La UE clarifica las normas jurídicas relativas a los hijos en caso de separación de los padres
El Consejo de ministros de Justicia e Interior logró hoy un acuerdo político sobre el Reglamento relativo a la competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, que armonizará las reglas en la Unión Europea para tratar temas como la tutela o derechos de visita de los hijos en casos de divorcio o separación, pero también los casos crecientes de secuestro de los menores por parte de uno de los padres
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La nueva normativa,que entrará en vigor el 1 de marzo de 2005, pretende resolver los conflictos de competencias y fijar normas iguales en toda la Unión para tratar las cuestiones relativas a los hijos tras las separaciones de padres de diferente nacionalidad o con implicaciones en diferentes Estados miembros.
La responsabilidad parental están concebidas en función del interés superior del niño, y en particular, en función del criterio de proximidad del lugar de residencia del menor.
Asimismo, tiene en cuenta de forma importante la audiencia del menor y pretende facilitar la solución amistosa de conflictos familiares.
De este modo, permitirá aclarar los casos en los que exista un litigio entre los progenitores a propósito de la administración de los bienes del niño. No regula en cambio, asuntos relativos a la seguridad social, obligaciones alimentarias, educación y salud ni infracciones penales cometidas por menores.
El ministro italiano de Justicia, Roberto Castelli, que ostenta la presidencia del Consejo este semestre, destacó en rueda de prensa "el gran paso adelante" que supone este Reglamento en una "materia delicada que tiene grandes consecuencias en materia de familia y matrimonios entre diferentes nacionalidades".
Por su parte, el comisario de Justicia e Interior, Antonio Vitorino, indicó que "estas disposiciones terminan con los procedimientos intermedios para la ejecución de las sentencias", lo que facilitará su aplicación en cualquier Estado miembro.
CONFLICTOS DE COMPETENCIAS
Por otra parte, el Reglamento especifica las cuestiones relativas a la competencia de los tribunales. Son los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el cual el niño tiene su residencia habitual los que deberían ser competentes en primer lugar, excepto en ciertos casos de cambio de residencia del niño o en caso de acuerdo entre los titulares de la responsabilidad parental.
En determinadas circunstancias, un tribunal puede tener competencias para examinar una cuestión relativa a la responsabilidad parental cuando haya sido aceptada por los cónyuges o responsables, y sea en interés del menor.
Los ministros lograron hoy además estipular las relaciones entre esta norma con el Convenio de la Haya de 1980 relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional o de retención ilícita de menores.
A este respecto, España todavía tiene ciertos reparos debido a un conflicto con Gibraltar respecto a la autoridad competente para la necesaria ratificación del Convenio de la Haya.
Por otra parte, el Reglamento prevé que las resoluciones sobre derecho de visita y a la restitución del menor que hayan sido certificadas en el Estado miembro de origen deben ser reconocidas y gozar de fuerza ejecutiva en todos los demás Estados miembros, sin necesidad de procedimiento adicional alguno.
Lo mismo ocurre con las sentencias sobre tutela o colocación del niño en una familia de acogida o en un establecimiento.
El texto subraya que en caso de traslado o retención ilícitos de un menor, es importante que su restitución se produzca sin demora.
Con todo, en casos concretos y debidamente justificados, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro al que haya sido trasladado o en el que esté siendo retenido ilícitamente el menor pueden oponerse a su restitución.
Aunque en los asuntos de Justicia e Interior Irlanda y el Reino Unido tienen una excepción, han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la propuesta, mientras que Dinamarca se mantendrá al margen.
La responsabilidad parental están concebidas en función del interés superior del niño, y en particular, en función del criterio de proximidad del lugar de residencia del menor.
Asimismo, tiene en cuenta de forma importante la audiencia del menor y pretende facilitar la solución amistosa de conflictos familiares.
De este modo, permitirá aclarar los casos en los que exista un litigio entre los progenitores a propósito de la administración de los bienes del niño. No regula en cambio, asuntos relativos a la seguridad social, obligaciones alimentarias, educación y salud ni infracciones penales cometidas por menores.
El ministro italiano de Justicia, Roberto Castelli, que ostenta la presidencia del Consejo este semestre, destacó en rueda de prensa "el gran paso adelante" que supone este Reglamento en una "materia delicada que tiene grandes consecuencias en materia de familia y matrimonios entre diferentes nacionalidades".
Por su parte, el comisario de Justicia e Interior, Antonio Vitorino, indicó que "estas disposiciones terminan con los procedimientos intermedios para la ejecución de las sentencias", lo que facilitará su aplicación en cualquier Estado miembro.
CONFLICTOS DE COMPETENCIAS
Por otra parte, el Reglamento especifica las cuestiones relativas a la competencia de los tribunales. Son los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el cual el niño tiene su residencia habitual los que deberían ser competentes en primer lugar, excepto en ciertos casos de cambio de residencia del niño o en caso de acuerdo entre los titulares de la responsabilidad parental.
En determinadas circunstancias, un tribunal puede tener competencias para examinar una cuestión relativa a la responsabilidad parental cuando haya sido aceptada por los cónyuges o responsables, y sea en interés del menor.
Los ministros lograron hoy además estipular las relaciones entre esta norma con el Convenio de la Haya de 1980 relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional o de retención ilícita de menores.
A este respecto, España todavía tiene ciertos reparos debido a un conflicto con Gibraltar respecto a la autoridad competente para la necesaria ratificación del Convenio de la Haya.
Por otra parte, el Reglamento prevé que las resoluciones sobre derecho de visita y a la restitución del menor que hayan sido certificadas en el Estado miembro de origen deben ser reconocidas y gozar de fuerza ejecutiva en todos los demás Estados miembros, sin necesidad de procedimiento adicional alguno.
Lo mismo ocurre con las sentencias sobre tutela o colocación del niño en una familia de acogida o en un establecimiento.
El texto subraya que en caso de traslado o retención ilícitos de un menor, es importante que su restitución se produzca sin demora.
Con todo, en casos concretos y debidamente justificados, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro al que haya sido trasladado o en el que esté siendo retenido ilícitamente el menor pueden oponerse a su restitución.
Aunque en los asuntos de Justicia e Interior Irlanda y el Reino Unido tienen una excepción, han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la propuesta, mientras que Dinamarca se mantendrá al margen.